POR JOSÉ ARNULFO BAYONA*
“Yo jamás en mi vida he cometido un acto de corrupción, jamás he sido parte de sobornos, siempre he actuado dándole la cara al país”. (Óscar Iván Zuluaga en debate promovido por el entonces senador Gustavo Petro sobre ingreso de dineros ilícitos a campañas presidenciales en 2014).
Tal parece que las campañas del expresidente Uribe, de los congresistas de su cuestionado partido y de sus aliados (cómplices) de los partidos de la derecha, han sido presuntamente financiadas con dineros de las mafias del narcotráfico, de los clanes políticos regionales (los Char, los Gnecco, los Gerlein, los Aguilar…) del capital extranjero, (Odebrecht, Pacific Rubiales, etc.) y apalancadas por las balas de los paramilitares (declaraciones de Salvatore Mancuso). Lo propio ha ocurrido, presumiblemente, con las campañas de los candidatos presidenciales que él designó para que lo sucedieran, Juan Manuel Santos (primer periodo 2010-2014), Óscar Iván Zuluaga (derrotado por Santos, segundo periodo 2014-2018) e Iván Duque Márquez (compra de votos con dineros de la mafia, Ñeñe Hernández, Macos Figueroa y de los mismos clanes de siempre 2018–2022). Lo propio ha ocurrido con gobernadores, alcaldes, diputados y concejales de todo el país en las últimas décadas.
En este contexto de podredumbre política, que se extendió por todo el territorio nacional, a punta de terror, corrupción y balas, para mantener en el poder a las oligarquías nacionales, sostener el régimen autoritario y genocida del uribato e imponer el inhumano modelo neoliberal, se inscribe el reciente destape del escándalo por el ingreso de US$1.600.00 aportados por la multinacional Odebrecht a la campaña del candidato presidencial uribista, Óscar Iván Zuluaga.
Hay que aclarar que se destapó lo que ya era vox populi desde año 2014, gracias al debate sobre esta putrefacta práctica, adelantado por el entonces senador Gustavo Petro y, a las denuncias de los partidos de izquierda, intelectuales, investigadores del pensamiento crítico y las redes sociales, denuncias que involucraron también al presidente Juan Manuel Santos (2014), a quien le costó la condena del gerente de su campaña, Roberto Prieto, a 12 años de inhabilidad, “por no haber ingresado a las cuentas, ni reportado al CNE el ingreso de US$1.000.000 aportados por Odebrecht” (tomado de la sentencia respectiva).
El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la presidencia del actual registrador nacional, Alexander Vega y mediante ponencia presentada por el entonces magistrado de dicha corporación, Carlos Camargo Assis, actual defensor del Pueblo, había cerrado la investigación contra Óscar Iván Zuluaga. Con esta pútrida maniobra, creyeron sepultado para siempre el caso de los dos corrompidos candidatos que disputaron la Presidencia de la República en 2014, porque el caso supuestamente había quedado en tablas, como les propuso el presidente del CNE. Pero, cuando menos lo esperaban, la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense (FBI), que investiga las prácticas de sobornos de Odebrecht a gobiernos de América Latina, debidamente informado por el exsenador uribista, Otto Bula, quien disfrutaba del principio de oportunidad y de las millonarias coimas que le había entregado la multinacional, decidió continuar la investigación que adelanta contra las de esta criminal empresa brasileña en América Latina y, para tal fin, anunció que enviará sus investigadores a Colombia para avanzar en el esclarecimiento de los sobornos repartidos con el fin de hacerse al contrato de la Ruta del Sol.
El delincuente uribista, Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías y de Coldeportes del gobierno de Uribe, destituido e inhabilitado por la Procuraduría por 12 años, quien se había convertido en el hombre de Odebrecht a sueldo, para el contacto con el gobierno del patrón del mal (registró 44 visitas al Palacio de Nariño (no sería para tomar café con el presidente Uribe) en la búsqueda del contrato de la mencionada ruta, excluido por el Centro Democrático de la lista al Senado, fungiendo como director político de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, propició las reuniones con altos directivos de Odebrecht en las que consiguieron que la multinacional se comprometiera a pagar directamente al publicista Duda Mendoça la suma de US$1.600.000, dineros que no fueron registrados como ingreso a la campaña por el gerente de la misma; es decir, por su hijo, el doctorado en Harvard, David Zuluaga Martínez.
Atrapado y sin salida, García Arizabaleta, que primero había declarado ante los agentes federales del FBI, quienes posteriormente notificaron a la Fiscalía de Colombia, ante la inminencia de ser imputado por enriquecimiento ilícito, hizo uso delas conversaciones sostenidas con Zuluaga, previamente grabadas por él. Dichas grabaciones fueron entregadas primero al FBI, para acudir a la Fiscalía con intención de acogerse al principio de oportunidad, que le fue concedido por un juez a cambio de ser “testigo directo del conocimiento que tenía el indiciado (Óscar Iván Zuluaga) que a su campaña política para la Presidencia para el periodo 2014 –2018, ingresaron dineros de la multinacional Odebrecht” (informe de Fiscalía).
