En Colombia, los funcionarios públicos elegidos por voto popular, presidentes, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados y concejales, invierten en sus campañas miles de millones de pesos aportados, previos acuerdos sobre la repartija burocrática, por los gremios empresariales; industriales, terratenientes, banqueros, narcotraficantes, etc. más los caudales saqueados al erario. Una vez elegidos o elegidas, nombran en los altos cargos a las “fichas” previamente pactadas con sus financiadores, ministros, presidentes y gerentes de empresas e instituciones del Estado, como Ecopetrol, Colpensiones, Superintendencias, DAPRE, UNGRD, SAE, etc. y, adjudican lucrativos contratos, previamente comprometichos con sus condiciones de trabajo y su posición subordinada en el lugar de trabajo; estaban indignados porque habían creído en las promesas del PCCh y esperaban mejores condiciones y más control sobre los procesos de producción en sus unidades de trabajo; utilizaron en gran medida el lenguaje del PCCh o el lenguaje socialista, porque este era el lenguaje con el que tomarle la palabra al Partido y negociar el cumplimiento de las promesas socialistas; y participaron en acciones y manifestaciones en el lugar de trabajo para expresar su ira e impulsar sus demandas. En este caso, todos los elementos del quién, qué y cómo apuntan a una lucha social con una tendencia de izquierda contra un régimen autoritario y explotador de izquierda.
Sin duda, es importante analizar si ciertas formas de lucha en un contexto particular son “de apoyo al sistema” o “subversivas del sistema”. Sin embargo, ese es el problema de todas las luchas y movimientos. Pueden limitarse a demandas que se pueden resolver “dentro del sistema”, como podría ser el caso de las luchas a mediados de la década de 1950; pueden ser cooptadas y utilizadas por un régimen para fortalecer su legitimidad y mejorar sus métodos de gestión o gobernanza; y pueden conducir a la decepción y la resignación del lado de los protagonistas y debilitar los futuros intentos de lucha.
De hecho, a menudo es difícil determinar de antemano si las luchas sociales o políticas son “de apoyo al sistema” o “subversivas del sistema”. Al igual que con el término “revolucionario”, lo que cuenta es el resultado. En retrospectiva, podemos ver que las huelgas de mediados de la década de 1950 no duraron mucho y no fueron capaces de establecer formas organizativas duraderas. Sin embargo, eran tan amenazantes que el régimen abrió caminos para la crítica pública durante el Movimiento de las Cien Flores con la esperanza de liberar la presión social; y, poco después, el régimen reprimió todas las críticas y castigó a aquellos que lo habían atacado durante el Movimiento Antiderechista para debilitar cualquier oposición.
CC: Estaba pensando pedirte algunas comparaciones polacas más adelante en la conversación, así que gracias por mencionarlo aquí. Estoy totalmente de acuerdo contigo sobre la importancia de forjar un terreno común a través de las fronteras entre todos aquellos que luchan contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo y todas las formas de exclusión, explotación, discriminación y dominación. Creo que los dos ejes con los que se evalúan las posiciones de los actores sociales y políticos, sus posiciones sobre la distribución de la riqueza y el poder, son medidas comparativas especialmente útiles durante los últimos 20 o 30 años.
El período anterior al giro al capitalismo de mercado en el mundo socialista plantea algunas cuestiones particulares. Una se refiere al PCCh. En la década de 1950, el PCCh fue quién hizo las “promesas incumplidas” que, en tu relato, galvanizaron los movimientos de los trabajadores de esa década. Y el liderazgo del Partido de esa época contenía voces fuertes a favor del poder obrero y la autonomía de los trabajadores, como Li Lisan, que más tarde fue calificado de derechista.
