POR CRONICÓN.NET / JUAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA /
Si bien la candidata de la Revolución Ciudadana (correísmo), Luisa González Alcívar ganó el pasado domingo 20 de agosto la primera vuelta electoral con el 33.38 % (3.151.972 votos) frente al ultraconservador Daniel Noboa Azin, hijo del potentado bananero y varias veces aspirante presidencial, Álvaro Noboa Pontón, quien sorpresivamente obtuvo el 23.61 % (2.229.100 votos), la circunstancia es que el progresismo ecuatoriano ahora tiene que enfrentarse a todo el espectro de la mafiosa derecha, pues los otros seis impresentables aspirantes que se presentaron a estas elecciones (todos apologistas del modelo neoliberal) adelantadas por el inepto mandatario y cuestionado banquero Guillermo Lasso Mendoza por corrupción comprobada y estrechos vínculos con la mafia albanesa, se unirán para cerrarle el paso a como dé lugar.
No obstante que en política-electoral uno más uno no son dos, la situación para el binomio de la Revolución Ciudadana Luisa González-Andrés Arauz es compleja, por cuanto como bien señala nuestro colaborador, el reconocido historiador ecuatoriano Juan J. Paz y Miño Cepeda, en su ponderado análisis que publicamos más abajo, la consigna ahora será “todos contra el correísmo”.
Otro elemento a tener en cuenta es que el correísmo no logró crecer electoralmente en esta primera vuelta (obtuvo el 33.38 %) con respecto a la de 2021 en la que el binomio integrado por Andrés Arauz-Carlos Rabascall alcanzó el 33.35 % cuando pasó al balotaje con el banquero Lasso Mendoza, quien terminó rebasándolo en la segunda vuelta y hacerse con la victoria electoral.
Es decir, la Revolución Ciudadana se mantuvo en sus reales y ahora tendrá que reinventarse estratégicamente para enfrentar a Noboa Azin, un administrador de empresas de 35 años, egresado de prestigiosas universidades estadounidenses, quien representa al movimiento ultraconservador Ecuador Unido, fundado nada menos que por Edwin Moreno, hermano del impresentable traidor expresidente Lenín Moreno Garcés.
Noboa Azín, un privilegiado nieto-heredero del magnate bananero Luis Noboa Naranjo, empresario que prohijó la carrera del autoritario dirigente del neoliberal Partido Social Cristiano (PSC) León Febres Cordero, quien llegó a la Presidencia del Ecuador en 1984, aglutina desde ya todo el arco de los corruptos y mafiosos sectores de la ultraderecha de este país, al tiempo que es el candidato del gobierno del banquero Lasso Mendoza.
El entorno empresarial de la familia Noboa en Ecuador viene siendo muy cuestionado desde hace años puesto que Álvaro, el padre del aspirante presidencial, se vio enfrascado en problemas con sus hermanos porque se aprovechó del proceso hereditario de la fortuna de su progenitor; fue acusado de violar la legislación laboral al consolidar un sistema de semiesclavitud bajo el cual mantenía a sus trabajadores en las haciendas bananeras de su propiedad y explotaba el trabajo infantil. Adicionalmente, posee cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos y perdió la hacienda La Clementina de 11.500 hectáreas en la provincia de Los Ríos por una inmensa deuda tributaria con el Estado ecuatoriano.
Durante su paso por la Asamblea Nacional entre 2021 y 2023, Noboa Azín se caracterizó por su pésima gestión y su apoyo a la agenda neoliberal que intento impulsar el gobierno de Lasso.
Mentalidad política pérfida
De todas maneras en política nada está escrito y menos en un país como el Ecuador en donde el común denominador de su idiosincrasia es la perfidia. En el inefable escenario político ecuatoriano todo puede pasar y si bien parecería que todo el arco de la derecha apoyará a Noboa Azín, en el lapso que queda de aquí hasta el 15 de octubre que es la segunda vuelta muchas circunstancias pueden acaecer.
