POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
El pasado 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro, en su discurso durante la movilización “por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz” ante más de 15.000 indígenas y pobladores de los sectores populares, concentrados frente al simbólico monumento de la Resistencia en la ciudad de Cali, explicó de manera clara el carácter de la crisis política que atraviesa la gestión de su gobierno. Reconoció que su propuesta inicial de conformar un gobierno al que llamó “plural”, para “que nos ayudaran a transformar a Colombia”, los partidos Liberal, Conservador y de la U, en la práctica, no promovieron “el programa del cambio”, sino que aprovecharon el puesto “para ver cómo se impedía que los programas de la transformación no se volvieran realidad”, “se armó toda la coalición para frenar el gobierno del cambio” y, que su propuesta de “un acuerdo nacional, ya no solo para el gobierno, sino para para la sociedad colombiana”, no funcionó porque “su propósito es tumbarnos del gobierno”; propuestas que, de manera autocrítica, reconoció que fueron “una ingenuidad y una equivocación del Presidente”. De esta manera, puso fin a dicha política, “No es el momento del acuerdo nacional, como propuse”, sentenció el primer mandatario.
Denunció que los proyectos de reformas sociales de la salud, laboral, de pensiones y de la justicia, han sido objeto de bloqueo deliberado y sistemático por la coalición de las mayorías de la oposición de derecha que las sometieron a un trancón legislativo. Ocho de los catorce senadores de la Comisión Séptima del Senado arremetieron contra la reforma a la salud y radicaron, sin que medie el debate reglamentario, una ponencia de archivo del proyecto que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes.
La reforma laboral no avanza en la Comisión Séptima de la Cámara que solo ha aprobado 18 artículos de los 92 que contiene el proyecto. La reforma pensional está empantanada con tres ponencias que la plenaria del Senado no discute y la reforma a la justicia atrapada en una comisión accidental de especialistas que no ha iniciado su discusión. Entre tanto, “340.000 colombianos murieron por causa del sistema de salud que tenemos, mientras que los recursos de la salud, de la generación de energía eléctrica y de las pensiones de la clase trabajadora continúan siendo objeto de expoliación por parte de las EPS, las empresas de energía y los fondos privados de pensiones”, denunció el jefe de Gobierno.
Es evidente que hay un complot de los amos del país, las EPS agremiadas en ACEMI y Gestarsalud, los fondos privados de pensiones, los gremios económicos, las mayorías neoliberales del Congreso de la República, las altas cortes, los organismos de control, etc., mediante acciones que impiden el cumplimiento del programa de gobierno, tales como boicot a las reformas sociales y mociones de censura contra varios de sus ministros, suspensiones temporales e injustificadas de altos funcionarios, anulación de la elección de parlamentarios del Pacto Histórico, amén del escandaloso papel jugado por el arlequín Francisco Barbosa, utilizado por las cumbres del ‘Estado profundo’ para irrespetar al Presidente y sobre todo para ejercer, atrincherado en la Fiscalía, la oposición política al gobierno, ampliada por los medios monopólicos de comunicación, que cumplen su misión de aniquilamiento ético y desprestigio del mandatario, actitud que el Presidente, acertadamente, calificó de “ruptura institucional”. Instituciones que funcionan al servicio de sus intereses, para impedir que las reformas democráticas se concreten y hacerle imposible la tarea de gobernar al Presidente de la República.
Se trata de una crisis generada desde las cumbres del poder económico, político, legislativo y mediático, agravada con la crisis de las negociaciones de paz con las disidencias del EMC-FARC y el incremento de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales por parte del bloque criminal del Clan del Golfo y de las llamadas disidencias de Iván Mordisco que siguen en la impunidad. Crisis que puede avanzar a una situación de ingobernabilidad, si la alianza de la derecha y la extrema derecha consolidan sus perversas intenciones.
Es en este contexto que el Presidente planteó, en su discurso del 15 de marzo, su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, “Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, para transformar las instituciones” y agregó: “Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y se lo impiden; entonces, Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular de 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia”.
La respuesta del establecimiento, comandado por el Uribato y los partidos aliados de la derecha neoliberal fue de rechazo y descalificación de la propuesta. Los centros de pensamiento de las universidades de élite, académicos, constitucionalistas, los desacreditados expresidentes Uribe, Santos, Duque, Gaviria y Pastrana, magistrados y exmagistrado de las altas cortes, exconstituyentes, bancadas parlamentarias, incluida la derecha y el mal denominado ‘centro’ del Partido Verde, la consideraron inconveniente, antidemocrática, dictatorial, que atenta contra la institucionalidad, violatoria de la Constitución en cuanto lo establecido en la misma Carta Política para reformarla, que Petro quiere reelegirse, entre muchos otros epítetos descalificadores.
