POR LUCÍA VÁSQUEZ CELIS /
En Colombia, en los últimos dos siglos, se han venido impulsando diferentes tipos de reformas, las llamadas “reformas administrativas”, impulsadas en la década de los sesenta del siglo XX; las que se impulsaron en el contexto neoliberal de “modernizar” el estado, de los últimos años del siglo XX y comienzos del XXI y las reformas que se impulsan, también en el siglo XXI, desde el gobierno popular del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro.
“La ola del reformismo administrativo que se inició en la década de los sesenta tenía como razón fundamental crear las condiciones administrativas necesarias al Modelo Desarrollista de Sustitución de Importaciones y prevaleció en muchos países hasta entrados los años ochenta. Durante ese tiempo, la figura del Estado se enalteció como agente propulsor de los cambios”. Se llegó a afirmar “No hay ninguna duda que la historia latinoamericana marcha en dirección a un crecimiento significativamente muy importante de lo que se llama el Estado, al aparato del Estado, la administración pública, lo cual plantea el problema de cómo convertirlo en un instrumento eficiente” (Kliskberg, Bernardo. 1983. La reforma de la administración pública y el administrador necesario. Conferencia dictada durante el seminario sobre “Evaluación de la Gestión de Empresas Públicas”, Universidad del Zulia, Maracaibo. Citado en Cuad. Econ. vol.22 no.38 Bogotá Jan. /June 2013 [1]).
Es importante tener en cuenta que a finales del siglo XX y en lo transcurrido en el siglo XXI hasta mediados del 2022, las reformas impulsadas desde los grupos hegemónicos, en el ejercicio de sus gobiernos “elegidos” y fundamentados en concentración e inequidad, se han justificado en primera instancia, por la grave crisis fiscal y el alto grado de endeudamiento y luego, por la globalización económica, esbozada como la obligatoria inserción en dicho esquema y fundamentada en “el reconocimiento de las reformas como un proceso objetivo que ha secularizado un nuevo orden del que se desprende una lógica de inclusión/exclusión, fundamentada en el cumplimiento o no de las pautas que rigen el nuevo patrón de acumulación de capital” (García Chourio José Guillermo. 2013).
La lógica y la fundamentación de dichas reformas y especialmente las de ajuste del estado para la inserción a la globalización económica, desde las apuestas neoliberales, no es más que una “nueva” lógica de acumulación, fundamentada en la alta tecnología y la transnacionalización del capital, que exige y se manifiesta en un intercambio comercial desregulado desde donde se deja “que sean las empresas privadas las que asuman el riesgo, inviertan y creen riqueza o miseria según les vaya y según para quién” (Castells, Manuel. 1998. ¿Hacia el Estado red? Globalización económica e instituciones políticas en la era de la información. Ponencia presentada en el Seminario Internacional Sociedad y Reforma del Estado, São Paulo, Brasil. Citado en Cuad. Econ. vol.22 no.38 Bogotá jan./june 2013).
Esta reforma o reformas de adecuación a la globalización económica, basada en la liberalización, la apertura comercial y la reducción del Estado ha implicado también, como exigencia del libre mercado “la creación de instituciones acordes para el buen funcionamiento del mercado, reconociéndose ahora al Estado como mecanismo básico para reducir los costos de transacción en las operaciones” [2]. En un país como Colombia de concentración e inequidad de los más acentuados en Latinoamérica, tales reformas han agravado las condiciones socioeconómicas y políticas de amplios sectores del país, así como han agudizado la crisis ambiental por las implicaciones de los modelos productivos que se promueven desde la rentabilidad de economías lícitas e ilícitas que de manera articulada configuran la economía global economicista, en la que desde las reformas de adecuación global, se inserta el país.