La Revolución Cultural fue otro asunto; y, por supuesto, no hay nada en la experiencia soviética o de Europa del Este con lo que compararla. Aquí, guiado por el trabajo teórico de Mao y sus aliados sobre la contradicción, la naturaleza de la clase, la dictadura del proletariado y la naturaleza de la revolución misma, el Grupo de la Revolución Cultural en el liderazgo del Partido alentó la formación de organizaciones extrapartidistas y luchas contra el liderazgo en escuelas, fábricas y en otros lugares. Esto permitió un notable despertar de energías radicales y experimentación política que continuó durante más de un año y cuyas secuelas duraron mucho más (Russo 2020; Connery 2023). Como muestra el libroDisenfranchised de Joel Andreas, en los últimos años de la Revolución Cultural, los trabajadores lograron avances considerables en la autoridad en el lugar de trabajo, la igualdad de compensación y trato, y la democracia en el lugar de trabajo (¡todo menos autonomía!) debido a los esfuerzos de los radicales dentro del Partido y en posiciones de liderazgo en las fábricas.
Tal vez se podría argumentar que el PCCh, antes de 1978, ajustaba con incomodidad en el cuadrante “autoritario de izquierda” de un mapeo de izquierda a derecha. Esto ha tenido efectos secundarios consecuentes. Durante el período en que la Nueva Izquierda en China fue más prominente, 2000-15, diría yo, a pesar de que la mayoría en la Nueva Izquierda entendió que el liderazgo del PCCh estaba apoyando y permitiendo la profundización del capitalismo de mercado, su fe en la capacidad estatal y en el socialismo virtual incorporado en los eslóganes y documentos oficiales del Partido les convenció a muchos de ellos de que una hegemonía de izquierda dentro del Partido era posible y se debía luchar por ella (Wang Shaoguang es el exponente más prominente de este punto de vista). Aunque esta posibilidad ahora parece más distante que nunca, su posición, aunque sin duda ha contribuido a la grave debilidad actual de las energías críticas de la izquierda, es comprensible. ¿Podría comentar cómo el PCCh configuró la cartografía política de China desde el período previo a la reforma hasta la última década?
RR: Estoy de acuerdo en que el período entre mediados de la década de 1960 y finales de la década de 1970, es decir, la fase inmediatamente anterior al inicio del período de reforma en 1978, plantea algunas cuestiones, y el PCCh está en el corazón de ellas. El llamamiento de Mao a la Revolución Cultural desencadenó, de hecho, una serie de eventos extraordinarios, y lo importante es cómo los interpretamos.
Entre los primeros Guardias Rojos que siguieron el llamamiento de Mao y su facción en el verano de 1966 se encontraban muchos hijos de cuadros del Partido, del Estado y del Ejército. No solo atacaron a los maestros y cuadros de la facción rival de los “desviacionistas capitalistas”, sino también a personas comunes y corrientes a las que llamaron “categorías negras”. Estos últimos, de acuerdo con su estatus social o la posición anterior a 1949 del jefe de familia masculino, se clasificaron, por ejemplo, como “propietarios” o “contrarrevolucionarios”, y estas etiquetas se extendieron a los miembros de la familia. Entre los atacados estaban, de hecho, muchos proletarios y sus hijos. Los primeros Guardias Rojos “conservadores” se refirieron a lo que llamaron la “teoría de la línea de sangre”, es decir, exigieron ocupar puestos más altos como herederos de sus padres cuadros “rojos”. En el otoño de 1966, una segunda ola de jóvenes guardias rojos “rebeldes”, muchos jóvenes de las “categorías negras”, aprovecharon la oportunidad de movilizarse y organizarse, esta vez contra esos niños privilegiados, sus exigencias y sus ataques (para un buen análisis de todo esto, véase el Capítulo 3 de Wu 2014).
Cuando la Revolución Cultural llegó a las unidades de trabajo a finales de 1966, en contra de la intención de Mao y sus aliados, la confrontación subió a otro nivel. Los trabajadores cualificados y los cuadros “conservadores” se enfrentaron a los trabajadores no cualificados “rebeldes”, los aprendices, los trabajadores temporales y otros. Y a los rebeldes se les unieron otros grupos insatisfechos, como trabajadores urbanos y jóvenes rurdos. Repartida la fronda burocrática, el elegido, junto con su equipo de Gobierno, adjudican mediante licitaciones amañadas, mega contratos de obras de infraestructura y de prestación de servicios, con los cuales recuperan el capital invertido en la campaña, acumulan colosales ganancias y entregan la correspondiente coima al gobernante y sus funcionarios. En este círculo vicioso se concreta y se reproduce cada cuatro años el saqueo de los recursos del Erario, con el consentimiento y bajo el control de sus respectivos partidos.
