POR CARMEN PAREJO RENDÓN
«La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas. Allí estaba José Arcadio Segundo, el día en que se anunció que el ejército había sido encargado de restablecer el orden público. Aunque no era hombre de presagios, la noticia fue para él como un anuncio de la muerte, que había esperado desde la mañana distante en que el coronel Gerineldo Márquez le permitió ver un fusilamiento». Así relata Gabriel García Márquez la masacre de las bananeras en ‘Cien años de soledad’. El 6 de diciembre de 1928, el Ejército colombiano derramó la sangre de su propio pueblo en defensa de los intereses de la multinacional estadounidense United Fruit Company.
«Las bananeras es tal vez el recuerdo más antiguo que tengo», confesaba el fallecido premio Nobel colombiano, tras afirmar que para su libro llevó a cabo una investigación con el objetivo de precisar el alcance de aquella masacre, convertida en leyenda por la historiografía oficial, y que, sin embargo, es clave para comprender la historia colombiana más allá de este terrible suceso.
Sin embargo, no solo las grandes multinacionales agrícolas del vecino del norte se han impuesto en Colombia a sangre y fuego, el vínculo entre expolio, subdesarrollo y violencia se ha ejercido a todos los niveles y en todos los sectores económicos durante décadas.
El 19 de agosto de 2022, la Fiscalía colombiana admitió a Sintramienergética (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética) como parte civil dentro del proceso penal contra la multinacional estadounidense Drummond, por actos de violencia antisindical que constituyen delitos de lesa humanidad.
En la documentación aportada para esta causa, se detalla la responsabilidad de la multinacional en la financiación del paramilitarismo en el corredor minero del Cesar y Magdalena, y denuncia el presunto pago a miembros del Ejército colombiano para ejercer violencia contra líderes sindicales. Como resultado de estos hechos, precisan las investigaciones, fueron asesinados los dirigentes gremiales Cándido Méndez (19 de febrero de 2001), Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita (12 de marzo de 2001), y Gustavo Soler (12 de octubre de 2001).
Además, el abuso y el expolio sobre Colombia, también se escenifica a través de nuevos métodos como el Tratado de Libre Comercio (TLC), en vigor desde 2012, que ha contribuido de forma significativa a esta estructura de saqueo y despojo.
Por un lado, se ha producido una crisis profunda en el sector agrícola. Los productos estadounidenses han irrumpido en el mercado colombiano, favorecidos por los subsidios que reciben en su país de origen, y que les permiten bajar sus precios en mercado. Este escenario ha provocado que los productores locales no puedan competir en igualdad de condiciones, lo que ha conllevado el cierre de explotaciones locales y el aumento del desempleo, una realidad que impacta directamente en las migraciones rurales hacia las áreas urbanas, bajo condiciones de extrema necesidad.
Este tipo de acuerdos aumentan la dependencia económica del país sudamericano, subordinándolo aún más a las importaciones e inversión extranjera, mientras se debilita su economía interna.
Este Tratado, además, impone a Colombia extender la protección de patentes farmacéuticas, retrasando la producción de medicamentos genéricos más baratos, lo que también encarece los tratamientos médicos esenciales.
Esta pauta se manifestó en el año 2016, cuando el gobierno colombiano pretendía declarar el fármaco Imatinib (que sirve para tratar ciertos tipos de cáncer como la leucemia) como de «interés público», con la intención de reducir su precio elevado debido a la patente de Novartis.
Finalmente, el gobierno colombiano logró reducir el costo del fármaco, pero las presiones de EE.UU., que condicionaban esta decisión a la ayuda económica a Colombia, impidieron poder romper con la patente y por la tanto facilitar la creación de genéricos más baratos y de producción interna.
El TLC también afectó a la soberanía alimentaria, ya qe es también una advertencia para todos los países latinoamericanos, tratados por Washington como su “patio trasero”.