Y es que históricamente el escenario político ecuatoriano ha estado caracterizado por la felonía, la trampa y la deslealtad. Sus escasos líderes que han trascendido tanto en el siglo XX como en el XXI han sido perseguidos y traicionados, como ocurrió con el estadista Eloy Alfaro, quien condujo a esta nación andina a la modernidad, resultó asesinado en enero de 1912 y sus restos calcinados en uno de los principales parques de Quito, en lo que el historiador Alfredo Pareja Diezcanseco denominó la “hoguera bárbara”. Y qué decir, del expresidente Rafael Correa Delgado, quien encausó al Ecuador hacia el siglo XXI, traicionado por su entonces compañero Lenín Moreno Garcés, quien se entregó a Washington para revertir una década de progreso y solidez económica y entregó el país a los especuladores, politiqueros neoliberales y banqueros como Guillermo Lasso. Hoy Correa enfrenta alrededor de medio centenar de causas penales, todas forjadas con falsos testimonios y sin ninguna consistencia probatoria, las cuales han sido aceptadas por un poder judicial corrupto entregado al servicio de los poderes fácticos de la mafiosa derecha ecuatoriana.
En esta coyuntura electoral, Ecuador se debate entre dos modelos económicos: o logra un cambio estructural con una opción progresista que encarna la candidata Luisa González o continúa bajo la férula mafiosa neoliberal del empresariado liderado por un inexperto millonario como Noboa Azin, quien sería una especie de gobierno Lasso 2.0.
Progresistas o millonarios
El 10 de agosto de 1979 se inició la época de gobiernos constitucionales más larga en la historia del Ecuador y, al mismo tiempo, con varios ciclos presidenciales. Entre 1979-1996 se sucedieron: Jaime Roldós (1979-1981), Osvaldo Hurtado (1981-1984), León Febres Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja (1988-1992) y Sixto Durán Ballén (1992-1996). Exceptuando Hurtado (quien ocupó la Presidencia por la muerte de Roldós), todos surgieron de elecciones. Fue un ciclo de estabilidad gubernamental que contrastó con el que siguió entre 1996-2006, cuando se sucedieron las presidencias de Abdalá Bucaram (1996-1997), Fabián Alarcón (1996-1998), Jamil Mahuad (1998-2000), Gustavo Noboa (2000-2003), Lucio Gutiérrez (2003-2005) y Alfredo Palacio (2005-2007). Rosalía Arteaga no fue mandataria, sino vicepresidenta encargada de la Presidencia durante un fin de semana conflictivo por la salida de Bucaram. Lo paradójico es que los tres únicos mandatarios electos (Bucaram, Mahuad y Gutiérrez) fueron derrocados por “golpes parlamentarios”, resueltos ante las imparables movilizaciones sociales en su contra. Incluso al caer Mahuad, se constituyó una efímera dictadura nocturna (21 de enero de 2000), con participación militar.
Se entroniza el modelo neoliberal
En perspectiva histórica, del reformismo popular con enfoque desarrollista que caracterizó al gobierno de Roldós y relativamente al de Hurtado, a partir de Febres Cordero (presidente empresario/millonario), despegó en el país un nuevo modelo de economía, inspirado en la ideología neoliberal que se extendía por América Latina a consecuencia de los condicionamientos sobre las deudas externas forzados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El socialdemócrata Borja interrumpió ese proceso, que, recobrado por Durán Ballén, se consolidó en la década de los noventa. El modelo empresarial-neoliberal tuvo como soporte a las poderosas elites económicas del país. Favoreció un acelerado crecimiento capitalista, con privilegio a esas elites, ascenso de sectores de clases medias, profunda concentración de la riqueza y mantenimiento de las deterioradas condiciones de vida y de trabajo para la mayoría de la población nacional. Desde el año 2000 incluso se disparó la inédita emigración de ecuatorianos, cuyas remesas pasaron a ocupar el segundo lugar en ingresos, después de las exportaciones de petróleo. Al rumbo económico acompañó el debilitamiento del Estado y el deterioro de los servicios públicos, la imparable corrupción pública y también privada, así como la afectación a la vida de paz y democracia, ilusionada por los ecuatorianos.