Ante la perspectiva de profundización de la tendencia de una mayor injerencia de los organismos internacionales en asuntos de políticas públicas nacionales y de orientación institucional que comprometen la autonomía de los gobiernos y de sus ciudadanos en la elaboración de una agenda de reforma propia, y que implicaría mayores asimetrías económicas, sociales y políticas como expresión reiterativa de las profundas contradicciones del capitalismo actual y pese a que Colombia, se configura como un país altamente polarizado, 11.281.9002 de mujeres y hombres de variopintos procesos, adhirieron al programa de la confluencia Pacto Histórico [3] y su Lema: Cambio por la vida
En el seno de la confluencia Pacto Histórico, se ubica la génesis y fundamentación “cambio por la vida”, en la que se recogen las esperanzas, compromisos, expectativas de inaplazables de amplios sectores de la Colombia profunda, olvidada y más afectada por las reformas neoliberales de adecuación a la globalización, así como la crisis ambiental. Es en este escenario que se sitúan y emergen las reformas que actualmente se impulsan desde el Gobierno del Pacto Histórico. Por lo tanto, es sobre esta fundamentación “cambio por la vida”, que debe abordarse el análisis de las reformas. Es decir, las reformas no como el fin último del actual gobierno, sino las reformas como caminos que contribuyen en la redefinición de estrategias de desarrollo democráticas para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, para la justicia social y ambiental.
Bajo lo expuesto, hay necesidad de escudriñar si son reformas constitutivas o no de cambios estructurales para fortalecer las bases económicas y productivas del país, para incrementar y mejorar la productividad desde la óptica de cuidado de la base natural y de las culturas territoriales. ¿Estas reformas, posibilitan un crecimiento sólido y equilibrado?
¿Las reformas permiten avanzar efectivamente, en la reducción de las asimetrías socioeconómicas y políticas? ¿Permiten avanzar frente a los retos de la equidad y de la política social?
¿Estas reformas son efectivas para generar condiciones fiscales adecuadas y para profundizar temas que estabilizan las políticas macroeconómicas? ¿Tienen un efecto importante en el crecimiento sostenible y de distribución desde enfoque de inclusión social?
¿Estas reformas permiten afectar las estrategias y estructuras de concentración de poderes arraigados en los ámbitos local, regional, nacional?
¿Las reformas se orientan a crear condiciones duraderas en la óptica de un sistema político democrático capaz de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia?
¿Con las reformas se permite el fortalecimiento de la sociedad civil como fuente de poder contrarrestante? ¿Se facilita con las reformas “el derecho a saber” lo que el gobierno está haciendo y por qué?
¿Las reformas proponen algunas estrategias para fortalecer los procesos de participación, asumidos como procesos de transparencia, apertura y de “dar voz”, tanto en escenarios públicos como corporativos de los ámbitos nacional, regional y local, en el puesto de trabajo y en los escenarios de mercados de capitales?
¿Las reformas de la función pública y la reforma judicial permiten enfrentar de manera efectiva costumbres arraigadas como el clientelismo, la corrupción, el narcotráfico y la expansión de economías ilícitas?
Las posibles pérdidas de poder que implican las reformas para los actores que dominan el juego, obliga a reforzar los consensos políticos y los procesos de negociación. ¿Cómo se avanza y cómo avanzar en este panorama? (Talavera, Pedro; Armijo, Marianela. 2017. Instituciones y desarrollo: reformas de segunda generación en América Latina)
“Las reformas institucionales no pueden ser vistas sólo como reformas del aparato del Estado o transformaciones burocráticas, sino también como un proceso eminentemente político, lo que requiere un cambio fundamental de los sistemas de incentivos que determinan los rasgos del proceso político” (Stiglitz, J.E., 2000). Participación y desarrollo: perspectivas desde el paradigma integral de desarrollo.
Notas
[1] García Chourio José Guillermo. 2013. De la primera a la segunda generación de reformas del Estado en América Latina; giro ideológico y cambio conceptual.
[2] García Chourio José Guillermo. 2013. De la primera a la segunda generación de reformas del Estado en América Latina; giro ideológico y cambio conceptual
[3] Los movimientos y partidos políticos fundadores de la coalición Pacto Histórico: Colombia Humana, Unión Patriótica–Partido Comunista, Polo Democrático Alternativo, Alianza Democrática Amplia, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Partido del Trabajo de Colombia, Unida y Todos Somos Colombia. Posteriormente con la intención de ampliar la coalición, se formaron mesas de diálogos con distintos partidos como Alianza Verde y en febrero de 2023 se une el partido político La Fuerza De La Paz del senador Roy Barreras.
