POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
“Poderosos Caballero es don dinero”.
– Francisco de Quevedo
El escándalo de moda, que se escapó de los polvorientos anaqueles de la Fiscalía General y del sistema de justicia colombiano, que saltó el cerco del silencio impuesto durante décadas por los medios corporativos y rompió el velo encubridor de los secretos de las altas cumbres del poder económico, político y militar colombiano, se encuentra hoy instalado en el debate público.
Se trata de la puesta en evidencia de las actividades criminales del más poderoso contrabandista de la historia de Colombia, Diego Marín Buitrago, reconocido como el “zar” del contrabando, alias ‘Papá Pitufo’ y sus actividades criminales, relacionadas con el contrabando de todo tipo de mercancías, el lavado de activos proveniente del narcotráfico, principalmente de los carteles del norte de Valle del Cauca y, la construcción de una gigantesca red de corrupción, que involucra funcionarios de las aduanas, de la DIAN, la Policía Fiscal Aduanera (POLFA), las cúpulas de la Policía, las autoridades portuarias, exministros, generales, partidos políticos, campañas electorales, parlamentarios, exparlamentarios, magistrados, exmagistrados, jueces, la Fiscalía General de la Nación, el sistema financiero y hasta expresidentes de la República, etc., que puso a su servicio a lo largo de sus 38 años de vida delictiva (1987 – 2025).
Casi cuatro décadas que abarcan cerca de 10 periodos presidenciales, durante los cuales los miles de millones de pesos que ha repartido el protagonista de este nuevo reality, para construir su poderoso imperio de corrupción, engordaron las fortunas de miles de altos funcionarios públicos durante los gobiernos de Julio Cesar Turbay, Belisario Betancur, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. La justicia está en la obligación moral de investigar las campañas electorales y la gestión de todos esos gobiernos que, presuntamente, hicieron parte de la poderosa red de corrupción de este delincuente, que se paseó durante décadas, como pedro por su casa, libre de toda sospecha, por los despachos de dichas cúpulas, repartiendo sumas millonarias a partidos, políticos y gobiernos corruptos para comprar impunidad. Muchos de estos delitos seguramente prescribieron; pero, sus expedientes deben ser abiertos para que se establezca la verdad, pese a que no haya lugar a sanciones penales.
Este escándalo, por su dimensión y porque, con el entramado de corrupción que construyó el ‘Papá Pitufo’, que logró penetrar todas las instituciones administrativas, judiciales, políticas, militares, electorales, de control, económicas, etc., pone en evidencia la podredumbre de la institucionalidad, (la super estructura jurídica y política imperante), que integra el sistema económico y político al servicio de los verdaderos dueños del país, quienes, a la hora de acumular capital, tiran la ética pública al sesto de la basura.
En la sociedad capitalista, lo que importa es el dinero sin interesar su procedencia, que corrompe la moral pública y otorga poder sin importar el mérito ni la honradez; con el gran dinero se compran conciencias, se compran votos y se eligen gobiernos corruptos, que, no solo protegen, sino que aseguran impunidad y miran para otro lado a la hora de investigar las fortunas de sus financiadores, legales e ilegales.
Es inadmisible que al criminal Diego Marín, solo se le pretenda juzgar por los delitos cometidos de 2023 en adelante, como lo ha denunciado el señor presidente, si en la fiscalía, reposan denuncias contra 131 exfuncionarios de la DIAN por sus nexos con el contrabando de 2013 en adelante y existen evidencias de que el zar del contrabando venía delinquiendo desde 1994 a partir el San Andresito de Pereira, en donde inició la conformación de una red larvada en, no se sabe cuántas entidades del Estado, según lo denunció la doctora Eva Carolina Madrid Torres, directora de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC). Es que la urdimbre de corrupción organizado por ‘Papá Pitufo’, no solo fue para garantizar el silencio de las autoridades aduaneras y de los órganos judiciales, sino que también le sirvió para adquirir el poder de hacer nombrar o destituir sus cómplices en importantes cargos de la DIAN, de la POLFA (Policía Fiscal y Aduanera) y de las autoridades portuarias de todo el país.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, debe aclararle al país, por qué, a pocas semanas de su posesión, mediante llamada al celular desde su despacho, se le ordenó a un fiscal encubierto, infiltrado en la organización de ‘Papá Pitufo’, que logró establecer que la POLFA es un antro de corrupción puesta al servicio del capo mayor del contrabando, en la que están comprometidos generales, coroneles, mayores y otros oficiales de esta entidad policial, en medio de una audiencia de solicitud de captura del capo y sus colaboradores dentro de dicha entidad, no continuar en la audiencia y, además, se le exigió entregar el expediente que contenía las pruebas que comprometían a los funcionarios corruptos, bajo la acusación de “no haber hecho nada con el material recaudado” (testimonio del Fiscal delegado contra delitos fiscales, Andrés F Marín. Noticias UNO).
Pero, además, el país debe saber que no solo se trata de la gigantesca red de corrupción al servicio del “zar del contrabando”, sino de la gran corrupción que pudrió las instituciones al servicio de los intereses, tanto del gran capital nacional y multinacional, como de las mafias del contrabando y el narcotráfico.
