POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Colombia está viviendo un momento decisivo. La Sección Quinta del Consejo de Estado en una decisión tomada por los magistrados Omar Joaquín Barreto Suárez, Pedro Pablo Vanegas Gil y Luis Alberto Álvarez Parra— ha suspendido la Consulta Popular convocada por el presidente Gustavo Petro para que el pueblo se pronuncie sobre la reforma laboral. ¿La razón? Según el fallo, no se contó con un concepto previo del Senado, como exige el artículo 104 de la Constitución.
Pero esta explicación “técnica” esconde una verdad política mucho más grave: el Senado se negó a emitir ese concepto de manera deliberada para bloquear el camino de la consulta, con lo cual la justicia está castigando a quien quiso respetar la voluntad del pueblo, y premiando a quienes sabotearon el proceso democrático desde el Congreso.
Cuando la legalidad se convierte en injusticia
No se puede hablar de Estado de Derecho cuando se utiliza la ley como arma para frenar la participación ciudadana. El concepto previo del Senado no fue negado por falta de tiempo, sino por un acto consciente de obstrucción por parte de una mayoría parlamentaria que se niega a discutir la reforma laboral y teme que el pueblo tenga la última palabra.
Entonces, ¿cómo puede el Consejo de Estado afirmar que el Presidente violó la Constitución por no tener un concepto que el propio Senado se negó a dar? Esa es la trampa. Se está utilizando la norma para sancionar al Ejecutivo por una falta creada artificialmente por el Legislativo. Es como culpar a un campesino de no cosechar, después de haberle arrancado las semillas.
Esto no es neutralidad: es un fallo político
Que no nos engañen. Esta decisión no es un asunto “jurídico”, como quieren hacerlo ver. Es un fallo político que favorece a los sectores de siempre: a la oligarquía que ha convertido el Congreso en una barricada contra los intereses populares, a los mismos que no quieren que el pueblo decida sobre su presente ni su futuro laboral.
La Consulta Popular es un mecanismo legítimo, constitucional y profundamente democrático. Pero para muchos poderosos, es un peligro: significa darle poder a la gente. Por eso buscan silenciarla. Hoy fue la Sección Quinta del Consejo de Estado. Mañana, puede ser cualquier otra instancia que esté más comprometida con los intereses de los partidos tradicionales que con la Constitución del 91.
La Corte Constitucional tiene la última palabra… pero el pueblo también
La decisión de fondo aún no está tomada. La Corte Constitucional debe pronunciarse sobre la validez del decreto presidencial que convocó la consulta. Pero no podemos quedarnos esperando con los brazos cruzados. El pueblo también tiene palabra, tiene historia y tiene piernas para movilizarse.
Llamamos a todos los colombianos y colombianas, a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, populares y de derechos humanos a mantenerse en alerta máxima. Esta no es una pelea jurídica. Es una pelea por la democracia, por el derecho a participar, por el derecho a construir un país donde no sean cinco togados y un puñado de senadores los que decidan por todos.
¡Movilicémonos por el derecho a decidir!
No podemos permitir que la soberanía popular sea suspendida por tecnicismos ni bloqueada por la politiquería. Si el Congreso y algunos jueces se niegan a cumplir su deber constitucional, entonces nos corresponde al pueblo cumplir el nuestro: movilizarnos, deliberar, presionar, participar y defender el derecho a decidir.
El mensaje es claro: el pueblo no se rinde, el pueblo no calla y el pueblo no olvida quién le quitó la voz. La Consulta Popular sigue viva en el corazón de millones. Y cuando el pueblo habla, no hay toga que lo detenga.
¡Colombia, a las calles si es necesario! Porque la democracia no se suplica: se defiende.
