POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, capos del grupo Aval y su filial Corficolombiana, atrapados y sin salida, sin fiscales que les cierren investigaciones, se vieron obligados a declararse culpables y firmar un acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) mediante el cual, se comprometen a pagar 80.6 millones de dólares, para congelar durante tres años los procesos judiciales que cursan en su contra en la justicia gringa, acusados de entregar 23 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, para obtener una prórroga en el contrato de la Ruta del Sol tramo II, la cual, le reportó al consorcio Odebrecht–Corficolombiana–Episol, fraudulentamente, una ganancia cercana a los 32 millones de dólares. Por este motivo, con pruebas irrebatibles, la SEC y el Departamento de Justicia, los sindica de haber incurrido en la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), porque literalmente “pagaron sobornos para obtener beneficios económicos” (M. Argentieri fiscal general adjunta el Departamento de Justicia). Como las acciones del corrupto grupo Aval, cotizan en la bolsa de New York, dichos organismos estadunidenses tienen competencia para juzgarlos.
Corficolombiana pagará al Departamento de Justicia una sanción penal de 40.6 millones de dólares para suspender, por el mismo periodo, la acción penal. Pero, de ese monto serán descontados US$20 millones que corresponden a la multa de $88.000 millones pagada por Episol a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, por haber violado las leyes de este país con el pago de sobornos al gobierno colombiano. Corficolombiana, además de aceptar el pago de esa alta suma por dicha sanción, se comprometió a continuar cooperando con los EE.UU. en las investigaciones penales que se adelantan en este caso o que en el futuro se desarrollen por la misma causa y a desistir de apelar la resolución sancionatoria de la SIC colombiana. De no hacerlo satisfactoriamente, terminados los tres años de gracia, el Departamento de Justicia y la SEC reabrirán el caso y proferirán las correspondientes sentencias condenatorias.
Estas son las verdades por las que los medios de comunicación que monopoliza el DON del clan Sarmiento Angulo, el ultraconservador diario El Tiempo y demás, pasan de agache con total desfachatez y cinismo al informar en grandes titulares que el especulador grupo Aval había sido absuelto. Pero, la verdad es que no lo fue de ningún cargo, ni pagó multa, sino que “suscribió un pacto con las autoridades gringas llamado Acuerdo de enjuiciamiento diferido” (Colombia hoy). Sólo, al terminar los tres años de gracia, si el acusado cumple sus compromisos, la justicia procederá a archivar el caso. En caso contrario, el proceso continuará hasta proferir sentencia.
Lo que ocurrió, tal como lo habían anticipado el director del diario virtual La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén y, Gustavo Petro en el Senado (2018), fue que la justicia del país poderoso, comprobó lo que había denunciado Jorge Enrique Pizano, comptroller (Contralor-interventor) de la Ruta del Sol II, sobre las prácticas corruptas del grupo Aval, tapadas por el corrompido fiscal de entonces, Néstor Humberto Martínez Neira, quien sabía, desde antes de ser designado titular del ente acusador, de estas prácticas, por haberse desempeñado como abogado del conglomerado financiero corruptor. Denuncia que le costó la muerte por envenenamiento con cianuro a Pizano y a su hijo; muertes que continúan en la impunidad. Sobrevino también que el banquero mayor, que repartió sobornos hasta por US$50 millones (Gustavo Petro) al interior del gobierno de Santos, a los partidos de la mafia gobernante (Centro Democrático, Liberal, Conservador, la U, Mira, etc.), para poder acceder al acuerdo con la SEC, de diferir o abstenerse de proferir sentencia.
También Sarmiento Angulo tuvo que aceptar que distribuyó US$23 millones en sobornos a los altos funcionarios del gobierno de Santos. Se supo además que, en mayo de 2014, el mismo día en que Odebrecht se comprometió a financiar las campañas políticas de los partidos de Centro Democrático y la coalición de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos aprobó los desembolsos al grupo Aval.
Además, quedó claro que, si bien el exdirector de Corficolombiana, José Elías Melo fue condenado a prisión y la SIC impuso una multa de 295 mil millones de pesos a Corficolombiana, Episol y cinco directivos del grupo, los patrones Sarmiento Angulo y Sarmiento Gutiérrez (padre e hijo) que estaban vinculados a la investigación, gracias al superintendente del gobierno del subpresidente Duque, Andrés Barreto, que archivó la investigación, quedaron protegidos y con la impunidad, made in Colombia, garantizada. Como hecho de corrupción nuevo, Corficolombiana reveló su participación en el pago de otra coima por US$3.4 millones “a un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos, mencionado en el acuerdo diferido de procesamiento e identificado como ‘Colombian Official 3’, pago acordado con el jefe de Odebrecht, Eleuberto Martorelli y el condenado José Elías Melo, con el propósito de que asegurara, sin licitación, la adición del tramo Ocaña – Gamarra al contrato de Ruta del sol 2” (María Jimena Duzán. Revista Cambio).
