LA ROSA ROJA /
La paradoja del sistema político y jurídico colombiano: tras seis años de que un alto funcionario del cuestionado gobierno de Uribe Vélez confesará que la reelección presidencial en 2006 “fue comprada”, el deslegitimado exmandatario sigue tan campante, opinando y dando lecciones de moral, sin que por este grave hecho se le haya abierto, por lo menos, una investigación penal.
Diego Palacio Betancourt, ministro de Protección Social durante el impresentable gobierno del cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, confesó en abril de 2017 que hubo sobornos para lograr la reelección en 2006 del hoy líder del neofascista partido Centro Democrático.
Palacio Betancourt fue condenado a seis años y medio de prisión en el caso de llamada “Yidispolítica”, en sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2015. Sin embargo el exministro uribista solo purgó cuatro años y obtuvo su libertad el 1 de marzo de 2018.
En el proceso de su defensa penal, Palacio buscó acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), alegando que la condena a que se hizo acreedor por parte de la Corte Suprema de Justicia tenía directa relación con el conflicto armado de las FARC.
La JEP rechazó los argumentos de la defensa de Palacio pero lo importante de su solicitud de pretender acogerse a esta jurisdicción radica en su confesión al admitir que, efectivamente, se otorgaron dádivas desde el Gobierno de Uribe, y en su caso particular, desde el Ministerio de Protección Social, para lograr cambiara el voto de algunos parlamentarios y así sumar en el resultado de trámite en el Congreso de la República que finalmente aprobó una reforma constitucional, que permitió la reelección de Uribe.
Palacio fue el primer exfuncionario de Uribe que en 2017 aceptó haber sobornado a Yidis Medina para que votara a favor de la eforma constitucional que aprobó la tramposa reelección presidencial. Lo hizo mediante una carta dirigida a la JEP, cuyo argumento se resume en que por esos tiempos (año 2005) se libraba una dura batalla contra la guerrilla y que era necesario, por el bien del país, darle continuidad a la política de represión y violación de derechos humanos que cínicamente Uribe llamó con el eufemismo de “Seguridad Democrática”.
Pese a estas y otras contundentes pruebas de que la reelección de Uribe fue comparada, el cuestionado exmandatario sigue gozando de completa impunidad.
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