VERDAD ABIERTA /
El resultado del juicio civil realizado en la Florida, que falló a favor de ocho demandantes, marca la pauta para más víctimas que buscan justicia por el asesinato de seres queridos a manos del narcoparamilitarismo, que fue financiado por la multinacional bananera. El fallo acelerará reparación de miles de víctimas
Ocho familias de personas asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) encontraron algo de justicia el pasado 10 de junio con el veredicto que determinó la responsabilidad civil de Chiquita Brands International por haber financiado al grupo paramilitar en Colombia. Se abre una ventana para muchas más víctimas del Urabá antioqueño y la zona bananera de Magdalena.
En la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, el jurado les otorgó a ocho demandantes un total de 38,5 millones de dólares luego de determinar que se probó, irrefutablemente, que Chiquita le dio “asistencia sustancial” a las AUC en la forma de pagos en efectivo u otras formas de apoyo, y que esa asistencia “creó un riesgo previsible de daño a otras personas, incluyendo los familiares de (los) demandantes”.
El jurado también determinó que Chiquita no pudo probar que su apoyo a las AUC fue el resultado de un daño inminente a la empresa o sus empleados. Es decir, que no se trató del pago de extorsiones a ‘vacunas’.
“Nuestros clientes arriesgaron sus vidas para pedir que se haga justicia en contra de Chiquita, poniendo su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos”, dijo la abogada Agnieszka Fryszman, de la firma de Cohen Milstein, que representó a varios de los demandantes.
Marco Simons, director jurídico de la oenegé EarthRights International, que representó a otro de los demandantes, celebró las decisiones del jurado. “Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial”.
En un comunicado Chiquita dijo que apelará el veredicto. “La situación en Colombia fue trágica para tantos, incluyendo los que fueron afectados directamente por la violencia allá. Sin embargo, eso no cambia nuestra convicción de que no hay ninguna base legal para estas demandas”, dijo la empresa un día después de que se conociera la decisión del jurado.
Entre los demandantes representados en el juicio estaba una mujer que, cuando tenía apenas 10 años, presenció el asesinato de su madre y padrastro a manos de los paramilitares quienes estaban presionando para que la familia vendiera su finca. También estaban familiares del trabajador bananero David González que en 1997 fue bajado de un bus por hombres de las AUC y asesinado; su cuñada e hija luego fueron víctimas de desaparición forzada.
Simons dijo que el veredicto podrá marcar la pauta para las 4.500 víctimas adicionales que han demandado a Chiquita. “Es posible que las decisiones del jurado en este caso ayudarán a agilizar juicios futuros”, dice Simons. “También es posible que el veredicto del jurado en este caso forme un modelo para un acuerdo general (fuera de la corte) en estas demandas”.
Simons recalca que ese tipo de acuerdo es la forma más común en que se resuelven casos civiles con miles de demandantes. “Puede haber uno, dos o varios juicios representativos y, basado en los resultados de esos juicios, las partes se juntan para un acuerdo general para resolver el resto de las demandas”, dice, aunque anota que esa solución podría tomar bastante tiempo.
El próximo juicio representativo contra Chiquita está por comenzar el 15 de julio con 10 demandantes.
Gran alcance en materia de derechos humanos
La abogada colombiana y consultora jurídica, Tatiana Devia, quien acompañó el proceso, dijo que el fallo histórico tiene implicaciones de gran alcance para los derechos humanos en el mundo. “Fortalece el marco internacional de derechos humanos al mostrar que las victimas sí pueden buscar justicia y reparación a través de los sistemas legales, incluso contra entidades empresariales poderosas”, dijo en una rueda de prensa un día después de finalizar el juico.
“Este veredicto envía un mensaje claro a las empresas a nivel global de que el lucro no puede justificar la complicidad en abusos de los derechos humanos, la financiación de grupos armados, y la colaboración con los actores que cometen las atrocidades tan graves”, dijo Devia, agregando que establece un precedente importante.
En el juicio, que comenzó a finales de abril, hubo nueve demandantes en total, pero el jurado sólo encontró responsabilidad de Chiquita en ocho de ellos. En el noveno caso el jurado determinó que no se probó con evidencia suficiente la relación entre el asesinato de la víctima y las AUC.