José Arnulfo Bayona
La corrupción es una práctica criminal exclusiva del establecimiento. La llamada institucionalidad, ha sido construida a la medida de los intereses de los amos del poder económico y político. Los corruptos son los de arriba, la “gente de bien”, los que administran el erario, los presupuestos de las instituciones, los negocios y los bienes de la nación.
Durante el Frente Nacional y su prolongación hasta la última década del siglo pasado, la corrupción fue patrimonio exclusivo del bipartidismo; liberales y godos, se repartieron milimétricamente los cargos públicos y convirtieron sus partidos en dos grandes empresas electorales, que, mediante las prácticas corruptas del clientelismo y la compra de votos, costeada con los dineros saqueados del Erario, amén de las coimas recibidas por los mega contratos adjudicados a sus financiadores se perpetuaron en el poder.
Los gobernantes del bipartidismo y de la nueva alianza de extrema derecha neoliberal, conformada por los Partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, de la U, etc., han cometido todos los delitos contra la administración pública y el patrimonio público, tipificados en la ley penal; peculado, cohecho, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, fraude administrativo, conspiración o colusión, tráfico de influencias, conflicto de intereses, abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, nepotismo, uso indebido de información privilegiada, extorción, desvío de recursos públicos, falsificación y alteración de documentos públicos. No conformaron una simple alianza política, sino una verdadera asociación para delinquir.
Además de enriquecerse y acrecentar las arcas de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, amén de lavar las fortunas de las mafias del narcotráfico, han continuado con inveteradas prácticas tipificadas como delitos políticos en código penal, manipulación electoral, fraude electoral, inaugurado por Carlos Lleras Restrepo con el robo de las elecciones al general Gustavo Rojas pinilla en 1970, clientelismo político, compra de votos, coerción o constreñimiento, armado y paramilitar a poblaciones enteras para obligarlas a votar por Álvaro Uribe y los candidatos y candidatas de la alianza mafiosa y neoliberal, financiamiento legal e ilegal de las campañas electorales. Delitos que, en su inmensa mayoría, quedaron sepultados en la impunidad.
La práctica de los delitos políticos es de vieja data; documentos recientemente desclasificados por el Gobierno gringo, revelan las advertencias del presidente Jimmy Carter, (1977 – 1981), “La lista negra de Jimmy Carter en Colombia” (julio de 1977) mediante carta dirigida al presidente Alfonso López advirtiéndole sobre vínculos de por lo menos 30 altos funcionarios de su gobierno, entre ministros y generales de las FF.AA y policiales con organizaciones de narcotráfico, además, del entonces candidato Julio Cesar Turbay y el propio hijo del mandatario, Juan Manuel López Caballero. Ernesto Samper, presuntamente recibió dineros del Cartel de los Rodríguez Orejuela (Proceso 8.000) para financiar su campaña presidencial; lo propio ocurrió con el expresidente Andrés Pastrana, según lo declaró, en su momento, uno de los integrantes del clan mafioso de los Rodríguez Orejuela. No se puede olvidar que, por orden de Uribe, compraron los votos en el congreso (yidis política) para garantizar su relección.
Salvatore Mancuso, Jorge 40, alias ‘Mono leche’ y otros jefes paramilitares, traicionados por su creador y patrocinador, declararon que hicieron campañas, a punta de bala, para obligar a la ciudadanía a votar en dos oportunidades por Álvaro Uribe, que aportaron sumas millonarias a sus campañas y que asesinaron líderes y lideresas de oposición por orden del exmandatario. Por otra parte, Juan Manuel Santos, candidato del Partido de la U y Oscar Iván Zuluaga, candidato del ‘Matarife’, según revelaciones de la justicia gringa, recibieron recursos de la multinacional Odebrecht para sus respectivas campañas presidenciales en2014. Iván Duque logró su elección como presidente de la República en 2018 mediante la compra de votos con dineros recolectados entre narcos de la región, por el narcotraficante, alias el “Ñeñe Hernández” y con capitales aportados de los clanes Char y Gerlein en la costa Atlántica.