Recordemos que es el mismo EE.UU. que aplicó una política de sanciones y bloqueo a Venezuela, con más de 900 medidas económicas, comerciales, diplomáticas y militares, la mayoría de las cuales aún hoy siguen vigentes, en las que fueron acompañadas por la Unión Europea. Gobiernos sindicales y de derecha en la región. Un bloqueo que, en definitiva, es el principal responsable del agravamiento de la crisis económica en Venezuela, que ha provocado el éxodo de más de siete millones de sus ciudadanos en los últimos años.
La política regresiva de Maduro –en relación a los avances y logros obtenidos durante los años del gobierno de Hugo Chávez– de privatización de empresas que habían sido nacionalizadas, ataques recurrentes a la Ley Orgánica del Trabajo (LOTT), represión al movimiento sindical y Las detenciones de dirigentes, como han denunciado varios sectores de la izquierda venezolana desde al menos 2015, crearon confusión entre los sectores populares y pueden haber desplazado a una parte de los votantes hacia la oposición.
Pero en el momento actual, nada es más importante que rechazar completamente la intromisión de Estados Unidos, que va acompañada de gobiernos latinoamericanos de derecha y extrema derecha –como los de Perú, Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica– en asuntos que conciernen a Sólo el pueblo de Venezuela.
Resultados electorales y manifestaciones masivas
El resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la madrugada del 29 de julio, con el 80 % de los votos, fue reafirmado por un segundo boletín emitido el 1 de agosto con el 97% de los votos escrutados, atribuyendo el 51,2 % a Maduro y 43 % a Edmundo González, aún sin detalles de su distribución (las famosas actas).
Es perfectamente legítimo que se exija al CNE que publique detalladamente todos los datos de las papeletas que obran en su poder. Legalmente tiene hasta 30 días después de las elecciones para hacerlo y el retraso actual estaría vinculado, según el CNE y el gobierno, a un ataque de “hackers” al sistema electoral.
Ante esta situación, Maduro apeló al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que este organismo realice una auditoría completa de los votos a partir de las actas presentadas por los 10 candidatos y 38 partidos que participaron en las elecciones del 28 de julio. El único que no se presentó en el TSJ para responder a esta propuesta fue Edmundo Gonzáles, presidente “autoproclamado” por María Corina y reconocido como tal por el gobierno estadounidense.
Los gobiernos de Brasil, México y Colombia, que se presentan como mediadores para una salida venezolana a la crisis, criticaron la intromisión estadounidense que dificulta ese camino y mantuvieron su pedido de publicación de datos electorales completos por parte del CNE. Una postura que también mantiene la Unión Europea, que hasta el momento no ha seguido a EE.UU. en reconocer a González como presidente electo.
En cuanto a la violencia en las manifestaciones convocadas por la oposición desde el 29 de julio, gran parte se refiere a ataques a sedes y militantes del PSUV, instalaciones gubernamentales y servicios públicos, recordando las “guarimbas” promovidas por la derecha opositora en 2017, que fueron duramente reprimidas por el gobierno, que publica la cifra de más de mil detenidos y 12 muertos.
El sábado 3 de agosto, tanto la oposición liderada por María Corina como el gobierno de Maduro convocaron a manifestaciones masivas en todo el país. Curiosamente, al principal acto opositor, celebrado en un barrio rico de Caracas (Las Mercedes), no asistió el “Presidente electo” Edmundo González.
Las manifestaciones pro Maduro fueron mucho más numerosas que las de la oposición, demostrando que la defensa de la soberanía nacional, a pesar de lo que se pueda pensar del actual gobierno venezolano, es el tema central para la mayoría del pueblo y la clase trabajadora, incluso para sus se pueden satisfacer las demandas.
En este momento crucial, todas las fuerzas antiimperialistas que defienden la soberanía del pueblo, independientemente de la opinión que puedan tener sobre las políticas de Maduro, deben estar al lado de la nación venezolana, su gobierno y sus instituciones, contra la injerencia del imperialismo estadounidense.
*Director ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Brasil.
