POR JOSÉ ARNULFO BAYONA*
En la Comisión Séptima del Senado de la República cursan dos proyectos de ley, el primero es el número 70/2022, “por el cual se establece el reajuste anual de pensiones” y, el segundo, es el número 136/2022, “por el cual se reduce la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados”; ambos fueron presentados por el senador del Pacto Histórico, Alexander López Maya.
Dichas iniciativas tienen por objeto corregir el daño causado a quienes se pensionaron a partir de la Ley 100/93 la cual, en su artículo 204, estableció que las personas pensionadas debían aportar mensualmente el 12% de su mesada pensional al sistema de seguridad social en salud; dicho monto equivale al triple del 4% que aportan los trabajadores activos. Es decir, que pensionados y pensionadas, durante 29 años hemos aportado el 8% de nuestros magros ingresos para subsidiar el Sistema de Salud colombiano, que además fue privatizado por dicha ley. Se trata de billones de pesos que, en su mayor porcentaje, ingresaron a las arcas de las EPS, entidades privadas, que ejercen la intermediación financiera de este vital servicio y que, de repeso, cobran copagos y cuotas moderadoras, por el pésimo servicio que, desde su creación, prestan.
La Ley 100, también reglamentó, en su artículo 14, que los incrementos anuales de las mesadas deben hacerse conforme al Índice de Precio al Consumidor (IPC) de cada año, con lo cual, les impuso una especie de muletas, que frenaron el crecimiento de las mesadas y produjeron un deterioro progresivo del poder adquisitivo de los ingresos de quienes, después de 25, 30 o mas años de trabajo, con salarios precarios y, luego de haber cotizado 1.100 y hasta 1.350 semanas a Colpensiones o a los fondos privados, lograron el “privilegio” de obtener una pensión igualmente precaria. Un ejemplo tomado de la realidad, nos ayuda a comprender la gravedad del daño causado a la clase trabajadora con este esperpento neoliberal que fue la Ley 100; veamos:
Tomamos como referencia el año 2010, 17 años después de expedida la gravosa ley, cuando el dólar costaba $2.044, el salario mínimo era de $515.000, que equivalían a US$251.9 dólares; doce años después, es decir, en el presente año, con el dólar a $4.900, el salario mínimo es de $1.000.000 y equivale a US$204 dólares; o sea, que prácticamente se duplicó, pero solo nominalmente, porque su poder adquisitivo se redujo un 20%.
Por su parte, un docente de grado 13, que se pensionó en el 2010 con una mesada de $2.044.000, que en 2010 equivalían a US$1.000 dólares, su mesada creció al ritmo del IPC cada año, hasta $3.100.000, que a precios del dólar actual $4.900, equivalen a US612 dólares, lo cual indica que la mesada pensional del docente creció nominalmente, pero, su poder adquisitivo se deterioró en un 38.8%. En ambos casos ese detrimento empobreció, tanto al trabajador que apenas gana para sobrevivir, como al docente pensionado que transita aceleradamente por la ruta del empobrecimiento progresivo.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que nuestro docente pensionado aporta forzosamente el 12%, de su mesada para su salud, que equivalen a $360.000, su ingreso líquido mensual se reduce a $2.640,000, es decir US$538 dólares y, de ñapa neoliberal, el entonces presidente Uribe, mediante Acto Legislativo 02 de 2005, despojó a las personas que se pensionaron a partir de 2006, del derecho a la mesada 14, que en el caso del docente de nuestro ejemplo le significó una pérdida de $3,100.000 pesos anuales, es decir $250.000 pesos mensuales menos en sus precarizados ingresos.
Estos dos ejemplos, apenas hacen referencia a la precariedad de los ingresos de 1.800.000 trabajadores y trabajadoras que lograron pensionarse en Colombia, de los cuales 1.520.000 son pensionados con el Régimen de Prima Media (RPM) por parte de Colpensiones y tan solo 280.000 se pensionaron con el régimen de Ahorro Individual con “Solidaridad” (RAIS), “pensión” otorgada por los Fondos Privados de Pensiones (fuente: Superintendencia Financiera) que reciben mesadas aún más precarias. Es una ironía saber que los fondos privados, que cuentan con el 70% de los afiliados al sistema pensional, pensionan menos y Colpensiones, que cuenta con tan solo la tercera parte de los afiliados al sistema, jubila 5.5 veces más que los fondos privados.
