POR OMAR ROMERO DÍAZ /
El debate sobre la reforma pensional en Colombia no es solo una cuestión técnica de sostenibilidad financiera, sino una lucha entre quienes han acumulado privilegios y aquellos que han trabajado toda su vida sin garantías para su vejez. Mientras los congresistas de ultraderecha, los magistrados de las altas cortes y los grandes empresarios se benefician de un sistema que los protege, millones de trabajadores enfrentan un futuro incierto.
El problema de fondo radica en la estructura desigual del sistema de pensiones actual. Hoy, un campesino que ha pasado décadas bajo el sol, un obrero que ha soportado jornadas interminables, o una madre cabeza de familia que ha trabajado de sol a sol para dar educación a sus hijos, difícilmente alcanzarán una pensión. En contraste, los congresistas, con sus abultados salarios, han tenido la opción de salir de los fondos privados cuando descubrieron que no recibirían una pensión equivalente a su sueldo. Hipocresía en su máxima expresión: legislan en contra de una reforma que garantizaría pensiones para los más pobres, mientras ellos aseguran su propio futuro.
El sacrificio de una vida sin garantías
En Bogotá, las madrugadas empiezan temprano para la obrera que debe tomar un bus a las 4 de la mañana. Su jornada es extenuante y, al final del día, el tiempo no le alcanza para ver crecer a sus hijos. Años después, cuando su cuerpo ya no responde y el sistema la desecha, descubre que su esfuerzo no se traduce en una pensión digna.
La misma historia se repite en el campo. El campesino, después de años de doblar su espalda en el surco, ve cómo su vida se evapora sin una recompensa. Mientras tanto, los alimentos que ha producido con esfuerzo terminan en la mesa de magistrados, congresistas y empresarios que, cómodamente, dictan leyes para mantener el statu quo.
El miedo de la oligarquía a la justicia social
¿Por qué los ricos de este país se oponen a una pensión para los más pobres? La respuesta es simple: la reforma amenaza un modelo que ha protegido sus privilegios. Garantizar una pensión para campesinos, obreros y madres cabeza de familia implicaría redistribuir recursos y reconocer que el trabajo de toda una vida merece dignidad en la vejez. Pero esto va en contra de los intereses de quienes han convertido la seguridad social en un negocio rentable.
El sistema de pensiones actual ha sido diseñado para que pocos ganen y muchos pierdan. La privatización de las pensiones benefició a los concupiscentes fondos privados y a sus inversionistas como los inescrupulosos banqueros, mientras que millones de trabajadores no alcanzan el número de semanas requeridas para pensionarse. A esto se suma la indiferencia de quienes han vivido siempre en una burbuja de privilegios, ajenos a la realidad de quienes construyen el país con sus manos.
La lucha por la justicia social no es caridad, es un derecho
Garantizar una pensión para los más vulnerables no es un acto de generosidad, es una deuda histórica con quienes han trabajado sin descanso. La corrupta oligarquía colombiana teme perder el control sobre un sistema que ha perpetuado la desigualdad, pero la lucha por una vejez digna es una cuestión de justicia.
Mientras los poderosos buscan perpetuar sus privilegios, los trabajadores, campesinos y obreros deben unirse en un solo clamor: el derecho a una pensión justa no debe depender del lugar donde se nace, sino del esfuerzo de toda una vida.
