POR HERNÁN PEDRAZA SARAVIA /
Prolegómenos necesarios
La Cooperativa de Lecheros del Atlántico Coolechera (administración Combariza) y su entonces gerente, Manuel Combariza Rojas, ya aparece ligada a la financiación de los grupos paramilitares en los primeros 100 folios del proceso matriz por la parapolítica ideado por el también entonces, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez, proceso en el cual no había acusados, ni delitos; sino que, allí se encontraban acumuladas las pruebas concernientes a la relación de los aforados competencia de la Corte Suprema de Justicia con los grupos paramilitares con el objeto de ser trasladadas a los procesos individuales contra cada uno de ellos.
El proceso se había iniciado con una denuncia anónima que adquiere consistencia con la denuncia formal de un candidato al Congreso, un peso pesado como lo era Hugo Escobar Sierra, exministro de Justicia del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-82) y uno de los autores, junto a Felio Andrade Manrique, del Estatuto de Seguridad ideado para golpear las acciones de la guerrilla, especialmente del M-19; la denuncia pone en conocimiento de la Corte Suprema los hechos que dieron origen a las circunscripciones o distritos electorales de “Jorge 40” para elegir a los senadores Dieb Malof, Mauricio Pimiento y “Lucho” Vives Lacouture en la Costa Caribe.
Terceros civiles
EL vacío más grande en la justicia colombiana es la responsabilidad de los terceros civiles comprometidos en crímenes ligados al paramilitarismo, desde la conformación de grupos irregulares al margen de la ley; es decir, bloques paramilitares (Bloque Norte, Bloque Montes de María, Bloque Centauros) y redes de apoyo incrustadas en las instituciones del Estado (Incoder, Superintendencia de Notariado y Registro, Departamento Administrativo de Seguridad de la Presidencia de la República DAS), en los partidos políticos (parapolítica) y en algunos gremios económicos (Augura, Ganacor), hasta su participación, como determinadores en la mayoría de los casos y como perpetradores en otros, en crímenes de lesa humanidad como desplazamiento forzado, tortura, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, masacres, homicidios sistemáticos contra grupos étnicos y minorías sociales, violencia de género y otros delitos.
Un grupo importante de parlamentarios, diputados, concejales, ministros, gobernadores y alcaldes han sido juzgados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante el proceso por la Parapolítica (Dieb Malof, Mauricio Pimiento, Vives Lacouture, Mario Uribe, De la Espriella, Rubén Darío Quintero, Arboleda, “El gordo” García, Pinedo Vidal); los jefes paramilitares fueron juzgados por la Jurisdicción de Justicia Transicional creada por la Ley de Justicia y Paz, además un grupo muy importante de ellos fue extraditado a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico (Mancuso, Macaco, Gordolindo, Hernán Giraldo, Don Berna); los militares comprometidos en crímenes como los llamados “falsos positivos” y los guerrilleros en delitos como el “secuestro”, el reclutamiento de menores y delitos de género están siendo juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); sin embargo, las víctimas de los terceros civiles han quedado en un limbo jurídico pues no saben a cuál tribunal acudir; por ende, los victimarios han gozado de total impunidad.
El último caso conocido tiene que ver con hechos sucedidos en la Costa Caribe durante la etapa más aguda del avance paramilitar del Bloque Norte y grupos subordinados a él como el Frente Pivijay en Magdalena, dirigido en ese municipio por el ganadero Saúl Alfonso Severini Caballero, capturado en 2006 por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de conformación de grupos paramilitares, concierto para delinquir, homicidio y desplazamiento forzado, además el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla lo vincula al despojo de tierras; sin embargo en 2007 fue dejado en libertad interponiendo un recurso de apelación, el mismo camino de impunidad que ya recorrieron otros ganaderos de la zona y jefes paramilitares como “Juancho” Prada o “Chepe” Barrera y el Frente José Pablo Díaz en Atlántico que dirigiera el exmilitar Edgard Ignacio Fierro Flórez, “Don Antonio”.
Según el diario El Espectador en audiencia del pasado 23 de agosto (2023), el magistrado Gustavo Roa de la Sala Penal del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y le solicitó que ejecute acciones procedentes en este caso como la extinción de dominio de los bienes adquiridos ilegalmente a fin de reparar a las víctimas de estos hechos.
