POR DIANA CAROLINA ALFONSO /
Lo que se ha presentado en los últimos días como un estallido social por causa de la reforma tributaria, marca en realidad el derrumbe del modelo de gobierno de coalición entre el empresariado y el paramilitarismo.
Diana Carolina Alfonso, historiadora colombiana, egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.
En crisis
El reciente estudio Polimétrica de Cifras y Conceptos reveló que la desfavorabilidad de Iván Duque aumentó al 65%. En lo que va de gobierno, el presidente colombiano ha visto descender su imagen dos veces. La primera vez con posterioridad a las movilizaciones del 2019. Ese es precisamente el arco temporal que enmarca la caída del modelo uribista después de dos décadas de presidencialismo.
El modelo militar-empresarial ahondado por Álvaro Uribe Vélez es un edificio que se desploma sobre su propio eje. Iván Duque Márquez debe asumir una implosión aplazada. La toma del poder por cuenta del paramilitarismo y de los sectores empresariales beneficiados además con las multimillonarias rentas del narcotráfico, impusieron una particular “doctrina de shock”, aún más brutal que la original en Chile. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la producción de cocaína en Colombia se duplicó en los últimos cinco años, acentuando la curva de crecimiento del principal recurso de exportación colombiano. El país cafetero no produjo esa cantidad de cocaína ni siquiera en tiempos de Pablo Escobar.
La estructuración del poder en Colombia, o sea, el amalgamiento peculiar de los potentados ilegales al Estado, transformó incluso la estructura de clases. Para la congresista de oposición Aida Avella, en Colombia ya no se puede hablar de burguesía; la clase dominante está vinculada al narcotráfico, “es una clase narcotraficante”. La élite colombiana es una casta del sistema narco y el paramilitarismo su herramienta de coacción para la acumulación de tierras y la “pacificación” de la sociedad.
Duque y desplome uribista
El presidente Iván Duque fue lobista financiero en Wall Street antes de ser proyectado por Uribe a la presidencia. La campaña del elegido por el expresidente fue financiada con los dineros del narcotráfico, según indican los audios interceptados entre el narcotraficante “Ñeñe” Hernández y la ex secretaria personal de Álvaro Uribe alias “Caya” Daza. El escándalo conocido como “ñeñepolítica” empezó a crecer desde el 2018 como una bola de nieve sin que la justicia mediara intervención alguna.
Mientras el empresariado narco co-dirigía junto al gobierno a las bandas paramilitares, los crímenes contra los líderes (as) sociales alcanzaban cifras espantosas. En el 2019 fueron asesinados 55 líderes (as) indígenas en el departamento del Cauca. Para la época, el Ministro de Defensa Botero bombardeó un campamento de las disidencias de las FARC donde fueron asesinados casi siete niños y niñas. Finalmente una tentativa reforma tributaria terminó por agravar el escenario nacional y en noviembre se definió el Paro Nacional que duró intermitentemente hasta enero del 2020.
La pandemia y el saqueo de las arcas del Estado
En abril del 2020 el gobierno colombiano pidió 11.000 millones de dólares al FMI para conjurar la crisis financiera en medio de la pandemia. Sin embargo, mientras la crisis sanitaria demostraba la tragedia resultante de la privatización de la salud, Iván Duque decidió otorgar un crédito millonario a la aerolínea panameña Avianca.
En agosto del 2020 el gobierno uribista anunció que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) autorizó la participación de la nación en la reestructuración de Avianca para garantizar la protección de la prestación del servicio aéreo. Esto, mediante el financiamiento de hasta 370 millones de dólares, dentro del proceso que sigue la empresa por el capítulo 11 del “Bankruptcy Code” de los Estados Unidos.
