POR OCTAVIO QUINTERO
Retumbó en el balcón de la Casa de Nariño (despacho de los presidentes de Colombia), dentro de los muchos mandobles a la oposición y advertencias al pueblo, cargadas de energía política, económica y social, ésta frase, que el presidente Gustavo Petro dirigió al pueblo, en clave de SOS del cambio: “No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos ante la jauría de los privilegiados”.
El discurso del Presidente, en el Día Internacional de los Trabajadores, cargó duro contra el statu quo y los partidos políticos; y ‘al hígado’ contra el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, a quien acusó de haberse prestado a la presión de los bancos para tratar de hundir en el Congreso la reforma a la salud, riesgo que por demás, aún subsiste.
Al pueblo, simbolizado en la Plaza de Armas, especie de antejardín de la casa presidencial, le advirtió:
“En este momento no podemos retroceder… Dejar perder el impulso de los millones de colombianos y colombianas que fueron a las urnas a cambiar a Colombia, y que hoy por falta de movilización y conciencia (ciudadana) dejemos solas las grandes reformas, para que sean tramitadas por quienes siempre se han opuesto a ellas, sería una pérdida de tiempo histórico terrible”.
Los medios, casi todos, tanto tradicionales como emergentes y alternativos, centraron sus informaciones, editoriales y columnas, en considerar el discurso de “agresivo y polarizador”, inclusive tacharlo de democracia plebiscitaria, “que desafía la paz, la institucionalidad y atemoriza al país”.
Vea, pues: los que urden un golpe blando contra Petro, desafiando la institucionalidad, consideran “agresiva” su natural defensa; y, los mismos que hicieron emberracar a la gente para que votara NO al plebiscito por la paz (2016), y mantuvieron en ascuas al país durante cuatro años (2018-2022) tratando de hacerla trizas, ahora vienen a acusar a Petro de polarizar lo ya polarizado por ellos. Inclusive el término ‘democracia plebiscitaria’ conlleva una carga conceptual de dictadura, desde que Max Weber, uno de los sociólogos más influyentes de la historia, la definió como vulnerable a la manipulación de líderes populistas. Los estudios y análisis pos-Weber han revalorizado la democracia de plebiscito o referéndum, a tal punto, que los países más democráticos, en el índice global, como los nórdicos, confían las cuestiones más sensibles a la sociedad a la decisión popular de las urnas. Otro ejemplo, por demás paradójico, es China, país en el que el Partido Comunista desempeña un papel dominante en la política, y el gobierno ejerce un control estricto sobre la libertad de expresión, sin embargo, fueron las protestas callejeras (democracia directa informal), de finales de año, que obligaron al régimen a levantar sus medidas imperativas sobre “cero covid”.
Si la vulnerabilidad de la democracia plebiscitaria fuera causal de invalidez, habría que descartar, entonces, la democracia en sí misma, porque las manos invisibles que manipulan sus resultados, de muchas maneras, son evidentes.
Es más: ¿qué será lo que no es vulnerable en la vida? A propósito, la vulnerabilidad de la inteligencia artificial, la mayor proeza de la inteligencia humana, es la causa principal que lleva a pedir una pausa en su desarrollo, entre otras muchas razones, por la manipulación que puede provocar en la democracia misma.
Es que la lectura que hacen los medios de prensa de los discursos y pronunciamientos de Petro es demasiado subjetiva y “cizañera”, a tal punto, que introducen cierta interpretación ambivalente a la democracia: la mitad+1, fundamento universal de la democracia, es mandato imperativo, si la balanza se carga a la derecha; y de consenso, si se carga a la izquierda.
El debate político-financiero, que no racional-social, sobre la reforma al sistema de salud, llevó a la derecha, camuflada en todos los partidos y movimientos políticos con representación legislativa, a exigirle al gobierno la perentoria condición de aceptar todas sus propuestas a condición de su apoyo; como algunas no fueron tenidas en cuenta, no solo le retiraron su respaldo al proyecto de ley (PL), sino que ordenaron a sus legisladores hundirlo… Una representante liberal, María Eugenia Lopera, se rebeló contra el jefe, expresidente César Gaviria, y salvó el PL.
