POR JOSÉ ARNULFO BAYONA*
EL panorama que va dejando la gran crisis económica, humanitaria y sanitaria, que golpea al pueblo colombiano es cada día más desolador, ya registra la pérdida de millones de empleos, el cierre de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, la desesperación de millones de familias que vivían del rebusque en la informalidad, el hambre que azota millones de hogares en donde apenas pueden (si acaso) consumir una ración de comida diaria, 72.300 seres humanos muertos (87.000 según el DANE) a causa del coronavirus, cerca de 2.700.000 personas contagiadas, poblaciones rurales y urbanas enteras sometidas al terrorismo del estado, las bandas paramilitares y grupos armados de las mafias del narcotráfico que han asesinado a miles de pobladores y centenares de sus líderes y lideresas, además de someterlas a la desaparición de personas y el desplazamiento forzado de centenares de miles de familias de sus territorios, violación generalizada de los derechos humanos, asesinato de cerca de 300 excombatientes desmovilizados de las Farc y recrudecimiento de las acciones de los grupos guerrilleros, como consecuencia de la política del Uribato, del cual forma parte el subpresidente Duque, de hacer trizas los acuerdos de paz.
Situación cada día más grave y preocupante, dada la relevante ineptitud, incapacidad y falta de voluntad del gobierno para encontrar salidas y soluciones adecuadas a cada una de las crisis que confluyen en este pandemonio en que ha sido sumergido el país entero. Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia no solo resultaron completamente ineficaces, sino que fueron pensadas para favorecer los grandes negocios y no para proteger la vida de la población, especialmente la de los más pobres y desprotegidos. La prueba es que hoy Colombia ocupa el cuarto lugar en el mundo, por el número de muertos y de contagiados por millón de habitantes. Entre tanto los billones de pesos, supuestamente destinados para hacer frente a la pandemia, se fueron a engrosar las arcas de los bancos, las EPS y los bolsillos de las grandes empresas, amén del saqueo de los recursos destinados a las limosnas del llamado “Ingreso solidario”, que la corrupción de altos funcionarios nacionales y regionales lo convirtió en el barril de los puercos, mientras millones de familias se vieron enfrentadas al dilema de morirse de hambre en confinamiento o salir al rebusque, corriendo el riesgo de ser contagiados por el virus y morir.
En medio de este espantoso escenario, al gobierno Uribe-Duque le dio por presentar a consideración del Congreso de la República, mayoritariamente hegemonizado por la alianza de los partidos que lo eligieron, su tercera reforma tributaria, un nuevo paquetazo neoliberal, disfrazado con un invisible traje social, “para fortalecer la política de erradicación de la pobreza” y “para atender los efectos generados por la pandemia”, que de ser aprobada, afectará gravemente el bolsillo y la comida de la inmensa mayoría de colombianos y colombianas, porque, de hecho, traerá consigo más pobreza e incrementará el hambre y miseria.
Con esta reforma se pretende gravar la casi totalidad de los productos de la canasta familiar, las carnes de res y cerdo, los pescados, la leche, los huevos, la sal, las legumbres, las hortalizas, los cuadernos y los textos escolares, los tampones, etc. que pasarán de la categoría de exentos a la de excluidos, es decir que los productores no podrán recuperar el IVA pagado por los costos de producción y en consecuencia los trasladarán a los consumidores en cuantía del 19%, lo cual repercutirá directamente en el incremento del costo de vida y la drástica reducción de los menguados ingresos familiares.
El IVA del 19%, también se aplicará a las tarifas de los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, lo mismo sucederá con el servicio de internet, pero a partir del estrato tres, las familias que deberán seguir haciendo malabares para hacer frente a la carestía de la vida, tendrán que pagar elevados precios por los servicios funerarios de sus muertos. Los combustibles, gas, gasolina y ACPM serán gravados con la misma tasa, equivalente a un incremento de $1300 por galón. Las herramientas del trabajo y el estudio en casa, los computadores cuyos precios sean de $1.815.000, los celulares y las tabletas de $798.000 en adelante, aumentarán su precio en un 19%.
La reforma trae el regalito de impuestos a los insumos agrícolas: motores fuera de borda, ladrillos, guadañadoras, abonos, tractores, distritos de riego y muchos otros tendrán IVA, en consecuencia, se elevarán los costos de la construcción, la vivienda y los precios de los productos de pan coger. De sobrepeso, con esta reforma, los trabajadores y personas que tengan salarios o ingresos de $2.420.000 en adelante pagarán impuesto de renta este año y el año entrante este impuesto se cobrará a los ingresos de $1.624.000 en adelante y, como si fuera poco, a los trabajadores del estado le serán congelados los salarios por los próximos cinco años. De remate la reforma incluye la propuesta de crear peajes para carros y motos en calles y avenidas de las principales ciudades del país.
Pese al silencio cómplice de los medios oficiosos del régimen, las alertas cundieron como pólvora a través de las redes sociales, así como la postura de denuncia y rechazo de los sectores de oposición en el Congreso, el Comando Nacional de las centrales sindicales y de pensionados, así como otros sectores, organizados desde los paros anteriores, convocaron el paro para el 28 de abril próximo pasado, que contó, según encuesta mostrada en CMI, con apoyo del 73% de la población colombiana.
