POR LUCIANA CADAHIA /
El negocio del narcotráfico parece ser muy lucrativo y trasciende los intereses meramente locales. Es evidente que las noticias se están contando al revés y Estado Unidos ayuda a que esta confusión de época siga permeando en el sentido común colectivo.
Preludio
La vorágine de noticias que se suceden día a día muchas veces nos hace perder de vista cómo se van urdiendo las tramas políticas en América Latina. Las noticias se muestran de manera fragmentaria, su existencia se vuelve efímera y parecieran no tener conexión entre sí. En esta oportunidad buscamos ir a contrapelo de esta tendencia y tirar del hilo de dos escenas separadas en el tiempo pero que nos pueden ayudar a entender de forma muy concreta dos cosas. Por un lado, el nuevo modus operandi del poder judicial en la región. Y, por otro, los nuevos pactos entre las oligarquías locales y los poderes corporativos de los Estados Unidos. Si en los años 70 las Fuerzas Armadas regionales fueron el brazo ejecutor del modelo económico acordado entre élites locales y el Departamento de Estado, en la actualidad ese rol lo está cumpliendo el poder judicial.
Ahora bien, el primer evento al que deseamos referirnos tuvo lugar hace casi cuatro años. El segundo, en cambio, salió a la luz hace pocos días. Pero ambos apuntan a un mismo actor: la Fiscalía General de la Nación. Solo que en un caso tiene como protagonista a la Fiscalía de Colombia y, en el otro, a la Fiscalía de Ecuador. El asunto es que cuando establecemos una línea de continuidad entre ambas Fiscalías, a pesar de pertenecer a países diferentes, se nos revela un mapa mucho más amplio y coordinado sobre el funcionamiento del ‘lawfare’ en América Latina.
Escena I
En el año 2021 la Fiscalía de Colombia tuvo una curiosa injerencia sobre la campaña presidencial en Ecuador. Andrés Arauz, exministro de Economía durante el mandato de Rafael Correa y activo militante de la Revolución Ciudadana (RC), fue acusado por el entonces fiscal Francisco Barbosa, amigo íntimo de Iván Duque y ficha del uribismo en Colombia, de recibir dinero de la guerrilla y el narcotráfico colombiano. Correa había sido obligado a exiliarse en Bruselas a raíz de las desorbitantes causas abiertas por parte del poder judicial, las cuales iban desde acusaciones paranormales como “el influjo psíquico” hasta diferentes actos de corrupción cuyas pruebas aún hoy siguen sin existir. Así que Arauz venía a llenar el vacío que el líder natural de la RC no podía materializar.
Lo cierto es que, a pocos días de las elecciones, y siendo el partido de la Revolución Ciudadana uno de los favoritos en las encuestas, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, decide intervenir en la contienda electoral del país vecino denunciando presuntos nexos entre la insurgencia del ELN y la Revolución Ciudadana.
Para ello toma la decisión de viajar personalmente a Quito, reunirse con su par -la fiscal general Diana Salazar- y enseñarle la prueba madre del caso: un computador incautado al líder del ELN, alias Uriel, en el que existirían pruebas de financiamiento de la guerrilla a la campaña presidencial de Arauz por una irrisoria cifra de 80.000 dólares.
Desde ese entonces, la Fiscalía ecuatoriana, ayudada por los conglomerados mediáticos locales e internacionales, no ha dejado de identificar al narcotráfico y la guerrilla colombiana con la Revolución Ciudadana. Operación muy parecida a la que intentó hacer en Argentina la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su fracasado intento por crear una línea de continuidad entre los mapuches y el kirchnerismo con las FARC y el narcotráfico. Tras esta injerencia indebida, Arauz perdió las elecciones y Barbosa cumplió su cometido: dejar fuera de juego al correísmo y contribuir a la erradicación de las fuerzas populares en América Latina. El daño ya estaba hecho, a pesar de que tiempo después pudo revelarse la falsedad de las pruebas entregadas por Barbosa a la fiscal Salazar. Incluso hoy existe una denuncia penal en su contra liderada por el abogado colombiano Luis Eduardo Montealegre.
Lo paradójico de todo este episodio es que mientras Barbosa se “rasgaba las vestiduras” denunciando las supuestas redes de narcotráfico en Ecuador, en su país, Colombia, era completamente permisivo con la expansión de las redes de narcotráfico en las diferentes capas de la institucionalidad colombiana, incluida su Fiscalía. Al igual que su predecesor, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, hijo de un guionista de televisión colombiano, Barbosa urdió tramas inverosímiles para cubrir a sus amigos de la mafia y criminalizar al progresismo, persiguiendo líderes políticos, sociales y ambientales.
Cuando Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron las elecciones, el fiscal Barbosa se convirtió en su principal enemigo político, creando diferentes narrativas para comprometerlos judicialmente y propiciar un escenario de golpe de Estado. Una vez finalizado su mandato, ninguna estrategia funcionó, y pese al papel de los medios y las fuerzas reaccionarias para mantenerlo en su cargo, tuvo que ceder su lugar a la nueva fiscal de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón.
Escena II
A diferencia del caso colombiano, en Ecuador sigue en ejercicio la misma Fiscal general que actuó mancomunadamente con Barbosa para denunciar las supuestas tramas de corrupción de la Revolución Ciudadana. Y recientemente salió a la luz un nuevo escándalo vinculado a las elecciones presidenciales en Ecuador. Aunque en esta ocasión el escándalo se asocia a la campaña electoral del 2022, vuelve a entrar en escena la fiscal Diana Salazar. Como es de público conocimiento, durante la campaña de ese año fue asesinado con tres tiros en la cabeza el candidato conservador Fernando Villavicencio, una figura que había cobrado cierto protagonismo por su “combativo” discurso contra la corrupción y el narcotráfico. Se presume que el asesinato vino orquestado por algún cartel de las drogas, aunque se duda mucho sobre la determinación de Villavicencio para poner en práctica lo que profesaba en su discurso. A fin de cuentas, era un alfil de Estados Unidos y, hoy en día, se conjetura mucho sobre su rol como informante del Departamento de Estado.