La especie de consenso obligado que le quisieron imponer al presidente Petro, falló, y ahora la oposición agita en las redes sociales y, por supuesto, en sus medios de prensa, esta curiosa reflexión: “Para gobernar se necesita flexibilidad programática; o esta otra, acuñada como respuesta a la crisis ministerial que le llevó a quitar del camino a ciertas ‘mulas muertas’: “Petro ha escogido mandar antes que gobernar”. Y a pesar de que Petro les entregó la cabeza de su aguerrida ministra de Salud, Carolina Corcho, siguen culpándola de haber creado un ambiente tóxico y arrogante alrededor de la reforma. Toda su oposición se reduce, eso está más que demostrado, a ver si pueden preservar el pingüe negocio financiero de las controvertidas EPS (Empresas Promotoras de Salud) que manejan alrededor de 80 billones de pesos anuales, casi 18.000 millones de dólares, que destina el Estado a financiar el sistema sanitario nacional.
No solo el expresidente Gaviria es proclive, en este caso concreto, a la presión de los bancos. Lo son, también, los directores de los partidos Conservador (senador, Efraín Cepeda) y de la U (exsenadora, Dilian Francisca Toro), amén de los muchos legisladores que han reconocido recibir aportes para sus campañas de las EPS.
Finalizando este artículo se produjo un rudo encontrón entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, que hace evidente su llamado a no dejarlo solo “ante la jauría de los privilegiados”. Días antes le había pedido al Fiscal, mayor diligencia en la investigación de eventuales complicidades de fiscales con el grupo criminal denominado Clan del Golfo. El Fiscal, reaccionó a este pedido diciendo que él no era subalterno del Presidente, acusándole de interferir en la independencia de la rama judicial… Ahí empezó la mayor tensión que presidente alguno haya tenido con un Fiscal General.
Fue clara la carga que desplegaron contra el Presidente los medios de comunicación, concediéndole espacio sin límites a sus detractores, que animaron tanto al Fiscal General, hasta coronar sus ataques tildando a Petro de “dictador”. Y sobre esta desbocada, proveniente nada más que del jefe del sistema acusatorio del país, la Corte Suprema de Justicia, que había hecho pública una declaración amonestando a Petro, no dijo ni mu.
La gota que rebosó el vaso fue que el Presidente dijo que él, como jefe de Estado, era el jefe (natural) del fiscal Barbosa. Ese desliz, si se quiere, lo magnificaron los medios, y en su desarrollo, llevó al propio Fiscal a sacar a su familia más cercana del país, ante supuesto riesgo letal. Inclusive anunció demandar al Presidente ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Quién sabe cómo va a argumentar el cargo contra el Presidente, porque, como puede deducirse sin mucho esfuerzo mental, el ardoroso debate montado por la oposición, con clara anuencia de los medios de prensa, versa solo en la interpretación semántica del artículo 115 de la Constitución, que confiere al Presidente de Colombia la dignidad de “Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”; y al Fiscal General, le señala la función de “suministrar al Gobierno (su jefe) información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público” (artículo 251.6).
“Semántica y Derecho”, es el título del artículo publicado en 1985 por la revista de filología, Universitas Tarraconensis, que recoge el pasaje de la gran lucha que libró Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática del castellano publicada en 1492, contra la ignorancia gramatical de los juristas de su época… cuando vieron que el gran gramático, sin salirse de su profesión, les probaba que no entendían sus propios códigos, lo hicieron encarcelar de la Inquisición. Entonces lanzó contra sus detractores su Iuris civilis lexicón, en el que advertía en el prólogo: “… Escribo de temas relacionados con esta despreciable turba de hombres que, aparentando tener una profunda ciencia, asesoran a los demás en cuestiones de leyes, ejercen la judicatura, e incluso desempeñan cargos de mando… Más tengo un modo de librarme de sus ataques… trataré las cuestiones relativas al derecho, no como jurisperito, sino como gramático”.
Conclusión. 1) -Bueno es precisar, que si el Presidente es “la suprema autoridad administrativa”, y la rama judicial hace parte de la administración, aunque sea independiente, entonces, el Presidente está por encima de todos los funcionarios públicos, por eso mismo, se le designa y conoce popularmente como primer magistrado de la nación; 2) El Presidente es “Jefe de Estado (y) Jefe del Gobierno”. El término ‘jefe’ no significa ‘mandar’, como vulgarmente se interpreta, sino cabeza, vale decir, el que encabeza una corporación, partido u oficio, dice la RAE, o un desfile, digo yo.
En sentido semántico, el Presidente de la República, sí es el jefe de todos los funcionarios públicos, no para “echarlos”, como interpreta el Fiscal, sino como cabeza de la burocracia estatal.
Fin de folio.- en Colombia toda la tierra es expropiable en favor de grandes contratistas del Estado, pero cuando es en beneficio de campesinos, no.
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