POR JULIO TURRA*
Respeto a la soberanía de la nación venezolana en la decisión de su destino.
No fue necesario esperar ni una semana, sino apenas cuatro días, para que el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Anthony Blinken, “resolviera” la polémica por los resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio en Venezuela.
El 1 de agosto, desde su oficina en Washington, Blinken declaró electo presidente de Venezuela a Edmundo Gonzáles, títere de la ultraderechista María Corina Machado, basándose en investigaciones, proyecciones y datos difundidos por la oposición en un sitio web.
Esta posición del imperialismo norteamericano, además de su habitual arrogancia, aclara lo que está en juego en el país vecino: la inaceptable injerencia de EE.UU., antes, durante y después de las elecciones presidenciales, en asuntos que atañen a la soberanía del pueblo venezolano. . Lo que es también una advertencia para todos los países latinoamericanos, tratados por Washington como su “patio trasero”.
Recordemos que es el mismo EE.UU. que aplicó una política de sanciones y bloqueo a Venezuela, con más de 900 medidas económicas, comerciales, diplomáticas y militares, la mayoría de las cuales aún hoy siguen vigentes, en las que fueron acompañadas por la Unión Europea. Gobiernos sindicales y de derecha en la región. Un bloqueo que, en definitiva, es el principal responsable del agravamiento de la crisis económica en Venezuela, que ha provocado el éxodo de más de siete millones de sus ciudadanos en los últimos años.
La política regresiva de Maduro –en relación a los avances y logros obtenidos durante los años del gobierno de Hugo Chávez– de privatización de empresas que habían sido nacionalizadas, ataques recurrentes a la Ley Orgánica del Trabajo (LOTT), represión al movimiento sindical y Las detenciones de dirigentes, como han denunciado varios sectores de la izquierda venezolana desde al menos 2015, crearon confusión entre los sectores populares y pueden haber desplazado a una parte de los votantes hacia la oposición.
Pero en el momento actual, nada es más importante que rechazar completamente la intromisión de Estados Unidos, que va acompañada de gobiernos latinoamericanos de derecha y extrema derecha –como los de Perú, Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica– en asuntos que conciernen a Sólo el pueblo de Venezuela.
Resultados electorales y manifestaciones masivas
El resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la madrugada del 29 de julio, con el 80 % de los votos, fue reafirmado por un segundo boletín emitido el 1 de agosto con el 97% de los votos escrutados, atribuyendo el 51,2 % a Maduro y 43 % a Edmundo González, aún sin detalles de su distribución (las famosas actas).
Es perfectamente legítimo que se exija al CNE que publique detalladamente todos los datos de las papeletas que obran en su poder. Legalmente tiene hasta 30 días después de las elecciones para hacerlo y el retraso actual estaría vinculado, según el CNE y el gobierno, a un ataque de “hackers” al sistema electoral.
Ante esta situación, Maduro apeló al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que este organismo realice una auditoría completa de los votos a partir de las actas presentadas por los 10 candidatos y 38 partidos que participaron en las elecciones del 28 de julio. El único que no se presentó en el TSJ para responder a esta propuesta fue Edmundo Gonzáles, presidente “autoproclamado” por María Corina y reconocido como tal por el gobierno estadounidense.
Los gobiernos de Brasil, México y Colombia, que se presentan como mediadores para una salida venezolana a la crisis, criticaron la intromisión estadounidense que dificulta ese camino y mantuvieron su pedido de publicación de datos electorales completos por parte del CNE. Una postura que también mantiene la Unión Europea, que hasta el momento no ha seguido a EE.UU. en reconocer a González como presidente electo.
En cuanto a la violencia en las manifestaciones convocadas por la oposición desde el 29 de julio, gran parte se refiere a ataques a sedes y militantes del PSUV, instalaciones gubernamentales y servicios públicos, recordando las “guarimbas” promovidas por la derecha opositora en 2017, que fueron duramente reprimidas por el gobierno, que publica la cifra de más de mil detenidos y 12 muertos.
El sábado 3 de agosto, tanto la oposición liderada por María Corina como el gobierno de Maduro convocaron a manifestaciones masivas en todo el país. Curiosamente, al principal acto opositor, celebrado en un barrio rico de Caracas (Las Mercedes), no asistió el “Presidente electo” Edmundo González.
Las manifestaciones pro Maduro fueron mucho más numerosas que las de la oposición, demostrando que la defensa de la soberanía nacional, a pesar de lo que se pueda pensar del actual gobierno venezolano, es el tema central para la mayoría del pueblo y la clase trabajadora, incluso para sus se pueden satisfacer las demandas.
En este momento crucial, todas las fuerzas antiimperialistas que defienden la soberanía del pueblo, independientemente de la opinión que puedan tener sobre las políticas de Maduro, deben estar al lado de la nación venezolana, su gobierno y sus instituciones, contra la injerencia del imperialismo estadounidense.
*Director ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Brasil.