Se supone que la colaboración que prometieron a la justicia gringa, incluye información sobre estos y otros delitos cometidos durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, para favorecer a su mentor Luis Carlos Sarmiento Angulo, a su hijo y a sus cómplices. Finalmente, es obvio que el acuerdo firmado con la justicia norteamericana en el que se declaran culpables, es un hecho sobreviniente que debe obligar a la justicia colombiana a reabrir las investigaciones y producir las sentencias y las condenas que hagan justicia en este escándalo que aún permanece en Colombia en el closet de la impunidad.
Es obvio que el exfiscal Néstor Humberto Martínez, antes abogado del especulador grupo Aval, nombrado por orden de Sarmiento Angulo, con el beneplácito de Uribe y Santos, con el único fin de garantizarle impunidad al banquero e impedir que la investigación llegara hasta desenmascarar lo altos dirigentes de los partidos que se beneficiaron de los multimillonarios sobornos de Odebrecht, para financiar sus campañas electorales, debe ser denunciado ente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por Sarmiento Angulo y su hijo Sarmiento Gutiérrez, al igual que los partidos y sus jefes sobornados, como parte del compromiso de aportar verdad y cumplir con los acuerdos firmados. Gustavo Petro preguntaba, en el debate ante el Senado y durante su campaña, “¿por qué si caen, el Presidente del Perú, el Vicepresidente de Ecuador, el expresidente de Brasil y el expresidente de Panamá, no cae la mafia colombiana?”, a lo cual respondió: “En ninguno de esos países el régimen de la corrupción había logrado tomarse tanto el Estado, la política y la sociedad como en Colombia”.
El país está frente a la oportunidad histórica de que las mafias del poder sean sometidas a juicio y sentenciadas penalmente. Lamentable que sea la justicia norteamericana quien los investiga y procesa, en tanto que la justicia colombiana ha sido secuestrada por las mafias del poder para arroparse con el manto de la impunidad.
Petro nuevamente pregunta: “Por qué, si el jefe de Odebrecht está preso, por los sobornos repartidos en América Latina, su socio en los sobornos colombianos, ¿no lo está? Por su parte, el periodista y director de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén, en dos Twittees advierte que en el caso del Grupo Aval “podría haber extradiciones, según lo que las autoridades sigan encontrando”, y que “los últimos acontecimientos en EE. UU indican que no estaría lejos la extradición de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del @grupo Aval y de las juntas directivas de @BancodeBogotá” y Corficolombiana, entre otras matrices de Episol (Ruta del Sol II). Es una aberración que la podrida justicia colombiana, tomada por las mafias del narcotráfico, el poder económico y político, haya perdido autoridad moral e independencia, además de su incapacidad para administrar justicia en el territorio colombiano y haya subrogado la soberanía nacional para juzgar a sus propios delincuentes de la alta oligarquía.
Son muchos los implicados en el mega-caso de sobornos de Odebrecht en Colombia, quienes deben ser incluidos en los aportes de verdad con los que se comprometieron los dueños del grupo Aval. Se supone que los investigadores estadounidenses esperan información sobre todas las maniobras de Odebrecht con los corruptos gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el subpresidente Iván Duque, para quedarse con los contratos. Seguramente a este baile serán invitados obligados los propios expresidentes, los hijos de Uribe, el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, el exsenador Bernardo “el ñoño” Elías, Juan Sebastián Correa, ficha de Otto Bula, José Elías Melo, quien ahora se reclama como chivo expiatorio, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien se auto inculpó de haber recibido la astronómica suma de 6.5 millones de dólares, el excandidato de Uribe, Oscar Iván Zuluaga y su hijo, entre otros.
Es hora de que los organismos de control, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, así como las altas cortes del poder judicial, sean arrancadas de las garras de las mafias gobernantes y el narcotráfico para que cumplan con garantías democráticas, independencia e imparcialidad la función de controlar el gobierno e impartir justicia. Lo democrático sería que, para asegurar su independencia, la Fiscalía, la Procuraduría y las magistraturas de las altas cortes sean elegidas por voto popular.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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