POR DAVID ROCA BASADRE /
La convulsa situación política de la nación suramericana sumida en un régimen de facto. El gobierno dictatorial de Dina Boluarte sufrió recientemente un golpe inesperado tras la suspensión de la Fiscal de la Nación, una de sus principales valedoras. En paralelo, el Tribunal Constitucional liberó al exdictador Alberto Fujimori tras validar un indulto irregular de hace siete años. Vistazo a la crítica situación peruana.
El 7 de diciembre de 2022, un acosado presidente Pedro Castillo hizo un gesto que hasta ahora resulta incomprensible para muchos. Lanzó un discurso a la nación en el que disolvía el Congreso, ordenaba la detención de algunas autoridades, y convocaba elecciones sin –aparentemente– tener el menor respaldo ni civil ni militar que le permitiera hacer efectivo su propósito.
Todo parece indicar que fue vilmente engañado, incluso con encuestas falsas, adhesiones militares mentirosas, todo planificado desde hacía tiempo para llevarlo a esa situación. Cuando se dio cuenta del engaño y se dirigió a la embajada de México a buscar asilo, fue hecho prisionero irregularmente por su propia escolta y siendo todavía mandatario. El Congreso de la República votaría su destitución, sin juicio previo, una hora después de que fuera detenido.
Era un plan claramente concebido con antelación, tanta que su sucesora Dina Boluarte, con lumínico traje sastre amarillo y cuidadoso peinado, no tardó mucho en juramentar el cargo. Pero no para llamar a nuevas elecciones, como esperaba el 80 % de la población, sino para quedarse hasta 2026.
Fue entonces que ardió Troya. Comenzaron las protestas masivas de las que el mundo entero fue testigo, y que a partir del día 12 de diciembre empezaron a ser reprimidas sin reparos, a balazos, al principio en Andahuaylas, provincia de la sierra sur del Perú y que, coincidentemente, es la tierra de origen de Dina Boluarte. Primer balance: siete muertos y centenares de heridos. Sucesivamente, mientras crecía el movimiento de protesta que pedía elecciones generales anticipadas, la represión armada también se incrementó. Tras dos meses de movilizaciones, en enero de 2023, sumaban cerca de 70 muertos, de los cuales se ha probado el asesinato por bala o perdigones disparados de cerca de 49 personas, más uno al que le destrozaron la cabeza con una bomba lacrimógena, y otro víctima de torturas.
El régimen mostraba así, escudándose en un discurso que acusaba de vándalos y hasta de terroristas a todo un pueblo movilizado, y de caviares a los defensores públicos de la democracia, que no tenía reparos en recurrir a cualquier medio con tal de mantenerse en el poder. Amparado, además, por una gran prensa servil, y las cúpulas de las fuerzas armadas y policiales. Así se instaló la dictadura.
Se mueve el avispero
Estos días hay un acontecimiento que no es menor, veremos por qué. Tras un año del Gobierno de Boluarte, la noticia principal es la sustitución provisional –mientras se la investiga– de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sobre Benavides pesa la grave acusación de haber archivado procesos criminales de 35 congresistas a cambio de sus votos para sacarse de encima a otra fiscal suprema que la obstaculizaba en sus proyectos, entre ellos la elección de un favorito como nuevo defensor del pueblo o la destitución de toda la Junta Nacional de Justicia, el ente encargado del nombramiento y sanción de jueces y fiscales.
El golpe es duro, además de para Benavides, para una alianza que se fortaleció desde el Congreso de la República y que es el verdadero núcleo de poder, del que la fiscal es un alfil importante. Una alianza ante la cual se inclina la misma Dina Boluarte.
Cómo dar un golpe de Estado sin tanques en la calle
Sumados los partidos de la extrema derecha en el congreso, entre fujimoristas y grupos ideologizados reaccionarios, llegan a un tercio de representantes. Estos son los amigos de la “iberosfera” que promueve Vox desde España. Pero hay otro tercio de partidos que solo representan intereses particulares, un fenómeno peruano surgido gracias a medidas ultraliberales de tiempos del fujimorismo, como son las universidades privadas sin control y exentas de pagar impuestos, que ofrecen estudios de bajísimo nivel por pensiones exiguas y se llenan de estudiantes de bajo nivel socioeconómico, ilusionados con la idea de ser profesionales.
El tercer grupo de la alianza de poder en el Congreso es difícil de entender fuera del Perú: está conformado por la bancada de Perú Libre, el partido autodefinido de izquierdas que llevó a Pedro Castillo como candidato, y al que se suma la llamada “bancada magisterial”, que son los congresistas, casi todos docentes, que el mismo Pedro Castillo introdujo en la lista de candidatos de Perú Libre.
Vale la pena describir al partido Perú Libre, portador de un discurso maoísta desde sus inicios. En la práctica, su dirigente principal, Vladimir Cerrón, que fue gobernador de la región Junín, ha sido encausado como responsable de dirigir obras públicas que lo beneficiaban, entre otros actos punibles.
Pedro Castillo, a su vez, fue militante durante doce años de un partido de derechas, llamado Perú Posible, del expresidente Alejandro Toledo. Se hizo conocido como dirigente sindical de un gremio de maestros, del que provienen los congresistas que impuso en la alianza que hizo con Cerrón para lanzar su candidatura.
Ambas agrupaciones, además, coinciden con la ultraderecha en sus convicciones conservadoras sobre asuntos como el derecho a aborto o el rechazo a medidas de protección de poblaciones como las minorías sexuales.