Por su parte, el judicializado presidente del Senado, Iván Name, declaró que la propuesta es una “amenaza para la democracia y el para el Congreso de la República”. De la noche a la mañana, se convirtieron en cínicos defensores de la Constitución que desmembraron en sus 33 años de vigencia y la transformaron en una simple formalidad legal y política.
El Presidente, en discursos pronunciados en Urabá, Córdoba, Sucre y Cartagena, en desarrollo de su política de “Gobierno en las regiones”, así como en entrevistas con los medios corporativos, precisó que su propuesta es desarrollar un “proceso constituyente” hacia un Asamblea Nacional Constituyente, que si bien no debatiría el problema del boicot a las reformas sociales que cursan en el Congreso, si abordaría temas aún no desarrollados de la Constitución de 1991 y propuso seis temas:
1) El cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC–EP, la reforma agraria, el problema del narcotráfico, el incremento de la violencia; así como, complementar el acuerdo para resolver problemas actuales de la violencia en los territorios.
2) Mejorar las condiciones básicas de la vida de los colombianos en aspectos como salud, pensión y acceso al agua potable.
3) Reforma judicial, basada en la verdad que acerque la justicia a la ciudadanía.
4) El reordenamiento territorial.
5 )El cambio climático y el diálogo.
6) La reconciliación para poner fin a la violencia en Colombia.
En sus discursos precisó que se trata de desarrollar un proceso constituyente que, según Petro, ya está en marcha con el desarrollo de acciones de gobierno en las regiones a las que acuden miles de pobladores a expresarle respaldo a su programa político.
En dichos encuentros, el primer mandatario ha señalado la ruta del proceso constituyente y ha convocado a construir el poder popular, mediante la conformación de comités populares municipales, coordinadoras populares en el suroccidente y en cada municipio de Colombia, extendiéndolos a todo el país y constituyendo el comité coordinador de fuerzas populares “abierto, sin exclusiones, pacífico y democrático, organizar la comunidad”. Proclamó que “este momento histórico pasa por la más amplia movilización del pueblo en las calles y pueblos de Colombia; la paz se hace constituyendo el poder popular en el territorio, el pueblo es el que decide”.
Las derechas de todos los pelajes que acusan al Presidente de querer perpetuarse, desde los que descalifican la propuesta hasta los que la consideran inconveniente, exigen que el primer mandatario debe respetar el procedimiento previsto en el artículo 376 de la Constitución Política que a la letra dice: “Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine”. Se trata de un procedimiento, que, de cara a la realidad política del actual Congreso de la República, compuesto por considerable mayoría de la oposición neoliberal, resultaría una iniciativa muerta en la cuna, la proposición sería negada por abrumadora mayoría. Pero si decidieran convertirla en pan y circo, la someterían a un proceso de debate que podría extenderse por el resto del periodo presidencial del gobierno.
Quienes defienden la competencia del Congreso de la República, como la única vía para aprobar o no la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente olvidan que el Congreso es el constituyente secundario y su potestad para reformar la Constitución está subordinada a la voluntad política del pueblo que, además de ser soberano, es el único titular del poder constituyente y, por tanto, en su condición de constituyente originario, puede revocar ese poder delegado al Congreso y autoconvocarse soberanamente a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución Política o derogarla y adoptar una nueva carta constitucional. (Alfonso Charria Angulo. 1988). De tal manera, que, si así lo decide el soberano, no violaría el orden constitucional, sino que simplemente lo sustituye y “hace inútil e improcedente todo posterior pronunciamiento jurisdiccional en torno a la validez de la convocatoria” (Sentencia de la CSJ del 9 de junio de 1987, sobre el plebiscito de 1957. FESCOL. Un constituyente para la Colombia del futuro.1990).
Lo que el Presidente ha sugerido es el método de la democracia directa o democracia popular, mediante el desarrollo de un proceso constituyente que debe preceder la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, popular y democrática, organizada de abajo hacia arriba, mediante la auto organización y la movilización de los pueblos y veredas de Colombia, que decida la composición, el número de constituyentes y la duración de la misma y que adopte su propio reglamento. La Constituyente así convocada, puede abordar los temas propuestos por el primer mandatario o adoptar soberanamente el temario que decida abordar.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia
