DIARIO RED /
La desprestigiada derecha colombiana agoniza y, como ha hecho históricamente ante su ilegitimidad, recurre a estrategias criminales para allanar el camino hacia los comicios de 2026.
En los últimos 50 años, la derecha colombiana se ha servido de todo tipo de estrategias criminales para posicionarse en las instituciones públicas y en el ámbito empresarial. Lejos de garantizar la vida democrática de la nación, los apellidos históricos han secuestrado la institucionalidad del Estado, echando mano de las estrategias más sanguinarias para sostener su hegemonía. Genocidios, magnicidios, masacres, asesinatos sistemáticos contra líderes de la oposición, alianzas paramilitares, cárteles de contratación y compra de votos son algunas de las prácticas que distinguen a los cuadros políticos de la derecha colombiana.
Para muestra, un botón: los senadores de la Comisión VII que hundieron la reforma laboral. El hundimiento de la reforma fue planificado en la mesa chica del bipartidismo liberal-conservador, con el aval de sus brazos partidarios secundarios. La corporación senatorial está precedida por el vetusto y desacreditado Partido Conservador, cuna del paramilitarismo. Miguel Ángel Pinto, líder del Partido Liberal en dicha comisión y articulador del hundimiento de la reforma, llegó al Senado mediante la compra de votos en el departamento de Santander. Su aliada para dar la estocada final al proyecto laboral, Nadia Blel, es hija del exsenador y parapolítico Vicente Blel.
La expresión ‘parapolítico’ debe entenderse como un eufemismo dentro de la retórica de impunidad de la casta política colombiana. Vicente Blel, padre de la presidenta de la célula senatorial que hundió la reforma laboral, no es otra cosa que un paramilitar con funciones políticas. Vicentico Blel, hijo del paramilitar Vicente Blel, fue Gobernador del departamento de Bolívar (2018-2022). Con el respaldo y la sombra del paramilitarismo, el Clan Blel impuso un régimen de apropiación de recursos públicos a través de licitaciones non sanctas como queda evidenciado en las investigaciones por los procesos de corrupción de Aguas de Bolívar.
No se crea que el nepotismo es una simple mancha en la mesa de la Comisión VII del Senado. Esperanza Andrade, congresista conservadora, pertenece al poderoso Clan Andrade del Huila. Su familia ha sido vinculada al desfalco de Cajanal, donde recibió pagos de implicados en el robo de la Caja Nacional de Previsión Social, y al escándalo conocido como el “Cartel de la Toga”, en el que fue mencionada por presuntamente pagar sobornos para frenar investigaciones en su contra. Esta congresista enfrenta una demanda por peculado, registrada en la Rama Judicial desde agosto de 2019.
La autarquía en crisis
La composición autárquica de las corporaciones públicas es el fundamento de la violencia sistémica en el país; una violencia que ha dejado nueve millones de familias desplazadas, más de 100 mil desaparecidos en una supuesta ‘democracia’ y un número indeterminado de homicidios. Más allá de las denuncias, las víctimas y los procesos que se acumulan en las instituciones judiciales, cooptadas por la criminalidad de la oligarquía local, Colombia es un caso emblemático del carácter ficticio de las democracias liberales del continente. Su derecha, sus apellidos y sus clases dominantes conforman uno de los bloques históricos más violentos del hemisferio. Con su aquiescencia, el narcotráfico se ha convertido en la economía de guerra más rentable de América Latina y el Caribe.
La autarquía institucional de las clases dominantes ha condenado a millones de colombianos a la muerte por inanición en las últimas décadas. La Ley 100 de 1993, impulsada por el entonces senador neoliberal Álvaro Uribe -presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- privatizó el sistema de salud, dejando un número indefinido de víctimas mientras las Empresas Promotoras de Salud (EPS) saqueaban las arcas estatales. Según informes de la Contraloría General, en 2020 se identificaron hallazgos fiscales por $6 billones en 24 EPS debido a la presunta destinación indebida de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
En el debate actual sobre salud, el último capítulo de este secuestro institucional revela que el impresentable expresidente Iván Duque -hijo político de Álvaro Uribe y electo con dineros del narcotráfico- dejó «amarrados» billonarios fondos del sector salud para beneficiar al Clan Char mediante la empresa de medicamentos Audifarma.
Hace pocos días, la Superintendencia de Salud auditó una bodega de Audifarma en las afueras de Bogotá. El acta demostró que, de 22 medicamentos esenciales con mayor demanda, ocho contaban con existencias suficientes pero habían sido negados a los usuarios. Entre los fármacos retenidos se encontraron 113.000 unidades de insulina.
