POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Nunca como ahora, ha sido tan evidente que los gobiernos de los últimos 212 años en Colombia han tenido como misión principal, no solo cuidar los intereses de las pocas familias que concentran fabulosos capitales en el país, sino dirigir la economía, para garantizarles mayores ganancias y mayor acumulación de capital, fortalecer el poder económico que detentan, administrarles las crisis y asegurarles el control del poder político que han hegemonizado desde tiempos inmemoriales. Es decir, hoy es más claro que los gobiernos liberales y conservadores, así como, neoliberales de las últimas décadas, han jugado el rol de administradores de los negocios de los grandes gremios económicos y del capital extranjero.
Esa es la poderosa razón por la cual, desde siempre han financiado las campañas de absolutamente todos los presidentes que en Colombia han sido; así como, de la casi totalidad de senadores y representantes que han pasado, en todos los tiempos, por esas corporaciones, para legislar en favor de los intereses de los verdaderos amos del país. La misma práctica se ha reproducido con gobernadores, diputados, alcaldes y concejales en todo el territorio nacional. Son profundas las raíces del poder económico, político, militar, comunicacional, hegemónico y mafioso que siguen conservando, a pesar del triunfo electoral del presidente Gustavo Petro que, la verdad sea dicha, se les salió del molde y llegó al gobierno con propuestas que atentan contra las ganancias y la acumulación salvaje de capitales favorecida, sin excepción, por los gobiernos anteriores.
En los últimos treinta años los gobiernos neoliberales de César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el títere de Uribe, Iván Duque, despojaron al pueblo colombiano del derecho a la salud, para ello, quebraron y liquidaron el ISS, también Cajanal, las cajas de previsión departamentales, Caprecom, etc. y, con la expedición de la Ley 100 de 1993, convirtieron la salud en el gran negocio del capital privado, dieron vida a las EPS, como intermediarias financieras o “aseguradoras en salud” cuya función no ha sido prestar el servicio de este fundamental derecho, sino administrar los fondos públicos (hoy cerca de 80 billones) que el Estado les ha entregado religiosamente, para que contraten con clínicas y hospitales públicos y privados el servicio que deben prestar a sus respectivos afiliados.
Pero, como no se trata de garantizar un servicio de salud oportuno y de calidad sino de obtener ganancias y acumular capital, razón de ser de la empresa privada, los voraces dueños de las EPS pusieron en práctica engañosas estrategias para invertir lo menos posible en la atención y quedarse con la mayor parte del león. Disponibilidad de agendas para citas médicas y de especialistas, intencionalmente escasas, autorizaciones distanciadas en el tiempo para exámenes de laboratorio y procedimientos quirúrgicos, pagos de cuotas moderadoras y copagos, construcción de clínicas y hospitales privadas (de propiedad de las EPS) con los dineros públicos de la salud y, para colmo de males, sometieron a médicos/as, especialistas, enfermeras y demás trabajadores del sector a contratos basura, por órdenes de servicio (OPS). En fin, hicieron de la salud un negocio redondo.
Además, se quedaron, sin mover un dedo, con la bicoca de por lo menos 6.6 billones de pesos por concepto de administración de los recursos que les entrega anualmente el fondo público ADRES. Ah, y de paso, quebraron la red hospitalaria pública porque contratan los servicios con sus propias clínicas y hospitales (lo llaman integración vertical). Por esa vía se robaron 23 billones de pesos que les adeudan a sus propias clínicas, a los hospitales públicos y a médicos/as y demás trabajadores de la salud.
Es tan cierto que las EPS fueron pensadas como un provechoso negocio privado de la salud, que, en el curso del debate sobre el proyecto de reforma al sistema, con el mayor de los cinismos, la señora Paula Acosta Márquez, presidenta de ACEMI, entidad gremial que las agrupa, dijo que en los 600 municipios de las regiones remotas del país no contratan el servicio de salud porque sencillamente “no es rentable”. Huelga decir que para proteger el negocio entregaron parte de sus ganancias a los grupos de paramilitares y narcotraficantes y han aportado cuantiosos recursos a las campañas presidenciales y parlamentarias de todos los partidos del establecimiento, para asegurar la permanencia y prolongación del lucrativo negocio privado de la salud, en el cual, traficantes privados compiten en ese mercado por la recepción de los dineros públicos que gratuitamente les entrega el Estado mensualmente cada año.
