POR CAROLINA CORCHO MEJÍA
El pasado 2 de abril la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, por una reforma estructural al sistema de salud, la Cumbre Social y Política por una Reforma Estructural del Sistema de Salud y el Proyecto Ciudadano: ¿Dónde está la plata? presentaron un informe de análisis de los estados financieros de 8 EPS mediante una auditoría a las mismas que permite hacer el seguimiento al ingreso y gastos de las entidades desde el 2020 y al cierre de la vigencia de 2023, haciendo un simple arqueo de caja se encuentran inconsistencias, se encuentran 13, 2 billones de pesos que de acuerdo a los estados financieros de las propias EPS no se encuentran ni en costos de pagos por prestación de servicios de salud, ni invertidos en reservas técnicas, ni en caja. Aquí se presenta un ejemplo de cómo se realizó el ejercicio de arqueo de caja:
Lo que demuestra este ejemplo es que los ingresos de la EPS, que en sus estados financieros muestran son para las vigencias analizadas de 16, 8 billones y el total de pagos realizados son de 15, 3 billones, sin embargo, en caja solo se tienen 501 mil millones, la diferencia de 982 mil millones es lo que no encuentra en los estados financieros. ¿Dónde está esa plata?. Al hacer este análisis para 7 EPS más, estos son los resultados (Tabla2).
Queda claro en este análisis que contrario a lo que afirman las EPS y sus gremios, los recursos públicos de la salud no son insuficientes, les ingresa más de lo que gastan, y se desconoce la destinación de un monto importante. Se está adelantando una nueva investigación de los datos respecto a la EPS Sanitas, que de manera extraña modificaron en diciembre del año 2023 el patrón de registro contable, esto se dio después de que la Contraloría General de la República ratificara el déficit de reservas técnicas de 17 EPS analizadas, correspondiente a 12,4 billones de pesos.
De otro lado el informe, cuya fuente son los estados financieros de las EPS en las vigencias 2020 a 2023 radicadas por estas entidades en los formatos oficiales de la Supersalud FT001 y FT005, y por las IPS (Prestadores de servicios de salud), se encontró que en cuanto a la integración vertical para el año 2021 de un total de 11.370 IPS registradas, 537 concentraban el 81% de todo el gasto en salud que equivale a 60,5 billones, para el 2023 ya eran 309 que concentraban el 76% del gasto total en salud correspondiente a 64,8 billones. Entre las que más ingresos tienen, es decir que tienen una facturación que supera los 800 mil millones al año son las que son de propiedad de la EPS Sanitas, Sura y Salud Total, esto se suma a la revisión que presenta el informe de presuntos sobrecostos de medicamentos, en donde por ejemplo la unidad de Losartan pasó de costar 76$ en el 2019 a 1.117$ en el 2021, para la insulina Garglina llama la atención que de 3,8 millones de atenciones en el 2019 pasaron a 12,2 millones de atenciones en el 2021. Se debe tener en cuenta que en Colombia no existe una regulación tarifaria en el sistema de salud, entonces las EPS pueden contratar con sus propias clínicas para pagarse a sí mismas lo que consideren, es una manera que la plata pueda salir por la puerta de atrás del sistema. La reforma a la salud que fue hundida por 9 senadores y senadoras de la Comisión séptima corregía esa distorsión perversa del sistema.
En el análisis del direccionamiento de recursos a prestadores por parte de las EPS, llama la atención el hallazgo en la Nueva EPS, en el cual para el 2020 se encuentran giros por 541 mil millones a uniones temporales y en el 2023 por 750 mil millones, queda la pregunta, por el manejo histórico que esta EPS ha tenido por parte de la clase política tradicional, ¿si no serán estas uniones temporales la manera como se han enriquecido algunos de estos sectores políticos?
Este informe fue presentado a la opinión pública el pasado 2 de abril y se compulsaron copias a la Contraloría General de la República, que está en mora de presentar el resultado de investigaciones sobre integración vertical, manejo de recursos de la pandemia y reservas técnicas que había prometido presentar la primera semana de marzo, también se envió una alerta ciudadana a la Corte Constitucional, y a todos los organismos para que realicen las investigaciones que son de su competencia. A las mayorías de la Comisión séptima del Senado de la República, no pareció importarles esta situación, pues al día siguiente de la presentación del informe procedieron a hundir con 9 votos contra 5, la reforma a la salud que tenía instrumentos para superar estos posibles casos de corrupción en el sistema, que había acumulado un esfuerzo de concertación de mas de casi una década con diversas organizaciones de la sociedad civil y más de un año con los partidos políticos al interior del Congreso de la República, un acto indolente e irresponsable con el país y con el sector salud. Se quedan estos 9 senadores con el INRI de posibilitar que la crisis financiera y humanitaria de más de una década de la salud, continúe su curso. ¡Qué indolencia y mezquindad!
Revista Sur, Bogotá.