EL Tribunal ha elaborado una lista de 40 individuos entre los cuales hay financiadores, exalcaldes y miembros de la Fuerza Pública como Flover Torres Sánchez “El Ingeniero” policía del Gaula Atlántico, Farid Umar Alfonso López “Mono Gaula” del ya liquidado Departamento Administrativo de Seguridad de la Presidencia de la República (DAS) de ingrata recordación, Javier Castro de la Hoz del Batallón Vergara en Malambo (Atlántico) y su familiar Juan Manuel Castro de la Hoz, un policía de apellido Mena residenciado en Remolino (Magdalena) y los soldados conocidos con los alias de “El Iguano” de nombre desconocido y “El Puma”, Sergio Salazar Soto.
En el grupo de políticos, empresarios, ganaderos y aportantes, además del ya mencionado Severini Caballero, se encuentran el financiador del Bloque Norte Adolfo Mario Celedón quien fuera alcalde de Salamina y Jorge Salah Donado, este último acusado de asesinato selectivo y robo de tierras, pero adicionalmente y en un dato muy revelador fue accionista asociado de Coolechera la Cooperativa de Lecheros de la Costa Atlántica, completamente ligada al Bloque Norte de “Jorge 40” durante la administración del gerente Manuel Combariza Rojas; por tanto, perteneciente a la misma organización de la cual hizo parte Álvaro Pupo Castro presunto encargado de trasmitir la “Lista Negra del DAS” a su primo Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40” para que fueran asesinados por el Bloque Norte, adicionalmente había otras listas; de acuerdo con un informe de la Unidad Investigativa de El Tiempo entre las víctimas se encontraban Alfredo Correa de Andréis, Adán Pacheco, Carlos Peralta, Hugo Palacios, Zuly Esther Codina Pérez, Miguel Espinosa Rangel, Pedro Pérez, Rubén Serge Thomas, Nelson Cotes, Luis Torres, Oscar Santiago, Elías Durán Rico y Jesús Caballero; todos ellos directivos, afiliados, asesores o colaboradores del Fondo de Empleados del SENA y del Estado FES; la razón: habían hecho seguimiento a los mecanismos de financiación de los grupos paramilitares en la Costa Caribe.
El diario El Heraldo de Barranquilla publica un informe según el cual, la Sala Especial de Justicia y Paz del Tribunal Superior de esa ciudad compulsó copias en términos similares a la Fiscalía General de la Nación, para investigar a los empresarios Alfonso Macías Vargas y Rafael Antonio Matera Lajud con base en declaraciones de Salvatore Mancuso, jefe máximo de las AUC, Matera fue representante legal de Frigorífico Camagúey y al igual que Macías fue socio de Palmeras de la Costa; con anterioridad los dos ya habían sido señalados por Francisco Segura Gómez “Alacrán” y Jorge Escorcia Orozco “Rocoso” como colaboradores de las AUC.
La compulsa de copias se envió a la Dirección de Justicia Transicional, Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio y Delegada para Fianzas Criminales, todas de la Fiscalía General de la Nación, para que den inicio a las acciones pertinentes.
Importancia de esta compulsa de copias en el caso de terceros civiles financiadores del paramilitarismo
Vale destacar que las comisiones de finanzas de los bloque paramilitares utilizaron como holding a cooperativas, desde las cuales distribuían los dineros producto de su portafolio de actividades criminales a los frentes y comisiones militares; la razón fundamental era evadir los controles de la Superintendencia Financiera que les impedía manejar sus dineros mal habidos en cuentas bancarias; por el contrario, la circulación a través de cooperativas vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria tenía la gran ventaja que, durante el largo periodo en que fungió como superintendente Enrique de Jesús Valderrama Jaramillo (2002-2012), esta entidad fue ciega, sorda y muda frente a las noticias de prensa, radio y televisión, las denuncias de las víctimas y los pronunciamientos de la Justicia y la Fiscalía que daban a conocer estos hechos; sus funcionarios nunca ejercieron sus atribuciones de inspección, vigilancia y control de estas entidades cooperativas dedicadas a financiar las atrocidades de los Bloques Paramilitares.
