POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Tal como ocurrió con el proyecto de ley de reforma democrática al sistema de salud, propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, previo proceso de concertación y amplio debate, el cual fue aprobado, con los recortes exigidos por la derecha neoliberal, en las dos vueltas de la Cámara de Representantes, terminó archivado por orden de las multinacionales y empresarios que, durante más de 30 años, han traficado y saqueado los recursos públicos del sector, en la Comisión Séptima del Senado, sin que mediara el debate reglamentario, el proyecto de ley sobre reforma laboral está a punto de hundirse.
Los mismos congresistas de los partidos de oposición de la extrema derecha uribista volvieron a firmar un proyecto para archivar sin cumplir con el requisito de tramitarlo en debate, pese a que fue concertado y ampliamente debatido con los gremios económicos y las centrales sindicales.
Los ocho firmantes, uno del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, dos del Partido Conservador, Nadia Blel y Esperanza Andrade, dos del Centro Democrático, Alirio Barrera y Honoro Henríquez, una de la ASI, Berenice Bedoya, una de Colombia Justa y Libres, Lorena Ríos y una del MIRA, Ana Paola Agudelo, conforman la mayoría de la Comisión compuesta por 14 senadores que, anticipadamente, pactaron archivar el proyecto para no permitir que se tramite en la plenaria del Senado.
Sencillamente le hicieron el mandado a los gremios económicos y las multinacionales que seguirán felices aplicando la Ley 50 de 1990, adoptada por el Gobierno neoliberal del momificado jefe del Partido Liberal, Cesar Gaviria y la Ley 789 de 2002 del Gobierno neoliberal y genocida de Álvaro Uribe, para contratar trabajadores con salarios de hambre y sin derechos, ni garantías laborales y de seguridad social en salud, que les fueron cercenados por aquellas fatídicas leyes.
Por su parte, la clase trabajadora tendrá que seguir sometida a la sobrexplotación laboral, a merced de la voracidad capitalista, bajo el régimen de la flexibilización laboral, contratos temporales, despidos arbitrarios y en completa inestabilidad en el trabajo. Asimismo, seguirá sometida a la jornada laboral de 16 horas diurnas (de 6 am a 10 pm), sin pago de recargos nocturnos, ni horas extras, trabajo dominical y de días festivos pésimamente remunerados y sin indemnización por despidos sin justa causa.
La clase trabajadora, continuará sometida a condiciones de sobrexplotación, depauperación y extrema pobreza, despojada de elementales derechos laborales, colectivos y, junto a sus familias, sin derechos de seguridad social en salud. El trabajo de las madres comunitarias seguirá en la informalidad y sin garantías laborales, los trabajadores de reparto seguirán siendo esclavizados por las plataformas digitales y los estudiantes del SENA continuarán recibiendo la bonificación de miseria que les impuso el ‘matarife’, sin contrato laboral.
Además, los firmantes del proyecto de archivo, en su mayoría mujeres, frustran la oportunidad de garantizar estabilidad forzada a trabajadoras embarazadas, de adoptar medidas para proteger a quienes son víctimas de acoso sexual y demás violencias de género, de licencias para las que sufren de endometriosis y malestares agudos por la menstruación.
En ambos casos, los parlamentarios de marras, simplemente cumplieron la misión de impedir que las reformas, como la de la salud, que pretendía recuperarla como derecho fundamental del pueblo colombiano y poner fin al monopolio y al saqueo de cientos de billones de los recursos públicos que por más de treinta años, gracias a la privatización del sector, atesoraron los traficantes, nacionales y extranjeros, al tiempo que, procuraba la recuperación de la red hospitalaria pública, intencionalmente destruida por los mercaderes de las EPS. Y la reforma laboral que intenta recuperar mínimamente los derechos de las y los trabajadores, contemplados en las convenciones y los pactos firmados por el Estado colombiano en la OIT.