El poder hegemónico, ha recurrido a la violencia para impedir, bajo amenaza de muerte, que líderes y lideresas de oposición participen como candidatos/as a cargos de elección popular; han cometido prevaricato, porque mediante resoluciones contrarias a la ley, beneficiaron intereses propios o de terceros; bajo protección de su padre en la Presidencia, se enriquecieron los hijos del ‘Matarife’; jueces, magistrados, la comisión de acusaciones y los organismos de control, absolvieron a expresidentes, ministros, gerentes y directores de entidades estatales por delitos cometidos contra el patrimonio público. La Fiscalía General de la Nación, en no pocos casos, ha cumplido la misión de cubrirle las espaldas a los mandatarios y sus respectivas pandillas gobernantes, mediante el cierre de investigaciones con el recurrente argumento de “falta de pruebas”; así ha ocurrido “presuntamente” con los últimos gobernantes, Pastrana, Uribe, Santos y Duque.
El más reciente ejemplo, es el caso de los sobornos, en miles de millones de dólares entregados por la multinacional Odebrecht y el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, tanto al candidato de Uribe, Oscar Iván Zuluaga, como a Juan Manuel Santos (reelegido), para sus respectivas campañas presidenciales en 2014, delitos que salieron a la luz porque la justicia norteamericana hizo pública la multa de US$80 millones que, por soborno a funcionarios públicos, fue obligado a pagar el billonario banquero dueño del Grupo Aval. Pero que, pese a contundentes evidencias, los corruptos fiscales, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, les cerraron y archivaron las investigaciones, o, dilataron los procesos para lograr su preclusión. Gracias al servilismo cómplice de los corruptos fiscales generales y al “tapen, tapen” de los medios corporativos, la impunidad sigue reinando en las altas cumbres del poder.
Queda claro que las raíces de la corrupción se encuentran en el andamiaje jurídico e institucional, cuidadosamente diseñado y construido a lo largo de la histórica hegemonía de la alianza multipartidista de la extrema derecha neoliberal. Con el pretexto de reducir el tamaño del Estado, superar su supuesta ineficiencia, atraer inversión privada y modernizar los sectores estratégicos, los gobiernos de Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, a lo largo de tres décadas, despojaron al Estado de ales.
Obviamente, la composición de las dos facciones dependía del lugar, y la imagen es compleja. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos de los actores sociales detrás de la facción rebelde hicieron afirmaciones similares a las que estaban detrás de las huelgas a mediados de la década de 1950. Se sintieron excluidos, discriminados y explotados en el sistema socialista, y exigieron mejoras materiales, como el empleo permanente. Y algunos grupos entre los rebeldes se radicalizaron. En general, los rebeldes utilizaron conceptos maoístas y respetaron a Mao como un líder revolucionario, pero estos grupos radicales llevaron la crítica mucho más lejos. Donde Mao vio burocratización o “desviacionismo capitalista” en el liderazgo del Partido como un problema de ciertos cuadros, los rebeldes radicales lo analizaron como un problema sistémico del socialismo chino bajo el PCCh. Exigieron un socialismo diferente y se refirieron a la Comuna de París.
El Grupo de la Revolución Cultural y el liderazgo del PCCh en torno a Mao se enfrentaron a una situación que ya no podían controlar: la Revolución Cultural había llevado al colapso de las estructuras del partido y del estado y se había convertido en una confrontación entre diferentes facciones. Reaccionaron con una mezcla de represión, cooptación y concesión. El ejército fue llamado para aplastar la rebelión, y desempeñó un papel importante en la consolidación del poder a través de los llamados comités revolucionarios; los líderes rebeldes fueron cooptados en estos comités y en el liderazgo del Partido; y se hicieron concesiones, incluidas las de las unidades de trabajo que menciona Joel Andreas (2019), pero no cambiaron ni las desigualdades estructurales ni la configuración política del estado. Las contradicciones sociales persistieron y se reflejaron en los continuos conflictos entre “conservadores” e “izquierdistas” en las unidades de trabajo y a todos los niveles del estado.