En las grabaciones difundidas por la revista Semana, el excandidato le comenta a Daniel García que le confesó todo al padre Arturo, su consejero espiritual, “le conté la verdad de las cosas”. García le pregunta “¿le contó toda la historia?” Le respondió afirmativamente: “Le dije: Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga que debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe católica. Le dije, Padre, aquí hay un secreto que hemos tenido con Daniel y con mi hijo, un secreto de sangre que hemos compartido”.
Así se destapó la olla podrida, que mantuvieron tapada durante nueve años la Fiscalía General, el CNE, los medios de comunicación masiva, los candidatos, Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, la pandilla del partido Centro Democrático y su narco-para-jefe, los partidos aliados del uribato, Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical, etc., el staff de sus respectivas campañas, los gerentes Prieto de Santos y David Zuluaga Martínez. La “gran investigación” de la revista Semana, probablemente consistió en divulgar los audios filtrados por la Fiscalía, seguramente, para luego anunciar que, ante las nuevas evidencias, imputarían al excandidato Zuluaga.
Una imputación amañada
La Fiscalía realizó la audiencia de imputación de cargos a Óscar Iván Zuluaga “por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular”; lo califica de autor y único responsable del delito y lo acusa de haber instrumentalizado a su hijo para que cometiera el ilícito, quien fue señalado de autor mediato, es decir, manipulado, y en esa calidad, lo imputa por fraude procesal, justificado porque, después de haberse enterado, tanto en 2014, como en 2017, no informó a la justicia sobre el fraude y tampoco corrigió “la información de su actuación” (audiencia de imputación). Resulta inverosímil que un doctorado en Harvard, pueda actuar inconscientemente de idiota útil de los delitos de su padre.
La imputación de la Fiscalía a Óscar Zuluaga es tan engañosa, que, después de ser instruidos por la juez sobre las evidencias, tanto el padre como el hijo respondieron que no aceptaban los cargos, con lo cual quedó abierta la posibilidad de que, en el curso del proceso, el excandidato uribista acepte los cargos y haga un preacuerdo para obtener una rebaja considerable de la pena, que su hijo quede libre de responsabilidad y sus cómplices continúen en el deleite de su impunidad.
La Fiscalía pretende juzgar a Zuluaga como único responsable de la financiación ilegal de su campaña, exonerar a su hijo de responsabilidad y eximir a los demás implicados en la comisión del delito. Porque, la verdad sea dicha, nadie va a ser tan ingenuo de aceptar que Zuluaga actuó sólo y a espaldas de su jefe político, o que Iván Duque acompañó a Zuluaga a la reunión con Odebrecht en Brasil, en la que acordaron la cifra de US$1.600.000, pero que no se enteró del acuerdo porque en ese momento le dieron ganas de ir al baño, o que los miembros de campaña no fueron enterados por Zuluaga de sus torcidos con Odebrecht. Se necesita sufrir un alto grado de idiotez para aceptar que Alexander Vega y Carlos Camargo Assis actuaron en derecho y de buena fe.
El pueblo colombiano debe exigir que la justicia investigue y desentrañe toda la verdad sobre las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, que llame a juicio y castigue a todos los implicados. Que el registrador nacional, Alexander Vega y el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, sean juzgados y condenados por haber cerrado el caso, a sabiendas de que candidatos y miembros de sus equipos de campaña eran culpables y que se les exija la renuncia inmediata de sus actuales cargos porque carecen de calidades morales para ocupar tan altas dignidades.
El esclarecimiento de la verdad y el castigo a los culpables del delito, debe servir para descubrir la verdad absoluta sobre el caso de corrupción a los altos funcionarios del Estado por parte de Odebrecht, así como sobre el rol del corrupto exfiscal Néstor Humberto Martínez y del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del grupo Aval y socio de Odebrecht en el mega negocio de la Ruta del Sol, adjudicado por el expresidente Uribe. Razón tuvo el señor Marcelo Odebrecht al afirmar, cuando se refería al Presidente y su cúpula de gobierno: “Yo jamás corrompí a nadie en Colombia, cuando los conocí, todos ellos, ya eran corruptos y delincuentes con poder político” (Noticias Uno).
El FBI, en el mes de agosto enviará a Colombia nuevamente una comisión especializada en corrupción internacional, cuenta con nueva información y nuevos testigos por contactar. Ya hay testigos alistando acuerdos con los investigadores del FBI, informó recientemente la W Radio. Debemos exigir que la justicia colombiana abandone su situación de minusvalía y que juzgue, falle y condene a los culpables, antes de que la justicia gringa los reclame en extradición.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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