El descontento fue tal que alarmó a los partidos aliados del gobierno Uribe-Duque en el congreso, quienes anunciaron que no apoyarían la reforma tal como había sido presentada, la oposición anunció un rotundo no a la reforma y lo propio hizo el partido liberal, el cinismo y la desfachatez corrió por cuenta del partido del uribato, el de Álvaro Uribe y su subpresidente, al anunciar que no apoyarían los gravámenes a los salarios, los ingresos bajos y los servicios públicos y llamaron, con el aval del gobierno, a conciliar una reforma menos agresiva con las clases golpeadas por la pandemia. Cinismo que puso de presente que, siendo plenos conocedores de la propuesta de su patrón y su subalterno, ahora pretendían aparecer como los defensores de las víctimas de sus gobiernos anteriores y del actual, pero no les funcionó. El pueblo ya no traga entero; nada bueno pueden esperar las clases trabajadoras de un partido cuyo patrón y sus aliados han expoliado al país y despojado al pueblo de elementales derechos durante ya casi 25 largos años, ellos saben que una sobredosis de mermelada los hará cambiar de opinión sin la menor duda; es el método engaña bobos de siempre.
La preocupación por el descontento popular contra esta infame reforma es tal, que a Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, no le importó dejar en evidencia que el paquetazo de la anterior reforma tributaria, fue una descarada argucia fiscal para salvaguardar intereses de los grandes empresarios y de los dueños de los bancos, mediante todo tipo de exenciones y descuentos tributarios, decidió proponer una reforma alternativa para que “el recaudo recaiga sobre las empresas y no sobre las personas”, para recoger, “no los 23,4 billones” de la reforma del gobierno, sino “entre 10 y 15 billones”. La ANDI renuncia veladamente a los regalos del gobierno en la reforma anterior, y propone “suspender la medida de descuento del impuesto a la industria y comercio” que para este año será del 50% del valor pagado y a partir del año entrante del 100%, para recuperar, según él, 5.2 billones de pesos que les habían regalado por ese concepto. Propone además “aplazar la reducción de la tarifa general del impuesto sobre la renta, que para este año será del 31% y para el año entrante del 30%, con lo cual se recuperaría el otro regalito de 6.2 billones que les había hecho el gobierno. Su propuesta incluye también “establecer por dos años el impuesto al patrimonio a personas naturales con patrimonio líquido superior a cinco mil millones de pesos, con una tarifa del 1% para recaudar un billón de pesos. Pero como, capitalista que se respete no da puntada sin dedal, exige como contraprestación la venta de activos públicos para fondear programas como ingreso solidario y PAEF (Subsidio directo al pago de nómina de trabajadores dependientes).
Otro regalo que debería ser suspendido, son las ventajas tributarias otorgadas a las zonas francas, para recuperar por lo menos 580 mil millones por impuesto de renta, dejados de percibir desde 2019 y casi 2 billones por IVA. (Jorge Coronel López. Revista Sur abril 19). Con estas fabulosas sumas, penalizando la evasión y la elusión de impuesto de los ricos y los re-ricos e impidiendo que la corrupción siga robándose los 50 billones cada año, el estado tendría dinero para hacer frente a la pandemia otorgando una renta básica a los de abajo y para superar con creces la crisis.
Portentoso el paro nacional
El pueblo entendió que la reforma de Uribe-Duque era un asalto a sus menguados ingresos y a su comida diaria, impuestos que traerían más hambre y más penurias a sus familias; por ese motivo, contra todo pronóstico, salió masivamente al paro nacional del 28 de abril. La desesperación, de saber que la tal reforma les aumentaría sus sufrimientos los llevó a superar el pánico a la pandemia, hicieron caso omiso a la propaganda sucia en medios de comunicación, que culpabilizaba a los convocantes de los contagios que se pudiesen presentar, desacataron el “fallo” descabellado y autoritario de una magistrada del tribunal de Cundinamarca, ordenándole al gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales prohibir las movilizaciones y salieron hechos multitudes a las calles, carreteras y plazas públicas, de las ciudades, pueblos y veredas de todo el país.
Según balance del comando de paro, más de siete millones de trabajadores, campesinos, mujeres, pensionados, jóvenes, taxistas, camioneros, mineros, estudiantes, médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, negritudes, indígenas, ambientalistas, feministas, defensores de los DD.HH, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, salieron a levantar su voz contra la reforma tributaria y el régimen inepto, incapaz injusto y corrupto de Uribe y su subpresidente, “Uribe paraco el pueblo está berraco”, fue el grito de las multitudes en las calles. Dijeron basta ya de genocidios y terrorismo de estado, de exterminio de indígenas, campesinos, excombatientes de las Farc, no más saqueo de los recursos públicos de la salud, no al proyecto de ley 010, no a las reformas laboral y de las pensiones, renta básica para los millones de familias arrojadas a la pobreza, vacunas gratuitas para todo el pueblo ya,
El paro también fue por el derecho a la vida, contra la guerra, por la paz contra el fracking, contra la gran minería, en fin, contra la ineptitud del gobierno, no solo para enfrentar la pandemia sino por su incapacidad para gobernar. La gran jornada de paro puso en evidencia la ruptura con el pánico sembrado por el gobierno, pero también fue evidente el desespero de la gente por el hambre y la desidia del gobierno para resolver sus necesidades más apremiantes. El pueblo se acerca a una época emancipatoria en su lucha por un país en donde prime la paz, la igualdad, la equidad, la alegría, y la justicia.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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