La exfiscal Angélica Monsalve, acaba de divulgar en un “en vivo” grabado por ella, cómo la Fiscalía General, en manos de su titular Luz Adriana Camargo, continúa tomada por una legión de fiscales que han conformado “un entramado de corrupción” que, según su denuncia, no es para administrar justicia, sino para “comercializar proyectos” y “vender impunidad”, un “concierto para delinquir”. Denunció que la dupla delincuencial de Francisco Barbosa y Martha Mancera, mantienen el control de la Fiscalía al servicio del cuestionado expresidente Duque y sus colaboradores y de las mafias de contrabandistas y narcotraficantes.
Igualmente, entre muchas denuncias, hizo una sobre la persecución a la fiscal Paola Londoño, quien estuvo encargada del caso de ‘Papá Pitufo’ y se atrevió a dictarle orden de captura y solicitar su extradición, le quitaron el caso y se lo asignaron al fiscal Deivi Alfredo Cáceres, “un títere de Barbosa y Mancera”. En ese entramado figura comprometido el actual vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, (mencionado en el escándalo pitufesco), quien, antes de ser nombrado por la nueva Fiscal General, oficiaba como director de Fiscalías de Buenaventura elegido por Martha Mancera.
La exfiscal Angélica Monsalve rememora el caso del fiscal Francisco Javier Martínez Ardila, que fue coordinador del CTI en Buenaventura, conocido con el alias “Pacho Malo”, protegido y cómplice de Martha Mancera, capturado en Medellín, a donde había sido trasladado por la exvicefiscal, por liderar una red criminal dedicada al contrabando y el narcotráfico, seguramente como parte de la red de Papá Pitufo, que además alertaba a los capos sobre operativos de la Fiscalía.
En este sistema judicial putrefacto y la Fiscalía General copada durante décadas por titulares presuntamente corruptos como Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, las mafias del narcotráfico y el contrabando, los ‘cacaos’ del poder y los políticos corruptos han gozado de todas las garantías para delinquir y disfrutar su impunidad; a pesar de haber sido desenmascarados y denunciados por investigadores de vasta trayectoria, como Gonzalo Guillén, Julián Martínez, la Revista Raya, entre otros, que han puesto al descubierto monumentales escándalos de corrupción tales como la compra de votos y la financiación de las campañas electorales, las alianzas de Álvaro Uribe Uribe con el narcotráfico, la creación de los grupos paramilitares y el constreñimiento paramilitar a los votantes para elegirlo dos veces presidente, la compra de votos con dineros de la multinacional Odebrecht en las campañas de Santos y Zuluaga, la compra de votos para elegir a Iván Duque con dineros del narco, ‘Ñeñe’ Hernández y sus socios, etc.
Las corruptas acciones de Néstor Humberto Martínez, para encubrir a los expresidentes y al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo en el escándalo de Odebrecht, para evadir su presunta responsabilidad en el envenenamiento de Jorge Enrique Pizano y su hijo, Alejandro Pizano, los actos delictivos de Francisco Barbosa y Martha Mancera y su complicidad con el caso de alias ‘Pacho Malo’, sobre contrabando y narcotráfico en Buenaventura, el encubrimiento de los crímenes del Clan del Golfo. Amén de los escándalos de corrupción durante el gobierno del títere Duque, en la UNGRD, el DAPRE, la compra y utilización del virus espía Pegasus, el saqueo de los recursos para combatir la pandemia del Covid-19, el robo de petróleo y gasolina a ECOPETROL por familiares de Pastrana y sus cómplices, el robo a los OCADPAZ, el desfalco al DPS con el ‘cartel de las marionetas’ y “la Madrina” (madre del expresidente), los billonarios robos de las EPS a la salud y un interminable etcétera.
Con la noticia difundida por los medios corporativos sobre el presunto ingreso furtivo de $500 millones, aportados por ‘Papá Pitufo’, a la campaña de Gustavo Petro, quien aclaró que por orden suya habían sido devueltos oportunamente, se conoció que los expresidentes Andrés Pastrana e Iván Duque presionaron la salida del director de la POLFA (2019), general Juan Carlos Buitrago debido a sus investigaciones contra ‘Papá Pitufo’.
Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, dio a conocer un listado de 38 parlamentarios, embajadores y exministros que, durante el ejercicio de su cargo como director de la DIAN, fueron a solicitarle nombramientos de sus recomendados en altos cargos de la entidad: 11 de la U, 2 del Centro Democrático, 7 conservadores, 6 de Cambio Radical, 2 liberales, 2 del Pacto Histórico, y 1 de la Alianza Verde, Armando Benedetti, Roy Barreras, el pastor Alfredo Saade, el exministro José Antonio Ocampo y Efraín Cepeda, presidente del Senado. Pedir puestos y recomendar personas no implica delitos, pero es indicio de posible tráfico de influencias que si es delito según la Fiscal General de la Nación. Pero, como ser mal pensantes tampoco es delito, resulta sospechoso que los puestos se solicitan en cargos clave de la DIAN y las zonas aduaneras, en su mayoría, los pidieron los partidos de la extrema derecha, que utilizan sus mayorías para hacer fracasar los proyectos de reformas sociales y democráticas; razón de más para advertir que esas solicitudes expelen un fuerte olor a ‘Papá Pitufo’.
El pueblo colombiano y el pensamiento crítico no pueden esperar que haya procesos con garantías de verdad y castigo para los ‘cacaos’ y sus testaferros, cómplices de las bandas criminales del país y de la corrupción en el poder, no se puede esperar que haya justicia, si desde las mismas instituciones de justicia se promueve la venta de paquetes de impunidad. Todo será tomado con beneficio de inventario.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
