POR HORACIO DUQUE
Va cobrando forma el paradigma de la “paz total” (y completa) del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien con toda seguridad el día de su posesión, este 7 de agosto, dará un discurso trascendental para Colombia. Sera la hoja de ruta del pueblo colombiano para los próximos años.
Sin duda, la paz y la superación definitiva de la violencia será un asunto estratégico del gobierno, al igual que la corrupción para que estas mafias descontroladas dejen de robar más este país.
Sobre la paz ya se han designado tres funcionarios encargados de liderar las acciones correspondientes. Se trata de Danilo Rueda, como Comisionado de Paz; de Álvaro Leyva Durán, como canciller de la Republica; y de Iván Cepeda, como presidente de la Comisión de Paz del Congreso de la Republica.
De igual manera, se avanza en las definiciones jurídicas para generar los escenarios institucionales de los diálogos y acuerdos; también para perfilar el acogimiento de las bandas criminales contrainsurgentes dispuestas a renunciar a su violencia afín con la ultraderecha neonazi uribista bien instalada en el Ejército y la Policía con amplia responsabilidad en la conformación de las bandas neoparamilitares: Urabeños, Pachencas, Rastrojos, Inmaculados, Shotas, Costeños, Cuchillitos, Puntilleros, Cordilleras, Coronel Mira (Cartago), Flacos, Palustre de Cali (con banda tentaculada en el Comando de Policía del Valle del Cauca), Oficina de Cobro de San Andresito de la 38 (Bogotá), Oficina de Envigado, Paisas, etc.
Pero lo más importante es la formulación del principio central que guiara los pasos del gobierno del presidente Petro en todos los diálogos y negociaciones no solo con el ELN, con las neoinsurgencias de las FARC-EP, con la Nueva Marquetalia y con el EPL, así como con el resto del movimiento social articulado en las coordinadoras agrarias, los sindicatos obreros, la Minga indígena, el PCN afro, los movimientos universitarios y las manifestaciones femeninas.
Ese principio lo enunció el canciller Leyva con una frase contundente: en el gobierno de Gustavo Petro, “lo que se firma y se pacta, se ejecuta de manera inmediata”.
Con este postulado se hace a un lado el famoso lema de la Mesa de diálogos de La Habana con las FARC: “nada está acordado hasta que todo este acordado”, que en la práctica se convirtió en una trampa del Estado colombiano para no cumplir los acuerdos firmados con este grupo insurgente en el año 2016 como en efecto ha ocurrido en los últimos cinco años, en que los guerrilleros entregaron sus armas y la institucionalidad hizo a un lado sus compromisos en materia agraria, de democracia ampliada, de seguridad para los excombatientes (van casi 400 asesinados por el Ejército y la Policía), de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y en la reparación de las víctimas del conflicto.
Hay que evitar en la nueva ruta de la paz esa cruel trampa funcional de los poderes oligárquicos, especialmente en las regiones. Por supuesto, hay que evitar la corrupción con los recursos financieros e institucionales de la paz como se pudo comprobar con el reciente escándalo del denominado Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD-Paz), que el gobierno de Duque utilizó para que mafias uribistas se apropiaran de multimillonarias cifras de la implementación de los acuerdos de La Habana.
Desde luego, una primera muestra de voluntad del nuevo gobierno es darle cumplimiento al Acuerdo de Paz del 2016. Eso no admite más dilaciones ni triquiñuelas de los politiqueros que quieran arrimarse a esta nueva apuesta del gobierno del Pacto Histórico.
El Acuerdo con las FARC tiene una fuerza constitucional y legal vinculante por lo que no es necesario tramitar más leyes para ejecutar la Reforma Rural Integral. Hay que pasar a los hechos. Igual con la cuestión militar y las garantías de seguridad para los excombatientes.
La parte política requiere de desarrollos con un nuevo estatuto de participación ciudadana que les ponga dientes a los mecanismos de participación democrática especialmente para denunciar y castigar la corrupción heredada de la nefasta administración de Iván Duque.
Afortunadamente, el tema de la participación social y política es el eje central de los diálogos con el ELN, agrupación política y guerrillera que es partidaria de dar un mayor realce a los movimientos sociales y populares en momentos en que su incidencia es definitiva frente a la resistencia que ofrecerán a los cambios anunciados por el gobierno de Petro, los clanes y grupos de la oligarquía (financiera, latifundista, mediática, militar, petrolera) que se preparan desde ya proyectando nuevos escenarios de disputa y de lucha (de clases) para sofocar la insurgencia revolucionaria de las masas y la multitud con su potente fuerza histórica.
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