El portal Verdadabierta.com calcula en 1.664 los asesinatos del paramilitarismo en Barranquilla durante el periodo 2002-2006; de acuerdo con noticias publicadas en su momento por los diarios barranquilleros El Heraldo y La Libertad, la banda de sicarios que asesinó a las víctimas de los paramilitares incluidos en la denominada Lista Negra del DAS y en otras listas, tenía como fachada la empresa de seguridad Asis Ltda., propiedad de los Jefes de Seguridad de Coolechera (tomada por Jorge 40 a través del gerente Combariza), Jorge Palacios, de Frigorífico Camagüey (Representada legalmente por Matera Lajud), Teófilo Rey Linero y de Uniapuestas, (según datos de la revista Semana era propiedad de “La Gata” Enilse López, dueña de todas la empresas de chance en la Costa Caribe), Wilson Fresney Rámirez; además hacían parte de la banda el jefe de seguridad de la Universidad Autónoma de Barranquilla (Cuya dueña, la argentina Silvia Gúete, está acusada de ordenar un asesinato) Juan Carlos Rada, el exdirector del Hospital Materno-Infantil de Soledad (Los recursos de este hospital, cuya jefe de finanzas era la hermana de “Don Antonio” Lorena Fierro Flórez, constituían la caja menor para el pago de los sicarios) Saulo Aristizábal y el hombre que controlaba el mercado de abastos de Barranquilla, Oswaldo Calvano, encargado de alquilar las armas; según datos de los mismos paramilitares allí “era posible alquilar desde un revolver hechizo hasta una Bazuca”.
Además de la cooperativa Coolechera (Administración Combariza), fueron utilizadas con idénticos fines Coopsabana (administraciones Frazer y Chávez) para saquear las regalías del petróleo de Sucre y entregarlas al Bloque Montes de María de un personaje tan tenebroso y siniestro como Rodrigo Mercado Peluffo “Cadena”, la cooperativa Mangoazucar Ltda. en Ciénaga (Magdalena) para el control del mercado de abastos, la cooperativa Caribe Salud de la cual la Fiscalía General informó que posiblemente los dineros de sus contratos con el Hospital San Juan de Dios de Magangué terminaron en cuentas de Uniapuestas, como ya vimos su jefe de Seguridad, Wilson Fresney Ramírez, era socio de Asis Ltda. encargada de pagar y contratar a los sicarios que hacían las tareas criminales por encargo del Bloque Norte; Coochigorodo utilizada para lavar los dineros de la empresas bananeras del Urabá, entre ellas la subsidiaria de Chiquita Brands, empresa que fue condenada por la justicia norteamericana por aportar dineros con los cuales la Casa Castaño compró 3.700 fusiles AK-47 y 4 millones de balas para asesinar y masacrar colombianos durante la etapa más sangrienta del Conflicto Armado; Cooagroindullanos y Coopmega del Bloque Centauros de “Arroyave o Arcángel” en el departamento del Meta.
Corolario final
De modo suficientemente documentado, existen al menos 50 cooperativas utilizadas por Bloques paramilitares para financiar el portafolio de sus actividades criminales; sin embargo, ni una sola de ellas fue intervenida o al menos investigada por el Superintendente Valderrama Jaramillo; la total ausencia y su falta de diligencia en cumplir con sus funciones de supervisión, inspección, vigilancia y control de las cooperativas que pagaban a los criminales fue compensada ampliamente con la diligencia en cumplirlas frente a la entidad solidaria a la cual pertenecían las víctimas asesinadas: el Fondo de empleados del SENA FES, la cual fue intervenida por Valderrama Jaramillo en noviembre de 2004, poco después que los sicarios pagados por el jefe de Seguridad de Coolechera (Administración Combariza), Jorge Palacios asesinara a Alfredo Correa de Andréis en Barranquilla; la razón: descubrir los mecanismos de financiación utilizados por las cooperativas de los Bloques paramilitares; hoy cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un proceso de Reparación Directa contra la Supersolidaria por la desaparición de 22.000 millones de pesos de la arcas del FES durante la intervención ordenada por Valderrama Jaramillo y un informe ante la JEP por el asesinato de los doce colaboradores del Fondo de Empleados del SENA, FES.
Revista Sur, Bogotá.
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