Durante el juicio, testificaron ante el jurado familiares de las personas asesinadas y varios exjefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso; Éver Veloza, alias ‘HH’; y Raúl Hasbún, conocido como ‘Pedro Bonito’. También declararon varios exejecutivos de Chiquita.
Espera de 17 años
Este proceso se remonta a 2007, cuando un grupo de víctimas presentó una serie de demandas en tribunales estadounidenses porque la multinacional financió a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño. EarthRights International en coordinación con varios bufetes de abogados, lidera ese proceso que agrupa a 3.000 víctimas del paramilitarismo.
Al año siguiente, un “panel judicial”, equivalente en Colombia a un tribunal de varios jueces, ordenó que varios casos se consolidaran en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en West Palm Beach.
En los años siguientes se dieron varios ires y venires en la demanda, pues Chiquita Brands pidió que se desestimara porque debía ser juzgado en Colombia y porque esa corte señaló que no existían pruebas suficientes para establecer que las AUC hubieran asesinado a las víctimas cuyos casos hacían parte del expediente.
Sin embargo, el proceso se desatascó en 2022, cuando el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito, revocó el fallo que excluía documentación de Justicia y Paz –el sistema de justicia transicional en el que paramilitares desmovilizados confesaron sus crímenes–, determinando que había pruebas suficientes sobre la participación de los paramilitares en los asesinatos de los familiares de los demandantes.
Así se dio apertura al juicio que acaba de concluir, que seleccionó a nueve casos representativos del total del universo de víctimas que reclamaron justicia en esa corte.
La historia de los aportes a las AUC
Que la multinacional Chiquita Brands haya financiado a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño no es ningún secreto. De hecho, en marzo de 2007, un juzgado de Washington avaló un acuerdo al que la compañía llegó con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de dólares, tras reconocer que había hecho más de 100 pagos a la AUC por un total de 1,7 millones de dólares.
Ni un centavo de dólar de esa millonaria sanción fue destinado para reparar a las víctimas que dejó el paramilitarismo en esa región agroindustrial. En ese momento, la empresa señaló que fue obligada a pagar extorsiones y que lo hizo con el objetivo de proteger a sus empleados.
Sin embargo, documentos desclasificados por litigios ante juzgados de Estados Unidos del National Security Archive (NSA), un grupo de investigación no gubernamental con sede en Washington, dan cuenta de los entramados que tejieron varios directivos de la bananera para ocultar esos pagos a las AUC.
El 6 de enero de 2000, Robert Kistinger, cabeza de Banana Group de Chiquita, radicado en Cincinnati, Ohio, le dijo a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que conocía directamente sobre los pagos a los grupos armados. Esa declaración fue desclasificada por el NSA y en ella confesó que “no pararemos de hacer negocios en Colombia, porque, saben, tendremos que gastar un extra de US25.000. Eso no es realista. ¿Cierto?”.
Pero antes de hacerle pagos a paramilitares, Chiquita Brands hizo lo propio con las diferentes guerrillas que tenían presencia en Urabá y Magdalena. La situación cambió con la expansión paramilitar y en 1997, cuando directivos de la multinacional se reunieron con Carlos Castaño, jefe y vocero de las Auc.
Los pagos a grupos paramilitares se hicieron inicialmente a través de varias cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, creadas bajo el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994) y consolidadas bajo el mandato de Ernesto Samper (1994-1998), hasta que la Corte Constitucional, en 1997, declaró inexequible parte de la norma que les autorizaba la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
No obstante, una de ellas continuó activa, la Convivir Papagayo, como empresa de seguridad regulada y sin armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La investigación “Los nuevos papeles de Chiquita Brands”, realizada por el NSA y VerdadAbierta.com, da cuenta que, por medio de esa organización, se estableció un sofisticado mecanismo de pagos.
La estrategia fue creada y liderada por Raúl Hasbún, empresario bananero que se incorporó a las Auc como jefe del Frente Arlex Hurtado, unidad urbana que operó en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, ubicados en el Urabá antioqueño, y donde se concentra en un alto porcentaje las operaciones del banano.
De acuerdo con ese reportaje, Chiquita acordó aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de esa Convivir, deducidos de los pagos mensuales a los productores. Según cálculos de la Chiquita Brands, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares.