En contraste con las décadas y ciclos anteriores, entre 2007-2017 gobernó Rafael Correa Delgado, electo en tres oportunidades. Se inició un nuevo ciclo porque fue desechado el modelo empresarial-neoliberal, para establecer una economía social, que permitió recuperar capacidades estatales, así como inversiones y servicios públicos, afirmando una nueva institucionalidad, de acuerdo con la Constitución de 2008. Los avances sociales de una década, con redistribución de la riqueza, reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo generales, fueron destacados especialmente por informes de organismos internacionales, además de estudios e informes nacionales. También creció la economía, beneficiada por altos precios del petróleo, así como la rentabilidad de distintos sectores empresariales. El país pasó a ser un referente latinoamericano, en el contexto de lo que en la región se identificó como primer ciclo progresista. Sin embargo, al sobrevenir la recesión económica (2014/15), se aflojó la vía de las reformas. En el camino, la polarización política entre partidarios y opositores al gobierno se profundizó y perdura hasta el presente. Es un síntoma de los distintos intereses de clase que se ubican en la sociedad, según la balanza se incline por el “correísmo” o por el “anticorreísmo”.
A pesar de que el impresentable felón Lenín Moreno fue auspiciado por la Revolución Ciudadana, su gobierno (2017-2021) marcó otro ciclo, pues restauró el modelo empresarial-neoliberal y persiguió al “correísmo”, cuyos líderes más visibles (incluido Rafael Correa) fueron encausados por “corrupción”, “asociación criminal” o cualquier otra acusación que alimentara el imparable lawfare, con el que se presumió la culpabilidad de cualquier “correísta”. Bajo esas nuevas condiciones, se afirmó un bloque de poder dominante expresado en las derechas económicas, mediáticas y políticas. Las consecuencias de semejante giro histórico se advirtieron en la desestabilización institucional, la pérdida de capacidades estatales, la debacle de los servicios públicos, el renacimiento de los intereses de las elites económicas y sectores de clases medias identificados con ellos y la represión a los movimientos sociales. Retornó el derrumbe de las condiciones de vida y trabajo, con creciente pobreza, desempleo y subempleo, agravados en 2020 con la llegada de la pandemia mundial del coronavirus, desatendida por el gobierno.
El sucesor Guillermo Lasso (2021-hoy), otro presidente empresario/millonario (banquero), pudo consolidar al bloque de poder que utilizó a Moreno para lograr la restauración de sus intereses. Esta vez, el modelo empresarial-neoliberal adquirió características oligárquicas, comparables con las que Ecuador vivió durante la primera “época plutocrática”, entre 1912-1925, basada en la dominación despótica privada. Así se explica no solo la continuidad de las políticas de Moreno, sino su ampliación, que han ocasionado el “achicamiento” del Estado, afectando sus capacidades y la institucionalidad nacional. Esta vez, el camino neoliberal ha sido el más profundo en cuatro décadas. En consecuencia, cayeron las políticas sociales y se sumó el imbatible despegue de la inseguridad ciudadana, por la explosión de la delincuencia y el crimen organizado, ante las incapacidades estatales para enfrentarla.
Frente a estas complejas situaciones históricas y la pérdida de legitimidad social del gobierno, en la Asamblea Nacional se propuso el juicio político al presidente Lasso, quien se adelantó al proceso aplicando la “muerte cruzada” (mayo 2023), un mecanismo constitucional que implica elecciones anticipadas tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. En los hechos, Lasso no pudo completar su período presidencial y se suma a los tres mandatarios derrocados del pasado inmediato, que tampoco concluyeron su ciclo de gobierno.
En esas circunstancias, los resultados de las elecciones del pasado domingo 20 de agosto (2023) reflejan una realidad histórica: en la segunda vuelta (octubre 15) estarán Luisa González y el millonario empresario Daniel Noboa.
Luisa González representa la posibilidad de avanzar en una economía social, cuyas bases, como ella ha destacado, las puso el gobierno de Rafael Correa. En cambio, Daniel Noboa, a pesar de la imagen de renovación política y juventud que ha proyectado (y que le ha dado sorpresiva victoria), tanto por su programa de gobierno, como por sus declaraciones y por el círculo empresarial y social al que está vinculado, representa la continuidad del modelo de economía empresarial-neoliberal y oligárquico. Como ya ocurrió en el pasado, la consigna será “todos contra el correísmo”. Una polarización que inquieta en América Latina, por los riesgos que tiene el proyecto progresista en Ecuador. Y que, sin duda, también estará en la mira de los Estados Unidos, en una coyuntura internacional en la cual toda inclinación de un país a la izquierda perjudica al americanismo-monroísta.
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