Magistrados y periodistas: el temor de los cómplices
Pese a los escándalos que comprometen a las EPS en el lobby contra la reforma a la salud en el Congreso, los medios corporativos de comunicación y los clanes políticos, como los Blel, Char y Gnecco, tienen cercada la opinión pública. No sorprende que sea Vicky Dávila de Gnecco, exdirectora de la revista Semana, el mayor pasquín de ultraderecha, quien encabece la lista de candidatos presidenciales para 2026. A propósito del escándalo de Audifarma, la experiodista y operadora política y mediática de los banqueros Gilinski, afirmó (pese a toda la evidencia) que el desabastecimiento de medicamentos era responsabilidad del presidente Gustavo Petro.
En el ámbito jurídico, la acefalía del uribismo ha exacerbado la inestabilidad interna del bloque derechista. Álvaro Uribe Vélez, opaco expresidente y máximo líder de la ultraderecha colombiana, enfrenta acusaciones por presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos. Sin embargo, su defensa busca por todos los medios dilatar el proceso judicial por lo que ante sus leguleyos recursos la Fiscalía suspendió las investigaciones en su contra por orden de Jorge Hernán Díaz, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Revista Raya, «Díaz perteneció al grupo de abogados que defendió al condenado exministro Andrés Felipe Arias en el escándalo de Agro Ingreso Seguro [y] archivó en la Corte el caso del exfiscal uribista Gabriel Jaimes».
Como lo señala la exfiscal Angélica María Monsalve, la Corte Suprema de Justicia constituye una entidad que se elige a sí misma. El mecanismo funciona así: el Consejo Superior de la Judicatura -encargado tanto de administrar los fondos de la corporación como de seleccionar a los magistrados- está conformado por: dos miembros del propio Consejo, tres representantes del Consejo de Estado, un delegado de la Corte Constitucional y dos magistrados elegidos por la misma Corte Suprema de Justicia.
La derecha ¿cual Nerón?
La derecha colombiana agoniza y agita la cola del diablo en su precipicio, una realidad que se torna evidente incluso para sus propios miembros. Recientemente el operador mediático de la ultraderecha, Juan Lozano Ramírez, alto consejero Presidencial durante el cuestionado Gobierno de Álvaro Uribe (2004-2006), alertó en un artículo de opinión titulado «Instrucciones para perder (otra vez) las elecciones» sobre la sostenida popularidad del petrismo entre la ciudadanía. En su texto, advertía a sus copartidarios: «Si no construyen un programa, si no enarbolan ideas claras, si no encarnan causas con arraigo entre los colombianos, el petrismo volverá a ganar».
En efecto, el legado colonial del gamonalismo político encontró su primer freno en las movilizaciones sociales de 2021 y en las elecciones presidenciales de 2022, que consagraron a Gustavo Petro como vencedor. Ese año, millones de colombianos se rebelaron contra el régimen de muerte impuesto por sus élites y asestaron el golpe definitivo al ciclo uribista. Iván Duque -el presidente responsable de la desaparición forzada de al menos 400 manifestantes y quien monopolizó los recursos del sistema de salud en beneficio del Clan Char- se desempeña hoy como destacado lobista republicano en Estados Unidos. Esta élite apátrida ha optado por refugiarse bajo las faldas del trumpismo para preservar su decadente poder.
Recientemente los mismos parapolíticos, nepotistas y corruptos que bloquearon las reformas laboral y de salud comparecieron ante el Capitolio estadounidense, implorando de rodillas una intervención contra el Gobierno progresista colombiano. No solo violaron la soberanía nacional, sino que también se enfrentaron a la voluntad popular expresada masivamente el 18 de marzo, cuando multitudes ratificaron su apoyo al presidente Petro.
La apatridia y el secuestro institucional no serán suficientes para que la derecha retome el poder en las elecciones de 2026. La capacidad de organización y movilización de la sociedad colombiana demuestran el potencial para contrarrestar el poder criminal de las élites en el Congreso. Todas las artimañas antidemocráticas, monopólicas y delictivas que les han permitido bloquear las reformas democratizadoras tendrán que pasarles factura en los comicios de 2026.
La tarea no es sencilla. Antes que perder su hegemonía legislativa, las élites colombianas preferirán -como Nerón- contemplar el incendio de Roma en su propia debacle.
Diario Red, España.
