POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Esta es la pregunta que debemos resolver para desentrañar las verdaderas razones que motivaron la confabulación de los nueve parlamentarios de los siguientes partidos: el uribato (Centro Democrático), Liberal, Conservador, Cambio Radical, de la U, Justa Libres, ASI y la centro-derecha de los Verdes, para hundir la reforma a la salud. Porque la reforma no “se hundió”, como aviesamente titularon los medios corporativos, la hundieron. Dichas razones, aunque pocas se hicieron públicas, saltan a la vista.
La primera, tiene que ver con que los partidos derrotados en las elecciones presidenciales, aunque debilitados, lograron mantener el poder político con sus mayorías, no tan precarias, en el Congreso de la República. Ha sido evidente que su declaración de adhesión al programa del Gobierno del Cambio, su participación en el llamado “Acuerdo Nacional” y su colaboración en Ministerios y altos cargos, fue con la inicua intención de impedir que los programas apoyados por las mayorías en las urnas se hicieran realidad, decidieron armar una gran alianza para hacer que el gobierno fracase, o, que “no termine los cuatro años del periodo” (María Fernada Cabal) o para tumbarlo si fuere necesario y, por consiguiente, bloquear todas las reformas democráticas y sociales presentadas a consideración del establo parlamentario, de mayorías neoliberales.
La segunda, radica en que la Constitución Política y la ley electoral permiten la financiación privada de las campañas electorales y tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE), como los organismos de control (Fiscalía y demás Ías), han tapado durante décadas el ingreso “legal” y por debajo de la mesa, de inmensurables sumas de dinero, aportadas por empresas nacionales y extranjeras (coimas extraídas de las mega contrataciones públicas y del saqueo sistemático del erario) , así como de las mafias del narcotráfico y el contrabando, (Odebrecht, Keralty–Colsanitas, Seguros Bolívar, todas las EPS, el ‘Ñeñe’ Hernández y un larguísimo etcétera), para financiar tanto a los partidos como a los clanes mafiosos regionales (los Gnecco, los Name, los Gerlein, los Char, los Aguilar…), y a sus candidatos y candidatas presidenciales y a las corporaciones. Financiación siempre condicionada, que compromete a los gobiernos a adjudicarles los mega contratos de obras y de servicios públicos y a los parlamentarios a preservar sus intereses a la hora de tramitar leyes que favorezcan o perjudiquen, según el caso, su primordial interés de acumulación de capital.
El destino de Colombia ha estado, durante siglos, en manos de gobiernos y parlamentos mayoritariamente prepago. Esto es lo que, sin la menor duda, quedó en evidencia con nueve congresistas que hundieron la reforma a la salud, cumplieron a raja tabla la orden de presentar ponencia de archivo, sin debate previo y sin argumentos de fondo que controvirtieran las razones de peso que permitieron la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes. Decidieron, sin ruborizarse, echar al cesto de la basura el debate democrático y votar de facto la ponencia de archivo de la reforma.
La tercera, derivada de la anterior, consiste en que, tanto los expresidentes neoliberales de los treinta años de la Ley 100/1993, Cesar Gaviria, Andrés Pastrana, el ‘matarife’ Uribe, Juan Manuel Santos y el títere Iván Duque, como las EPS y sus agremiaciones, ACEMI y Gestarsalud, con la complicidad de los medios monopólicos de comunicación, generaron una matriz mediática de calumnias, falsas informaciones y tergiversaciones sobre el contenido y alcance de la reforma, para desacreditarla y presentarla como inconsulta, inconveniente, inaplicable, desfinanciada, que atentaba contra la salud de los millones de afiliados a las EPS, que pretendía crear un monopolio estatal que atentaba contra la “democracia económica”, el sacrosanto derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y la iniciativa privada, piedra angular de la democracia burguesa o democracia liberal. Democracia de las minorías hegemónicas y por tanto, democracia perversa. Seguramente, la misma suerte correrán los demás proyectos de reformas sociales. Se supone que es la orden emanada desde las cúpulas del poder económico y político, porque el gobierno de Petro, a diferencia de los gobiernos anteriores, no es reconocido por los milmillonarios capitalistas como la tradicional junta que administra sus negocios, protege sus intereses y les garantiza el crecimiento de la taza de ganancia. La consigna es mantener la salud como negocio privado de las EPS, sin control y amparadas en secreto comercial y el velo corporativo, a costa de la muerte de centenares de miles de colombianos y colombianas, víctimas del corrupto y billonario saqueo de los recursos públicos destinados a la salud de la clase trabajadora, los pobres y los excluidos. La expoliación de las arcas del Estado es una fuente de la insaciable acumulación capitalista.
La cuarta, es comprobación de la anterior: en tanto que, la Ley 100/1993 dio origen a más de 150 EPS, de las cuales solo quedan 26 porque 130 quebraron o fueron liquidadas; pero, las deudas, las pérdidas y los dineros de la salud que administraban quedaron sin dolientes y sin investigación de la Fiscalía y los demás organismos de control. Según reveló el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, por la vía de las liquidaciones desaparecieron de las arcas del Estado $23 billones, mega defraudación que ha quedado en la impunidad. De las 26 activas solo cuatro EPS cumplen con sus obligaciones; las otras 22, de acuerdo con informes de la Comisión de Seguimiento de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional, mediante investigación del proyecto ciudadano “Dónde está la plata”, del propio Gobierno y, recientemente, de la Contraloría, han denunciado pérdidas billonarias de los recursos públicos de la salud, por concepto de faltantes de las reservas técnicas del orden de $12. 4 billones y el acumulado de deudas con las clínicas y hospitales que prestan el servicio de salud por mas de $25 billones, lo cual pone al descubierto que, con la complicidad de los gobiernos anteriores, las corruptas EPS han llevado al sistema de salud al borde del colapso.
