LA JORNADA /
Después de haber pospuesto por dos días consecutivos la votación, el pasado 2 de febrero el Congreso de Perú rechazó la propuesta de reforma para adelantar las elecciones generales a diciembre de este año. La decisión del Parlamento unicameral, tomada con 68 votos en contra del proyecto, 54 a favor y dos abstenciones, prolonga de manera indefinida la crisis política en que el mismo Congreso hundió al país el pasado 7 de diciembre, cuando destituyó al presidente constitucional, Pedro Castillo, e instaló en su lugar a la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
Las calles y las encuestas han sido contundentes: si las movilizaciones populares que se han sucedido de manera ininterrumpida en rechazo a la usurpación del Ejecutivo no hablaran con suficiente elocuencia del repudio social a Boluarte y a los legisladores que la llevaron al poder, estudios demoscópicos señalan que 73 por ciento de los ciudadanos quiere elecciones este mismo año, 74 por ciento demanda la renuncia de la Presidenta y apenas un lánguido 7 por ciento apoya al Congreso.
La respuesta del régimen ha sido una sanguinaria represión que ha dejado 46 personas asesinadas por disparos de policías y militares, y una más por el lanzamiento directo de una bomba lacrimógena por parte de un uniformado en 56 días transcurridos desde el golpe de Estado. La cuota de muerte que se han cobrado las maniobras para eliminar políticamente al primer gobierno surgido de los movimientos populares en la historia peruana no ha variado la postura de unos congresistas que únicamente parecen responder a los intereses oligárquicos a los que representan y a la mezquina consideración de seguir cobrando sus dietas sin importar el costo humano.
De hecho, las bancadas de derecha que controlan el Parlamento no sólo han saboteado sistemáticamente cualquier salida institucional, sino que han reprendido a la mandataria por no intensificar el abuso de la fuerza pública contra la población. En su celebración de la violencia de Estado, los congresistas conservadores han estado acompañados por los grandes medios de comunicación, empresas que primero intentaron descarrilar los comicios en los que triunfó Castillo, luego orquestaron una incesante campaña de difamación y golpeteo que facilitó su destitución, y ahora arremeten contra los manifestantes, tanto al criminalizarlos como al acallar la disidencia.
La sucesión de cuatro titulares del Ejecutivo entre julio de 2016 y julio de 2021 ya indicaba profundas disfunciones en el sistema político peruano, pero hoy no queda ninguna duda de que el país andino se encuentra bajo una dictadura legislativa en la que un colectivo carente de legitimidad pisotea sin pudor la voluntad popular.
En lo inmediato, la única solución a la vista es la renuncia de Boluarte, que obligaría a celebrar elecciones en un plazo de seis meses, pero está claro que la crisis de gobernabilidad sólo podrá abordarse mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, tal como lo exigen los peruanos en las calles y como lo mandataron en las urnas en 2021.
La Jornada, México.
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