Si bien aún se desconocen las causas reales de su asesinato, lo interesante de toda esta narración es que la fiscal Salazar, ya teniendo urdida desde la campaña presidencial del 2021 la trama que vinculaba al correísmo con el narcotráfico, no dudó en responsabilizar a la Revolución Ciudadana y Rafael Correa del asesinato a Villavicencio. En esta oportunidad la candidata de la Revolución Ciudadana era Luisa González y, al igual que con la candidatura de Arauz, esta arremetida mediático-judicial terminó por sepultar a González y dar por ganador a un candidato de extrema derecha, Daniel Noboa, descendiente de una de las familias más ricas de Ecuador, nacido y educado en los Estados Unidos y muy poco conectado, salvo por sus redes empresariales, con la realidad social de su país.
Ahora bien, la habilidad de Diana Salazar para urdir subterráneamente la estigmatización de la Revolución Ciudadana durante ambas campañas presidenciales parece haber encontrado un límite. Hace pocos días, y gracias a una revisión minuciosa de Intercept Brasil y Drop Site News, se han filtrado una serie de chats entre la fiscal Salazar y un exdiputado de la Revolución Ciudadana que vienen a revelar toda la red de complicidades entre esta funcionaria judicial, el FBI, el Departamento de Estado y la USAID para, por un lado, impulsar la narrativa de la criminalización de la Revolución Ciudadana y, por otro, dar luz verde a la consolidación de la extrema derecha en Ecuador.
Estos chats vienen a revelar de manera muy concreta algo que las fuerzas progresistas de la región vienen denunciando hace mucho tiempo, a saber: la complicidad de los Estados Unidos con el ascenso de las extremas derechas y la persecución sistemática a las fuerzas populares de la región. Pero hay algo más que no podemos perder de vista en toda esta injerencia norteamericana y es que el ascenso de las extremas derechas viene acompañado de un fortalecimiento inusitado del narcotráfico y el crimen organizado en los territorios y las instituciones republicanas.
Desenlace y final incierto
Esta ramificación del narcotráfico tiene la curiosa particularidad de ser impulsada por quienes dicen denunciarlo y combatirlo, pero al mismo tiempo, son acusados de formar parte de esa red. La extrema derecha acusa al progresismo de lo que ella misma impulsa en complicidad con ciertos sectores muy poderosos de la economía global.
El negocio del narcotráfico parece ser muy lucrativo y trasciende los intereses meramente locales. Es evidente que las noticias se están contando al revés y Estado Unidos ayuda a que esta confusión de época siga permeando en el sentido común colectivo. Más aún, la fiscal estrella que diseñó y protagonizó este enredo ecuatoriano, Diana Salazar, ha sido premiada por sus hazañas con notas elogiosas en el Time y galardones otorgados por diferentes entidades de los Estados Unidos, incluyendo al mismo Departamento de Estado. Es muy probable que, en 20 0 30 años, cuando se desclasifiquen los documentos de la CIA, tengamos más claridad sobre los planes que tenía Estados Unidos con su “patio trasero” llamado América Latina. Por el momento nos toca aventurar algunas hipótesis a partir de eventos aislados que, mirados de cerca, evidencian un patrón común que aúnan turbios intereses norteamericanos con oligarquías locales, el crimen organizado y un poder judicial cómplice con el neocolonialismo del siglo XXI.
Pero más allá de lo rebuscado del relato, después de todo Barbosa y Salazar no son grandes guionistas, lo cierto es que la verdad es mucho más sencilla. Toda esta complicidad forma parte de la nueva recomposición del orden mundial, cuyas oligarquías globales, nucleadas a través de lobbies corporativos-institucionales están convirtiendo a América Latina y el Caribe en una zona de guerra por los recursos naturales.
La estrategia para apoderarse de estos recursos pasa por diferentes movimientos que van desde la destrucción de gobiernos populares con vocación soberanista, seguido de gobiernos neofascistas que operan como títeres de ese lobby global, hasta la expansión del crimen organizado como actor clave en la disputa territorial, erosionando el control institucional y convirtiéndose en un actor que controla, negocia y concede el uso del territorio al capital privado. Este triángulo entre la extrema derecha, el crimen organizado y el narcotráfico tiene como personaje principal a Álvaro Uribe Vélez, quien supo estar a la vanguardia cuando Pablo Escobar lo puso a hacer el trabajo sucio en las instituciones. Pero este poder se ha vuelto mucho más complejo y global, incluyendo a grandes corporaciones estadounidenses participando de este delicado juego de contrapesos postdemocráticos.
Para quienes no nos resignamos a la idea de ser espectadores de la desintegración de la democracia en América Latina tenemos claro cuál es nuestro horizonte de acción: impulsar a como dé lugar los gobiernos populares, no ceder a los chantajes mediáticos, fortalecer la presencia estatal en los territorios, romper los nexos entre los bancos y el crimen organizado y, por sobre todas las cosas, devolverles a nuestros pueblos el uso de la tierra, la palabra y la soberanía plurinacional. Si bien las consignas son claras, el problema es que el monstruo fascista es cada vez más grande y ese famoso dispositivo de dominación llamado mundo libre no quiere renunciar a su hegemonía global, a pesar de que se encuentre en horas bajas y, por eso mismo, esté dispuesto a llevarse puesto a más de la mitad de la humanidad.
Diario Red, España.