La injusticia es mayor, si se tiene en cuenta que 25 millones de trabajadores, según la misma fuente, se encuentran afiliadas a los dos sistemas pensionales, de los cuales, 18.272.289 son afiliados a los fondos privados que, en treinta años de vigencia, tan solo lograron pensionarse cerca de 280.000 trabajadores, pero en cambio, acumulan en sus bancos, por concepto de aportes de sus afiliados, la cuantiosa suma de $431 billones, que son invertidos en bonos, préstamos, por ejemplo, a los concesionarios privados de mega obras públicas y a los hijos del expresidente Uribe para que construyan centros comerciales en las grandes ciudades. Mientras que Colpensiones, que tiene 6.782.000 y tan solo cuenta, por concepto de aportes de sus afiliados, con un fondo precario de $11.2 billones, paga las mesadas de cerca de 1.550. 000 afiliados/as que gozan de pensión vitalicia en el RPM, basado en el principio real de solidaridad, extensiva al cónyuge supérstite o familiares incapacitados. Los fondos de Colpensiones resultan insuficientes y el Estado está obligado a subsidiarlo con aportes que superan los $50 billones anuales.
Los cerca de 235.000 docentes pensionados, aportan el 12% de su mesada al Fondo de Prestaciones Sociales del magisterio, cuyos recursos son manejados por la Fiduciaria La Previsora, entidad que es propiedad en un 90% del Estado y 10% de capital privado, la cual contrata con empresas privadas los servicios de salud de los/as docente públicos activos, quienes cotizan el 4% de su salario y de los/as docentes pensionados. Los servicios prestados por dichas empresas son pésimos, según la opinión generalizada de docentes activos y pensionados; en el contrato jamás se ha incluido un capítulo de medicina geriátrica para atender a maestros y maestras pensionados, que aportamos (subsidiamos) al fondo con cerca de $1.2 billones anuales. No obstante, la junta directiva del fondo, compuesta por tres representantes del gobierno y 2 representantes de Fecode, persisten en seguir contratando el servicio de mala calidad que, cada vez que su contrato se renueva, se comprometen a introducir correctivos para mejorarlo, pero nunca cumplen. Ellos están seguros, no se sabe sospechosamente por qué, de que los contratos siempre les serán renovados.
En este deprimente panorama, la aprobación de los dos proyectos de ley para reducir los aportes pensionales a salud del 12 % al 4% y ligar los incrementos anuales de la mesada pensional a la negociación del salario mínimo, serán recibidos por 1.800 pensionados/as colombianos y sus familiares, como una medida de reparación al daño causado por los inicuos gobiernos neoliberales de Cesar Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el fraudulento subpresidente Duque.
No obstante, la mayor injusticia reside en la existencia de dos sistemas de pensiones, el del RPM, que garantiza una pensión vitalicia y el del RAIS que favorece los intereses del capital financiero y, en la práctica, despoja del derecho a la pensión al 80% de la clase trabajadora, mientras que a los poquísimos que han logrado pensionarse los engañaron con una supuesta “Pensión” que muere con el pensionado y deja a su familia en el desamparo. Además, en el sistema de salud, que entregó su prestación a la voracidad del capital financiero, encarnado en las EPS, con cuya intermediación terminaron embolsillándose los recursos de la salud del pueblo colombiano. El Gobierno nacional había prometido y anunció una reforma pensional que retornará al RPM y determinará que los/as trabajadores/as, que devengan hasta cuatro salarios mínimos serán afiliados a Colpensiones, que es una entidad pública, con miras a garantizar que en Colombia ningún trabajador o trabajadora llegue a la vejez sin una pensión digna y vitalicia. Así mismo, anunció la reforma del Sistema de Salud que acabará con la intermediación financiera, recuperará la red hospitalaria pública y garantizará un servicio de salud gratuito, universal y de calidad, para todos, todas y todes.
La conquista de estas reformas democráticas no depende solo del Gobierno que, tal como ocurrió con la reforma tributaria, será sometido al chantaje por los banqueros dueños de los fondos privados y las EPS y sus bancadas parlamentarias de la derecha y la extrema derecha uribista, incrustados en el gobierno y acuartelados en la oposición. El trámite de estos proyectos, deberá ser acompañado con la movilización y la protesta social pacífica de la clase trabajadora, activa y pensionada que, hoy más que nunca, requieren de la unidad y el fortalecimiento del movimiento sindical y pensional, para impedir que en el Congreso de la República sean frustradas tan vitales reformas democráticas.
*Docente pensionado, exvicepresidente de Fecode y cofundador de la CUT.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
