POR ENRIQUE SANTOS CALDERÓN
Pienso que en el fondo Álvaro Uribe debe de sentir cierto alivio con su llamamiento a juicio. Para ver si este proceso por fin concluye. Lleva diez años sin definirse y ha alimentado una malsana polarización política. El país también esta fatigado. Que hable por fin la justicia y se respete lo que diga.
El tema es gordo porque este proceso contra Uribe es el más significativo de los últimos tiempos. En países vecinos no es extraño que expresidentes sean enjuiciados, pero es la primera vez en la reciente historia nacional que se procesará penalmente a un antiguo jefe de Estado. Y no a cualquiera, sino a uno de los más populares y, también, controvertidos. Tanto que ya en 2020 sufrió arresto domiciliario por “riesgos de obstrucción a la justicia” pero hoy sigue siendo, según encuesta de Guarumo, el expresidente con mayor favorabilidad.
Su detención también fue un hecho sin precedentes pues, si bien casi todos los expresidentes han sido investigados por uno u otro motivo, ninguno había sido privado de la libertad. La medida fue derogada luego por una juez de control de garantías, pero el embrollo judicial de Uribe continuó y acaba de explotar de nuevo con la acusación que le formuló un Fiscal delegado ante la Corte Suprema.
El caso presente, que también ha suscitado gran interés en el exterior, es una prueba de fuego para la justicia colombiana en una coyuntura delicada. Si es absuelto, tronarán las voces de izquierda, organizaciones de víctimas y derechos humanos contra un fallo contraevidente. Si es condenado, basta imaginar la indignada reacción de la derecha y el furibismo. Lo más probable es que, muy a la colombiana, el proceso prescriba por vencimientos de términos. Y todos tranquilos para la casa.
Álvaro Uribe quedaría absuelto por prescripción, lo que no es propiamente una insignia de honor. Pero él está en su salsa, revigorizado en la pelea como le gusta, acusando a sus acusadores, politizando un asunto judicial y aprovechando la atención mediática (CM& transmitió en viva voz su respuesta de veinte minutos) para cobrar cuentas y sacarse clavos.
Aunque dudo de que haya algo radicalmente nuevo, habrá que seguir con atención este proceso. Factores claves serán la argumentación y solidez de las pruebas de que Uribe sí cometió los delitos de fraude procesal y soborno a testigos y saber si hay elementos de juicio distintos de los que ya han sido ventilados. Pesarán varios factores: independencia y probidad de los jueces del caso, las garantías para el imputado y, en la esfera extralegal, el apoyo político y social que genere a su favor el aún carismático expresidente, así como la no despreciable corriente de opinión que espera que sobre él “caiga todo el peso de la ley”. Llueven comentarios enfrentados de toda índole y se vienen días de alta tensión política.
Uribe sostiene que este juicio se adelante por “venganzas políticas”, recuerda la ilegal interceptación de su teléfono, dice que “todo esto coincide con la traída de Mancuso” a quien él extraditó y cuestiona a la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, por haber trabajado años atrás con el ministro de Defensa Iván Velásquez. Nada sugiere que la Fiscal recién posesionada haya tenido que ver con la decisión, pero cuestionarla es típica táctica defensiva-ofensiva del expresidente. Por su parte, Gustavo Petro aseguró que respeta la independencia de la justicia y “se mantendrá lejos de cualquier intervención” en el proceso. Veremos. Esto aún no termina.
Revista Cambio, Bogotá.
