POR OCTAVIO QUINTERO
Puede argumentarse válidamente que el gran problema mundial es la corrupción inmersa en todas las actividades imaginables al alcance del ser humano, 24 horas al día siete días a la semana (24/7), desde el tráfico de personas y el comercio de órganos humanos, pasando por las guerras internas y externas, la violencia, el narcotráfico y el tráfico clandestino de armas.
El Índice de Percepción mundial de la Corrupción (IPC/2022), nos informa que estamos perdiendo la batalla en este campo. “Los niveles no han variado en once años consecutivos”… La sociedad convive con la corrupción y los gobiernos la consienten y, en buena medida, forman parte activa de ella, en un contexto cada vez más violento.
Piénsese, no más, cuánto dinero sucio mueve el narcotráfico: una investigación de Global Financial Integrity estima que los flujos narcofinancieros entre EE.UU., México y Colombia, los principales actores en América, pueden alcanzar los 121.000 millones de dólares anuales; súmenle el contrabando de mercancías y armas… ¿Cuántos miles de millones de dólares se esconden en paraísos fiscales? (11,3 billones –cifra alucinante—en su mayor parte por evasión de impuestos y delitos varios, según estudio publicado por la OCDE)… Agréguenle, para no alargar el cuento, la corrupción que permea todo el libre mercado, en el que destacan actividades como la industria farmacéutica que llenó sus arcas y bolsillos de funcionarios corruptos en estos aciagos años de pandemia.
En resumen, las actividades criminales, abiertas o emboscadas en negocios lícitos, mueven anualmente entre 8 y 15 % del PIB global, calculado por el Banco Mundial en 2021 en 96,51 billones de dólares… En cifras concretas, entre 7,7 y 14,5 billones de dólares: ¡UFF!
Este IPC también está muy ligado con la violencia. Los países que tienen las puntuaciones más altas en violencia coinciden con los que tienen puntuaciones muy bajas en transparencia. “Los gobiernos asediados por la corrupción carecen de capacidad para proteger a las personas y, a su vez, en esos contextos, el descontento público tiene más probabilidades de transformarse en violencia. Este círculo vicioso impacta a países de todas las regiones”. Colombia, por ejemplo, se destaca en Latinoamérica.
También este persistente IPC puede ser tomado como testimonio fehaciente del fracaso del neoliberalismo, pues, se instauró bajo la premisa de que la gestión privada era crisol de moralidad; y no hay tal. Se olvidó que la corrupción siempre es plural, es decir, si antes se generaba en la gestión del Estado en connivencia con la empresa privada, ahora se genera en la gestión de la empresa privada en connivencia con el Estado. El cambio fue de sujeto activo a pasivo, y viceversa. Di Lampedusa no lo habría imaginado mejor.
Pienso en esto, al intentar abordar el tema de la salud en Colombia, subido de tono por estos días, ante la respectiva reforma propuesta por el Gobierno Petro en desarrollo, valga la aclaración, de la Ley Estatutaria de Salud expedida hace ocho años, 1751/15: “… El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado (art. 2º)”.
Nunca antes se había visto a la empresa privada tan “preocupada” por la salud de los colombianos como hoy. Se opone rotundamente a que el Estado asuma directamente el manejo de los billonarios recursos públicos de un nuevo sistema sanitario que gire en torno a la prevención y predicción de las enfermedades de la gente. Pareciera, pensando mal, que al sector privado le resulta mejor negocio el modelo actual basado en paliar enfermedades hasta la muerte de los pacientes. El modelo propuesto, por el contrario, pretende implantar la medicina predictiva y preventiva, dos ítem distintos, pero complementarios, como explica la ministra Carolina Corcho, en el ojo del huracán.
Este pulso evoca el debate que se libró en el pasado reciente en torno al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS), que se “resolvió” con la creación de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), y la consiguiente liquidación del ICSS. La historia es larga y está contada parcialmente, en cuanto a que en el imaginario colectivo quedó instalada la idea de que el sistema colapsó, simple y llanamente, porque estaba en manos del Estado. Y no es del todo cierto; mejor dicho, sí y no… Es cierto que desde el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), en adelante, el Estado dejó de aportar su parte al ICSS; dispuso dónde colocar los fondos; clientelizó y politizó el Seguro Social que llegó a tener 40.000 trabajadores, gobernado por gerentes y juntas directivas, nacional y regionales, extraídas del sector político. Pero si la solución era poner la administración y el manejo de los recursos públicos en manos privadas, ¿por qué, entonces, el sistema hoy también está colapsado?, y por la misma causa: ¡Corrupción!
En el tema concreto de las EPS, que nos ocupa, es tristemente famoso el caso de Saludcoop que colapsó dejando una huella de corrupción estimada por la Contraloría General en 1,4 billones de pesos, sumada a la corrupción de otras 100 EPS liquidadas entre el 2003 y el 2015, muchas adscritas a congresistas según un trino reciente del exministro neoliberal Rudolf Hommes, artífice de la Ley 100 de 1993 que les dio vida, cuyas deudas insolutas no han sido siquiera cuantificadas, más los 16,6 billones de hoy que adeudan a clínicas y hospitales las que se ahogan en su propio mar de corrupción. Con decir, para cerrar el tema, que solo cinco EPS, de las 30 que sobreviven, cumplen en estos momentos con las reservas técnicas para prestar el servicio de intermediarias financieras en el sistema de salud.
Aquí desembocamos en el problema mayor: escuetamente se trata de dilucidar si seguimos dejando que los recursos públicos los siga malversando el sector privado o volvemos a darle un chance al sector estatal. Así de simple.
Sea lo que sea, pienso, y es teoría universal con suficiente ilustración, que la salud preventiva y predictiva resulta más humana y eficiente, en términos de gestión de los recursos. Es a lo que apuntan las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz de la pandemia que cogió al mundo “con los calzones abajo”, como se dice comúnmente. Con el solo hecho de que el nuevo modelo apunte a esa meta, vale apostar al cambio.
Pero no dejo de concluir (¿quién conmigo?) que el celo de la empresa privada, más allá de su dudosa preocupación por la población, pasa por el negocio y consiguiente corrupción implícita en las EPS; se está jugando el manejo de 51,2 billones de pesos (presupuesto de salud para 2023)… Sobre el 10% que, calculan los entendidos es la media del CVY (¿cómo voy yo?), estaríamos hablando de un botín de 5,12 billones de pesos, fuera de las ganancias, elevadas de por sí, de la intermediación financiera en Colombia. Da para mover cielo y tierra con tal de no perder el negocio y meter el mordisco.
Fin de folio.- Una periodista de la BBC de Londres, le pidió a Zelenski, en rueda de prensa, que la abrazara. El Presidente ucraniano rompió el protocolo, y ella, la independencia periodística.
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