Los argumentos recurridos por los firmantes para justificar la propuesta de archivo son pobres y falaces, dicen que tendrá un impacto económico, que limitará las posibilidades de generar empleo e incrementará la informalidad laboral, cuando precisamente el contrato laboral ha estado informalizado por más de tres décadas, la tasa de desempleo ha disminuido y el país ha registrado un importante crecimiento en sectores de como la agroindustria y el turismo, que han generado miles de nuevos empleos.
La realidad monda y lironda es que los gremios económicos, los medios corporativos y el poder político, aún bajo control de la derecha y la extrema derecha, han tomado la decisión, desde el inicio del Gobierno del presidente Petro, de impedir que este pueda gestionar su proyecto gubernamental y de boicotear las reformas democráticas prometidas, al tiempo que desarrollan campañas mediáticas sostenidas de desprestigio y aniquilamiento moral del mandatario.
Lo mas alarmante es que están a punto de lograrlo; la reforma pensional que fue aprobada en el Congreso está en riesgo de ser declarada inconstitucional por “vicios de procedimiento”, según la ponencia elaborada por el magistrado uribista, Jorge Enrique Ibáñez Najar. La reforma al sistema de salud presentada de nuevo a consideración del Congreso, nuevamente peluqueada en concertación con las defensores de la privatización y las EPS y reiteradamente aprobada por la Cámara de Representantes, deberá iniciar el tercer debate en la Comisión Séptima del Senado que alberga los verdugos de las reformas sociales de la extrema derecha opositora, con el antecedente de haber archivado el anterior proyecto.
La Corte Constitucional recortó en cerca de $12 billones los recursos del Plan de Desarrollo y el Congreso votó en contra del proyecto de Ley de Financiamiento, la nueva reforma tributaria. Para nombrar solo algunas de las avanzadas exitosas de la oposición neoliberal en la emboscada que le han decretado al Gobierno.
Los amos del poder económico conjuntamente con sus testaferros del poder político permitieron que el proyecto de reforma laboral se aprobara en la Cámara de Representantes, porque en negociación con el Gobierno pactaron la eliminación del capítulo de los derechos colectivos y las libertades sindicales. Pero la liebre saltó en la Comisión Séptima del Senado, porque ni siquiera suprimiendo los derechos colectivos y la libertad sindical, que son media reforma, permitieron su trámite democrático y de justa restitución de los derechos conculcados a la clase trabajadora.
La clase trabajadora y los pueblos oprimidos deben entender que la democracia es un campo de lucha de clases, en el que se enfrentan el capital y el trabajo asalariado, la clase capitalista y la clase trabajadora, los explotadores y los explotados, los opresores y los oprimidos. En esta ocasión se demuestra que en esta lucha se concreta la puja entre los capitalistas por pagar cada vez menos salario a los trabajadores y estos luchan por mejorar sus ingresos para reparar sus condiciones de vida y la de sus familias.
Las cifras son elocuentes, según estudio del Ministerio de Trabajo, un trabajador que gana el salario mínimo, como consecuencia de la Ley 789 de 2002, dejó de percibir $33 millones en 20 años, que multiplicado por 4.5 millones que trabajan con el salario mínimo legal vigente, equivalen aproximadamente a $148.5 billones que los capitalistas le robaron a los trabajadores.
Dicha confrontación la resuelve la correlación de fuerzas, que, en esta oportunidad, pese a las buenas intenciones del Gobierno, no favorece a la clase trabajadora en el establo parlamentario. En tales circunstancias, la lucha democrática se debe expresar en las calles y las plazas públicas.
Solo la movilización de las multitudes en ciudades, pueblos y veredas hará retroceder la voracidad de las clases explotadoras dominantes. Movilización por las reformas sociales y democráticas, acompañada del respaldo a la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro.
Es hora de evocar la consigna de nuestros precursores comuneros: “Ni un paso atrás, siempre adelante y lo que ha de ser menester, sea”.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
