POR JOSÉ ARNULFO BAYONA
El senador Iván Cepeda Castro, denunció penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por siete delitos relacionados con el uso indebido de los recursos públicos, acciones ilegales vinculadas a la campaña presidencial del expresidente y el abuso de poder durante su ejercicio presidencial. Los delitos presuntamente cometidos por el exmandatario, según el texto de la demanda, son los siguientes:
(1 Lavado de activos. 2) Ofrecimiento, venta o compra de aparato para interceptar comunicaciones privadas entre personas. 3) Peculado por aplicación oficial diferente. 4) Peculado por aplicación oficial diferente. 5) Violación del régimen legal o constitucionalidad de inhabilidades o incompatibilidades. 6) Abuso de autoridad por acto arbitrario injusto. 7) Concierto para delinquir.
La denuncia desarrolla ampliamente y abunda en argumentos para demostrar que el delincuente ex subpresidente cometió una amplia gama de delitos durante los cuatro años de su nefasto periodo de gobierno, entre muchos otros, los siguientes hechos la sustentan:
Violación de los topes de financiación de campañas
La denuncia señala que la campaña de Duque superó los topes legales de financiamiento electoral. Cita el caso concreto del aporte de $300 millones hechos por la multinacional Odebrecht, los apoyos económicos de capital extranjero son ilegales, a través de contratos ficticios con una empresa publicitaria. Se supone que los dineros recolectados entre sus socios narcos de la costa norte, Antioquia y Santander, por el narcotraficante el Ñeñe, así como, las denuncias sobre los aportes de $300 millones del empresario venezolano Oswaldo Cisneros a la campaña del subpresidente, supuestamente entregados a personas cercanas su círculo cercano, demuestran “la opacidad en el manejo de los fondos” señala el senador Cepeda.
Persecución y espionaje a líderes y lideresas de la oposición, escándalo del uso del software Pegasus
Otro caso concreto es el uso de Pegasus, un software espía desarrollado por la empresa NSO Group de Israel, comprado y pagado ilícitamente en efectivo por US$11 millones con dineros incautados a narcotraficantes, voluminosa cantidad de dólares, no registrada en ninguna contabilidad oficial, según lo denunciado por el presidente Gustavo Petro, que fue presuntamente utilizado por Duque para realizar interceptaciones ilegales tanto a los líderes de la Primera Línea, que luego fueron cazados apresados unos y asesinados otros, como a líderes y lideresas sociales y de la oposición política, periodistas críticos y defensores de los derechos humanos. Probablemente, como lo ha denunciado Petro, su campaña electoral fue víctima de Pegasus, mediante grabaciones de reuniones internas del comando de la campaña que luego aparecieron divulgadas en la revista Semana. Esta denuncia fue respaldada con informe del Ejército colombiano, publicado en 2020, en el que reveló que varios oficiales estaban siendo investigados por su participación en interceptaciones ilegales, lo cual fortalece las denuncias de Cepeda.
Se citan estos y otros casos en la denuncia, “como ejemplos de abuso de poder y uso abusivo de los recursos del Estado para perseguir a sus detractores, en lugar de luchar contra el crimen”, enfatiza la acusación.
Corrupción en los contratos del Ministerio de Tecnologías
La denuncia incluyo el escándalo del Min TIC durante el gobierno de Duque, en el que se vio involucrada la ministra Karen Abudinen, en el que se abudinearon $70.000 millones de un contrato realizado con la empresa Centros Poblados por 1 billón de pesos para llevar Internet a las áreas apartadas el que ganaron con pólizas falsas. Resulta paradójico que mientras la denuncia el mal manejo de los recursos y la complicidad del alto gobierno en este acto de corrupción, la procuradora Margarita Cabello resolvió cerra el caso, es decir, absolver a la ministra Abudinen de toda culpa.
Obstrucción en la implementación de los acuerdos de Paz
El denunciante señala casos concretos en los que el gobierno de Duque obstaculizó la implementación de los Acuerdos de paz de 2016 con las FARC, destaca el incumplimiento en el tema de la reintegración económica y social de los excombatientes, lo cual ha generado un incremento en el asesinato de cerca de 500 desmovilizados. Además, menciona los intentos de Duque de modificar aspectos fundamentales de la Justicia Especial para la Paz (JEP) como clara demostración de incumplimiento de los acuerdos pactados. No olvidar que altos funcionarios de su gobierno están involucrados en el saqueo y desviación de millonarios recursos del programa OCADPAZ, destinados a la pactada Reforma Rural Integral en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza y, las economías ilícitas. Lo cual configura un crimen de lesa humanidad. Se estima, según el presidente Petro que en el gobierno de Duque fueron robados 9.1 billones de pesos en OCAD Paz y en el sistema de regalías en Colombia. El diario El Espectador y otros medios habían denunciado que se perdieron “$12 billones para la paz, en 2094 proyectos que no cumplieron con las obligaciones contractuales”, $700.000 millones de los cuales se robaron en coimas pagadas a gobernantes, parlamentarios y funcionarios del gobierno.
Irregularidades en el manejo de la pandemia del Covid-19
La denuncia incluye la mala gestión de los recursos públicos durante la pandemia del COVID – 19, en la que varios contratos de emergencia (UNGRD) fueron adjudicados, sin las debidas licitaciones, a empresa vinculadas a aliados políticos del gobierno. Es este un claro ejemplo de la falta de transparencia en la contratación pública, de corrupción y administración desleal, argumentados por la denuncia penal para demostrar que “las presuntas irregularidades cometidas durante el gobierno del subpresidente Duque no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón amplio de corrupción y abuso de poder”
Manipulación de la justicia
Otro de los argumentos presentados es que bajo el mandato de Duque se habrían realizado maniobras para desviar y obstaculizar investigaciones judiciales que involucraban a funcionarios de su gobierno y aliados políticos. Esto está relacionado con la acusación de fraude procesal, ya que Cepeda sostiene que se habrían utilizado influencias dentro del aparato judicial para evitar que delicadas investigaciones avanzaran.
Sobrecostos y corrupción en la contratación pública
Cepeda ha denunciado irregularidades en varios contratos durante el gobierno de Duque, los cuales habrían implicado sobrecostos y actos de corrupción. Estos contratos, según el senador, habrían sido otorgados a empresas y personas vinculadas políticamente con Duque y su partido Centro Democrático, lo que puede configurar el delito de corrupción en la administración pública y administración desleal. En este aspecto, no se debe olvidar el famoso escándalo de las “Marionetas”, multimillonario robo de los recursos de la UNGRD, destinados a la atención de desastres, liderado por el senador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño, en el resultaron implicados seis senadores, entre ellos, el senador uribista Ciro Ramírez y la señora madre del ex subpresidente Duque.
Falta ver si la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, con una composición mayoritaria de extrema derecha uribista, recurre a su inveterada práctica de archivar la denuncia, la cual le ha valido el bien ajustado mote de “Comisión de Absoluciones”. Bien vale la pena correr el riesgo, pensaría el senador Cepeda, los tiempos han cambiado, esperemos que sea en favor de la justicia, la democracia y la lucha contra la corrupción de las mafias que han gobernado nuestro país.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados (ANEP).
