POR ALBERTO SALCEDO (CAIT VENEZUELA)
En el marco de “los acuerdos de Barbados”, sostenidos por los EE.UU. Entre el gobierno de Maduro y la llamada Plataforma Unitaria, que aglutina buena parte de los partidos de la oposición de derecha, establecía: las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución y la ley, las elecciones presidenciales se efectuarán en el segundo semestre del 2024,la participación de observación internacional, las inhabilitaciones se establecieron mecanismos para que estas inhabilitaciones fueran examinadas por los organismos constitucionales. Y la oposición se comprometía a aceptar la resolución que tomará el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al respecto, lo cual llevó a la flexibilización de las sanciones.
Otra consecuencia tácita del acuerdo fue la realización de las primarias presidenciales opositoras del 23 de octubre, sobre la cual pesaba “una amenaza constante”, incluso con la posibilidad de que el TSJ fuese la vía para detenerlas.
Detrás del Acuerdo de Barbados hay una importante negociación de petróleo y oro, son los intereses de Estados Unidos los que se mueven en esta nueva situación, como también el asegurarse las alternativas de petróleo en clave más estratégica, ante una situación mundial cada vez más convulsionado, ya no solo por la guerra de Ucrania sino por el desatado conflicto israelí-palestino
Las primarias mueven el escenario político
Tras la realización de las primarias opositoras del 23 de octubre, la ultraderechista María Corina Machado y quién en conocimiento público sabía estaba inhabilitada para participar incluso en las primarias, lo hizo, y obtuvo una amplia victoria. Sale triunfadora con 93 % de los votos. Según estimaciones independientes, cerca de dos millones de venezolanos acudieron a las urnas, derrotando a los partidos opositores tradicionales. Las encuestas, supuestamente, le confieren más de 40 % de ventaja frente a Maduro, no solo quedaba legitimada para enfrentarse a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sino que también se convierte en la líder de la oposición.
La presión del gobierno contra su postulación con las detenciones a su equipo de campaña, derivan del actuar político que es público y notorio que María Corina Machado llamó a bloqueo, sanciones, invasión y de paso reconoció al gobierno paralelo de Guaidó y ante la inhabilitación para ejercer cargo público por 15 años que le impuso la Contraloría General de Venezuela, tal y como lo establece la Ley.
María Corina nombró su reemplazo, como candidata a la académica y profesora universitaria Corina Yoris a quien si se le debió permitir participar e inscribir como candidata; pero, dejando claro que la inhabilitación de María Corina Machado no es parcial, por lo cual debe abstenerse a participar en campañas, ni alzar la mano a ningún candidato tapa.
La deriva autoritaria
Ante esta nueva realidad política, el gobierno de Maduro lanza una ofensiva política: aceleran la estrategia de convocar a un referendo consultivo que aviva la disputa territorial con Guyana, para intentar movilizar a la población, a través de la exaltación del nacionalismo, de cara de las elecciones presidenciales de 2024. La Asamblea Nacional con la oposición que cohabita con el gobierno, acordaron el adelanto precipitado de las elecciones para el 28 de julio, aplicando un calendario electoral express, con adelanto de fechas, tiempos mínimos para inscribir candidatos y manejando el CNE a su antojo, el Gobierno impuso la proscripción de cualquier candidatura referenciada en la principal opción de la oposición patronal, María Corina Machado. Pero permitió minutos antes del cierre la inscripción del candidato Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo (UNT), de la oposición, llamados colaboracionistas más proclives a entendimientos políticos con el Gobierno nacional.
La exclusión a la disidencia del chavismo
El gobierno de Maduro ha cerrado toda posibilidad de algún tipo de participación electoral por parte de organizaciones y partidos políticos que se ubiquen a su izquierda, imposibilita la inscripción de Manuel Isidro Molina, del Movimiento Popular Alternativo (MPA), apoyado por el Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones, que se iba a inscribir por la tarjeta de NUVIPA (Nueva Visión para mi País), que hasta el momento no tenía proscripción alguna. Al mismo tiempo, se fueron sumando otras organizaciones y candidatos políticos, que de la noche a la mañana aparecían inhabilitados o sus organizaciones no eran reconocidas; tal como aconteció con Andrés Giuseppe, del Movimiento Político Profesionales de Venezuela e integrante del Frente Popular en Defensa del Salario (Frenpodes), María Alejandra Díaz que se reivindica del chavismo crítico, el gobierno llevó a cabo una ofensiva de intervenciones judiciales de los partidos (Tupamaro, UPV, PPT, PCV) para impedirles presentarse electoralmente.
Si algo ha caracterizado al gobierno de Nicolás Maduro es su política de regresión social con la excusa de las sanciones, es la aplicación de un plan de ajuste que pulverizaron el salario, los derechos laborales y las condiciones de vida del pueblo trabajador, aplicando una política económica a favor del capital nacional, transnacional, acompañado todo esto de intimidación y criminalización de la lucha de los trabajadores, llegando a tener más de un centenar de trabajadores bajo régimen de presentación o encarcelados, hostigados por los cuerpos de seguridad del Estado.
Para nosotros, militantes agrupados en la Coordinadora Nacional Autónomo Independiente de Trabajadores (CAIT), estamos ante un gobierno con una tendencia cada vez más autoritaria, que, valiéndose del control de las instituciones, proscribe candidatos, inhabilita partidos, e, inclusive criminaliza la lucha de los trabajadores, aplica medidas claramente antidemocráticas contra el derecho del pueblo a decidir por quién vota. En ese sentido, se impone la más amplia unidad en defensa de los derechos democráticos, rechazando toda restricción a las libertades democráticas y a las proscripciones políticas. Basta de la intervención del Estado en las organizaciones políticas, sindicales, abogamos por el pleno de derecho de organización y participación política.