Fuera de aquella alianza en el poder, y en total minoría, quedan pocos congresistas electos por partidos de la izquierda tradicional, y algún partido centrista.
Los canjes de la impudicia
Bajo la clara influencia del fujimorismo, que es el núcleo con más experiencia política, todos esos grupos han logrado negociar la protección de sus intereses. Asimismo, han colocado a personas de su preferencia en los diversos poderes del Estado, y sellado alianzas con grupos económicos y mandos de las Fuerzas Armadas y policiales.
Lentamente, se modifican leyes que los favorecen, y se retrocede en reformas que fueron importantes avances, como, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), creada en 2015, y que había comenzado a ordenar la educación superior, llegando a cerrar una treintena de universidades sin control y elevando las condiciones para el funcionamiento de las existentes. SUNEDU fue desarticulada hace poco, y convertida en un ente sin mayor poder de decisión. Vale decir que Vladimir Cerrón, el dirigente del “izquierdista” del partido Perú Libre, es cercano a los promotores de una llamada Universidad Privada del Centro, que fue clausurada por SUNEDU.
Las triangulaciones entre el ejecutivo, ese Congreso, los sectores económicos representados por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Fiscalía de la Nación, sectores importantes del poder judicial, los mandos militares y policiales, y los grandes medios de prensa son notorias y visibles. Es un gobierno dictatorial colegiado, si cabe llamarlo así, conservador hasta el extremo, y persistente protector de intereses particulares.
La última batalla en que están empeñados es la toma del Jurado Nacional de Elecciones, y las dos entidades que le son afines: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). De lograr eso, la dictadura habrá completado el control total del Estado.
El importante alfil de la Fiscalía
La destitución de la Fiscal de la Nación retrasa ese propósito. El paso siguiente era la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, también capaz de remover al incómodo presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a los jefes de los otros dos órganos ligados al JNE, cuyo pecado es ser independientes. Keiko Fujimori y su entorno les tienen particular antipatía porque no la apoyaron en su campaña de fraude, tras perder ante Pedro Castillo en 2021.
Un asesor de Benavides, devenido en colaborador eficaz –figura que permite a un encausado canjear confesión sincera a cambio de la remisión de pena– ha entregado una serie de chats y audios entre este asesor y un congresista donde se da cuenta de las maquinaciones y arreglos de Benavides con los congresistas. Además, ha sido puesto a disposición de la fiscalía otro chat en la app Signal, donde la misma fiscal de la nación coordinaba de manera directa las acciones a tomar bajo un nombre falso.
Sin la Fiscal de la Nación de su lado, podrían reactivarse las investigaciones por corrupción con la empresa Odebrecht contra varios políticos que les son cercanos, las investigaciones por lavado de activos en el marco de investigaciones de aportes irregulares de campaña contra Keiko Fujimo; las acusaciones por delitos comunes contra los congresistas que canjearon sus votos por su archivamiento, las investigaciones contra la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal Patricia Benavides, por vender absoluciones a narcotraficantes a cambio de altas sumas de dinero, y otros casos más.
El poder de Keiko: el exdictador liberado
En medio de todo esto, el Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron nombrados por el actual congreso, sancionó con quórum mínimo, sin convocar a los integrantes del TC opositores a la medida, la liberación del exdictador Alberto Fujimori que, en prisión dorada, apenas ha cumplido 15 años de los 25 que le asignaron por latrocinio y autoría mediata de crímenes de estudiantes, campesinos, y opositores políticos que él mismo finalmente había confesado.
Esta decisión se dio al validar un indulto irregular de hace 7 años, producto de arreglos bajo la mesa del entonces presidente Kuczynski, desoyendo la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máxima instancia de apelación que declaró nulo aquel indulto. El Gobierno de Boluarte ha dispuesto la liberación del reo, y así el Perú se ha puesto al margen de los organismos internacionales, con las consecuencias que aquello puede traer para el país.
¿Y la gente?
Según todas las encuestas, sólo el 8 % de la población aprueba a Boluarte, y el Congreso de la República tiene apenas un 6% de aprobación. La situación económica cotidiana se complica, al haber entrado el país en recesión: según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se ha producido una caída persistente de la inversión privada en el país, los precios suben también por el efecto de eventos climáticos para los que el Gobierno no tiene la capacidad de desarrollar acciones preventivas, y se vienen eventos de mayor calado, como un Fenómeno del Niño particularmente grave que se dará de todas maneras y para el que no se ha hecho nada.
Las movilizaciones sociales se darán estos días de aniversario de las masacres, y el Gobierno ha aprobado una ley “antidisturbios” que castiga con hasta 15 años de cárcel a actos como interrumpir el tráfico con una marcha, pero la indignación se acrecienta.
El gran problema de esa inmensa y mayoritaria oposición a la dictadura, que ya empieza a pisar nuevamente las calles, es la ausencia de un liderazgo unificador que la represente. Los varios intentos de algunos por llenar ese espacio chocan con la indiferencia de la población ante propuestas que no encajan con la demanda fundamental de democracia real, descentralizada de Lima, y participativa, que ya estaba en las movilizaciones de 2022.
La dictadura ha sido debilitada en su tramado político, pero aún dispone de la fuerza militar y policial y, a pesar de ciertas disidencias importantes, del apoyo de la mayor parte del poder económico.
Los días que vienen quizá marquen un nuevo panorama en el Perú. Los primeros actos represivos, con la detención sin razón alguna de grupos de campesinos provincianos llegados a la capital, dan una señal. Una primera marcha nacional de éxito relativo el pasado 7 de diciembre, marcó la partida. Todo está por jugarse aún.
CTXT, España.