Igualmente, develaron, con datos extraídos de los respectivos informes contables de las EPS, la práctica de millonarios sobrecostos en los medicamentos de mayor frecuencia de usos (Glargina, Losartán, insulina, acetaminofén, etc.) y evidencias de gastos menores a los aportes que recibieron entre 2021 y 2022, equivalentes a $13.2 billones. Así mismo, el reciente informe de la Contraloría General, reportó que las EPS han extraviado $9 billones para gastos diferentes a los de la prestación del servicio de salud, nuevo expolio consecuencia de malos manejos de los dineros públicos de la salud, mal uso dela Unidad de Pago por Capitación, utilización de recursos destinados exclusivamente a la salud para pagar multas e intereses moratorios de algunas EPS, pagos multimillonarios adelantados a las IPS de su propiedad con dineros de la salud, gastos administrativos que exceden el 8 % del régimen subsidiado y el 10 % del contributivo, con la plata de la salud, lo cual se llama simple y llanamente peculado, seguramente son dineros con los que pagaron los costos millonarios de las campañas políticas de sus partidos y de sus testaferros en el Congreso de la República y para cubrir los millonarios gastos en las pautas publicitarias y la guerra mediática contra la reforma a la salud.
La quinta razón, es consecuencia de estas prácticas deleznables y corruptas de las EPS, además de la quiebra de la red hospitalaria pública y la imposición de contratos basura a profesionales y trabajadores de la salud, queda irrefutablemente demostrado que son responsables dolosos del colapso del sistema, que a los dueños del poder económico y a sus testaferros, los partidos políticos neoliberales y sus bancadas parlamentarias, les importa un bledo la salud de la inmensa mayoría de la población colombiana, que tan solo tiene carnet de afiliación, pero carece de elementales y oportunos servicios de salud, que su misión es proteger intereses del gran dinero y tapar sus delitos. Aunque reconocen la necesidad de las reformas contempladas en el proyecto de ley archivado, con la mayor displicencia, ni se molestaron en presentar proyecto alternativo.
Las revelaciones de la Contraloría General y la intervención administrativa impuesta por la Superintendencia de Salud sobre la EPS Sanitas (5.700.000 afiliados, la Nueva EPS (10.800.000 afiliados) y la EPS SOS (750.000), además de la solicitud de liquidación voluntaria hecha por la EPS Compensar (2.000.000) pusieron al desnudo la gran crisis que pretendía resolver el proyecto de reforma a la salud: se trata de cerca de 20.000.000 de afiliados y afiliadas afectados por los pésimos servicios que prestan dichas intermediarias privadas.
La Superintendencia ha sido enfática en aclarar que no se trata de una liquidación, como malintencionadamente han difundido los medios corporativos para sembrar pánico entre los afiliados, sino de una intervención administrativa para salvar las entidades y colocarlas en condiciones de seguir funcionando o liquidarlas si fuere necesario, garantizando a los afiliados que continuarán recibiendo los servicios en las mismas IPS en donde se los ha venido atendiendo. La inteligente y oportuna medida del Gobierno y el decreto que ordena el giro directo, tal como estaba estipulado en el proyecto de la reforma, a los hospitales, clínicas, consultorios, laboratorios y demás entidades que prestan sus servicios a los pacientes, son acciones que pueden solucionar temporalmente los graves problemas que sufren los millones de afiliados y afiliadas en lo relacionado con la atención oportuna que requieran.
El escándalo que levantaron los partidos políticos y sus bancadas que hundieron la reforma, por la intervención administrativa de tres EPS, la solicitud liquidación por parte de Compensar EPS, magnificada por los medios masivos de comunicación, para sembrar pánico entre la población y culpar al Gobierno de la crisis de la salud, no se compadece con el silencio guardado durante varios lustros por la liquidación y la quiebra de más de 120 EPS a manos de gobiernos neoliberales anteriores. (Pastrana liquidó 9 EPS, El matarife liquidó 5, Juan Manuel Santos liquidó 18 y el títere Duque liquidó 11) ¿Qué pasó con las deudas y los bienes de las empresas liquidadas? ‘Averígüelo Vargas’, reza el dicho popular. La investigación penal anunciada por la nueva Fiscal General de la Nación es muy saludable. El futuro de la reforma a la salud y las otras reformas sociales es incierto; pues, aunque el Gobierno seguramente volverá a presentar el proyecto de reforma en la próxima legislatura, la composición mayoritaria del Congreso seguirá siendo la misma y probablemente, correrá la misma suerte.
Nos queda como lección de este agitado proceso, que solo la presión social y la movilización popular, que amplíe de manera sostenida las numerosas y concurridas manifestaciones realizadas el pasado 9 de abril en distintas ciudades del país obligarán a los defensores y protectores de la expoliación a los recursos públicos de la salud del pueblo colombiano. La encuesta realizada por RCN en la que el 74 % de los y las encuestados manifestó su rechazo al hundimiento de la reforma, demuestra que las mayorías de la derecha en el Congreso son una pequeña minoría en la población y deja en claro que el pueblo respalda la reforma que promete un sistema de salud que beneficiará en condiciones de igualdad a toda la población.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