De tal manera, ACEMI y Gestarsalud, agremiaciones que agrupan a las EPS y que alimentan las pautas publicitarias de los hegemónicos medios de comunicación masiva, aseguraron de antemano el apoyo de los corruptos partidos del establecimiento, que constituyen mayorías en ambas cámaras del Congreso de la República, con la clara intención de hundir el proyecto de reforma presentado por el Gobierno, rompieron los acuerdos pactados en negociaciones previas y presentaron a la Comisión Séptima de la Cámara, 123 propuestas de modificaciones. Es decir, una reforma sustitutiva, a la ponencia previamente concertada con ellos, bajo el chantaje de “o las aceptan todas o no la aprobamos” con cínicos argumentos como “vamos a salvar la salud de los colombianos” (Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U), o nos oponemos a la creación de “un monopolio del Estado en la administración de los dineros de la salud” (Cesar Gaviria); lo cual demuestra que con la abierta oposición a la reforma del Gobierno, los partidos de la corrupción están haciendo la tarea que les asignaron las EPS. Esto es, salvaguardar los intereses, los negocios y las ganancias de los mercaderes de la salud del pueblo colombiano.
Álvaro Uribe, durante sus cuestionados gobiernos despojó a los trabajadores de sus derechos, acabó con la estabilidad laboral, las prestaciones sociales y la seguridad social en salud y el descanso remunerado (vacaciones), impuso los contratos sindicales y los contratos temporales, con el falso e irrespetuoso argumento de que “a Colombia la está matando la pereza”, amplió la jornada laboral diurna desde las 6 am hasta las 9 pm, para ahorrarle a los patronos el pago de recargos por horas de trabajo nocturno y de horas extras que también disminuyó al 75 % de su costo, redujo el pago de festivos y dominicales al 75 %, obligó a los/as trabajadores/as a afiliarse a una EPS. Todas estas medidas cumplieron el propósito de favorecer las ganancias de los patronos, mediante la reducción de los salarios, el pago del trabajo adicional y de parafiscales; además de la entrega de subsidios que supuestamente se convertirían en generación de más puestos de trabajo que nunca se dieron. En cambio, lo que sucedió fue que las arcas de los capitalistas nacionales, plenos de “confianza inversionista” se llenaron; en tanto que, los bolsillos y los estómagos de los/as trabajadores/as y sus familias, despojados de sus derechos y garantías y sometidos a salarios precarios, se vaciaron, la pobreza se volvió miseria y el hambre y la desnutrición cundieron entre la mayoría del pueblo colombiano.
Nuevamente, banqueros, industriales, comerciantes, ganaderos, terratenientes, y sus gremios ANIF, Fenalco, Fedegan, la SAC, Afidro, Asobancaria, Camacol, Fasecolda, ANDI, ACEMI, Asofondos, Asomedios y demás asociados en el Consejo Gremial Nacional (CGN), desataron campaña contra el proyecto de reforma laboral radicado en el Congreso por el Gobierno, confeccionado en la mesa de concertación tripartita, que no avanza en reivindicaciones, sino que restituye a la clase trabajadora los derechos conculcados, tales como la estabilidad laboral, la jornada de ocho horas, la remuneración del trabajo nocturno, las horas extras, los dominicales y días festivos con el 100 % y no del 75 % del raponazo de Uribe, la formalización de trabajadores en plataformas digitales de reparto, prohibición de los contratos sindicales y la contratación precaria (a término fijo, por órdenes de servicio y por horas), protección y promoción del derecho de asociación sindical; todo en la perspectiva del trabajo decente promovido por la OIT.
Los gremios económicos, para atajar la reforma, han utilizado los medios de comunicación masiva de su propiedad, para poner el grito en el cielo porque, según ellos, la misma encarece los costos laborales e impide la generación de empleo, así como para sembrar pánico entre la población, con la amenaza del cierre de empresas nacionales y el traslado de las extranjeras a otros países, lo cual supuestamente generaría mayor desempleo y más inflación. Con toda seguridad, los parlamentarios del corrupto establecimiento, también romperán, por orden del Consejo Gremial, los acuerdos logrados en la mesa de concertación y, a la hora del debate, presentarán “propuestas de modificaciones” que serán otra reforma sustitutiva. Nuevamente, recurrirán al chantaje del todo o nada. Sin rubor, enarbolarán la bandera de la defensa de los intereses, los privilegios, las ganancias y la acumulación de capital de la minoría que sigue detentando el poder económico, político, militar y de las comunicaciones a la cual deben su permanencia en el Congreso.
El movimiento sindical, las organizaciones campesinas, la clase trabajadora y el campesinado en general, la población raizal de los pueblos originarios y ancestral de la población afrodescendiente y palenquera, las mujeres, las juventudes, los/as de abajo, los/as nadie, deben ser conscientes de que las reformas democráticas y sociales no se lograrán con reuniones del Gobierno con los jefes de los partidos oligárquicos en los “fríos y dorados salones del Palacio de Nariño” (Gustavo Petro) y aprestarse a convocar las multitudes populares a las calles, plazas públicas y veredas, para notificar al Congreso, al país y a la comunidad internacional que dichas reformas, además de haber sido respaldadas en las urnas, lo serán también con la movilización y lucha popular. La oportunidad de expresar el respaldo masivo a las reformas sociales será el próximo 1 de Mayo, Día Internacional de la clase obrera y el pueblo trabajador del mundo entero.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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