La medida fue ampliamente rechazada y el crédito finalmente no se otorgó. Sin embargo, el desagüe de los recursos públicos prosiguió. La administración de Iván Duque giró, en siete meses, 5 billones de pesos a grandes empresarios privados para auxiliarles con la crisis económica. El programa de Duque, que se negó a la iniciativa de la renta básica, solo ayudó a engrosar los bolsillos de los millonarios, entre ellos el reconocido banquero Sarmiento Angulo, gerente y articulador de la red bancaria “Grupo Aval”. De acuerdo con Camilo Enciso, ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. entre 2014 y 2017 la campaña presidencial de Duque -además de los dineros del narcotráfico- fue financiada en un 66% por Sarmiento Angulo a través del Banco de Bogotá, el que también forma parte del mencionado Grupo Aval.
A la cleptomanía empresarial se suma el gasto en guerra. Después de Brasil, Colombia fue el segundo país de América Latina con mayor gasto militar con 9.200 millones de dólares y el primer país en gasto militar durante la pandemia, según un informe divulgado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Por si fuera poco, el gobierno nacional derrochó 2.000 billones de pesos en la compra de una flota de camionetas blindadas para la presidencia y otros 9.000 millones más en la adquisición de 23 camionetas para la Policía Nacional, institución responsable de la masacre del 11 de septiembre del 2020. Ese día la convocatoria ciudadana se realizó en rechazo a la tortura y posterior asesinato del abogado Javier Ordóñez. Tras la masacre del 11 de septiembre el presidente respaldó el accionar terrorista de la fuerza pública y definió garantizar sus operaciones con una inusitada inversión en armamento, camionetas y uniformes.
En medio de la sangría de los recursos públicos, y no pudiendo echar más mano de la deuda, el gobierno nacional decidió adelantar una reforma tributaria donde se grava en un 18% a los artículos principales de la canasta familiar colombiana, tales como el café, el azúcar y los huevos, así como también la gasolina. El Comité Nacional del Paro que surgió al calor de las movilizaciones del 2019, emprendió una agenda de movilizaciones para afrontar el abuso del gobierno uribista que empezó el 28 de abril.
En los días previos el gobierno colombiano desaprobó el Paro Nacional por motivo del Covid-19, aduciendo que lo fundamental era preservar la vida. La argumentación del gobierno para desacreditar al Paro sonó como un chiste de muy mal gusto. Sólo en el 2020 Human Right Watch registró 90 masacres. En el 2021 Colombia se enteró que durante el gobierno de Uribe Vélez fueron ejecutados extrajudicialmente 6.402 ciudadanos -los llamados “falsos positivos”, con el objetivo de presentar bajas en la lucha contra la insurgencia. Además, en lo que va del año han sido asesinados 50 líderes y lideresas sociales; 900 desde la firma de la paz. Los tres ministros de defensa de la era Duque ostentan bombardeos a campamentos integrados por niños y adolescentes en las zonas donde aún pervive la confrontación armada con las disidencias de las FARC.
Pese a todo, y contra todos y todas, el bloque uribista pretende derogar la agenda de la paz surgida en los acuerdos de La Habana. Por el contrario, se propone relanzar las operaciones de guerra, esta vez contra Venezuela.
Los sectores que conforman el Comité Nacional del Paro han definido proseguir con la jornada indefinidamente, hasta que el gobierno se retracte de las medidas de austeridad y despilfarro. Por su parte, Duque expresó en alocución presidencial que la reforma sería presentada de todas maneras, pero que “abría las puertas del diálogo”.
El Paro Nacional en curso es el corazón de la movilización popular contra el modelo uribista, además de un golpe fatal a su mancillada reputación. No se trata solamente de una reforma tributaria. Esta es la crisis de la piedra angular del modelo paramilitar/neoliberal que tiende a expandirse desde Colombia por todo el continente. La coyuntura histórica relanza la oportunidad de quebrar la hegemonía del gobierno más sanguinario de la historia continental, sobre todo en medio de la carrera presidencial más polarizada desde el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán. Las movilizaciones del 2021 se emplazan sobre el descrédito de la derecha, pero sobre todo abren el escenario público ante la urgente necesidad de resolver las causas de la miseria prolongada.
La oposición evidencia la retirada violenta de la derecha paraestatal y se ubica en a la cabeza de la contienda electoral del 2022 con el senador de izquierda Gustavo Petro. Mientras tanto el duquismo pretende cerrar la historia del uribismo con una política de tierra arrasada.
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