Importante para mi mapeo es que los “izquierdistas” en el liderazgo del Partido tenían como objetivo mejorar la situación económica de los proletarios y evitar una mayor estratificación social. En ese sentido, pueden clasificarse como “colectivistas de izquierda”. Al mismo tiempo, siguieron siendo una parte importante del régimen del partido “autoritario”. Mientras tanto, los disidentes rebeldes maoístas exigieron no solo mejoras económicas, sino también una forma de socialismo controlada por los trabajadores y campesinos, una posición “colectivista de izquierda” y “igualitaria”.
Por supuesto, está en discusión el balance de la rebelión durante la Revolución Cultural y de la facción “izquierdista” en la dirección. Tu señalas el problema central: el argumento de que un sistema explotador o autoritario puede ser cambiado por una facción de izquierda dentro de las estructuras del Partido o del Estado. Ese argumento terrible no es exclusivo de China, como lo demuestra el “entrismo” de los partidos de izquierda en otros países y su creencia de que pueden “cambiar el sistema desde dentro”. A menudo, los líderes o intelectuales de izquierda utilizan esta creencia, piden la “educación” de las masas y se refieren al argumento de Gramsci a favor de una hegemonía de izquierda en las instituciones para justificar sus carreras dentro de las estructuras estatales o del sector de la educación.
En China, los intelectuales de la Nueva Izquierda ven la Revolución Cultural como un intento de una segunda revolución en China contra los “desviacionistas capitalistas” en el Partido, mientras que no dan mucha importancia a las contradicciones sociales y los problemas estructurales del socialismo chino en ese momento. Cuentan con una nueva facción de izquierda dentro del liderazgo del PCCh que podría dar al Partido un giro diferente y devolverlo a una orientación socialista contra la mercantilización y el capitalismo que el Partido ha promovido en las últimas décadas.
Sin embargo, la posición de vanguardia del Partido, el cambio político impuesto “desde arriba”, las formas autoritarias de poder, la naturaleza patriarcal del PCCh, el concepto de liderazgo en una organización burocrática, todo esto sigue sin abordarse en gran medida. Estos aspectos, la distribución desigual del poder, por así decirlo, han estado en el centro de muchos conflictos sociales en China desde la década de 1950. Y no es casual que las movilizaciones sociales más importantes después de la Revolución Cultural, los movimientos de 1976, 1978 y 1989, incluyeran a trabajadores descontentos que exigían una forma más democrática de socialismo, el control de los trabajadores sobre el Partido y el control de los trabajadores en las unidades de trabajo.
Como mencionas, hoy la Nueva Izquierda y otros elementos “anticapitalistas” dentro del PCCh están debilitados. Mientras tanto, el liderazgo del PCCh todavía afirma ser “socialista”. En los últimos años, ha hecho hincapié en el folclore maoísta y en las narrativas socialistas de bienestar y desarrollo que Bo Xilai y sus aliados ya habían utilizado alrededor de 2010 con el aplauso de los protagonistas de la Nueva Izquierda. Y el PCCh promueve su versión domesticada del marxismo, libre de lucha de clases y revolución. Por lo tanto, hoy en día, los jóvenes en China pueden llamarse a sí mismos “izquierda” mientras apoyan el gobierno autoritario del PCCh, la explotación capitalista denominada “economía de mercado socialista” y el nacionalismo chino.
CC: En conversaciones en chino en China y en un artículo publicado recientemente en inglés, he afirmado que la teoría y el análisis críticos de izquierda o anticapitalista están en su punto más bajo en 130 años. A pesar de que pensé que era una afirmación bastante extrema, nunca recibí ningún argumento en contra.
Por el contrario, la época de la Nueva Izquierda, desde la década de 1990 hasta la primera década de este siglo, produjo un importante trabajo analítico y teórico sobre el género, la división de clases, la situación rural y otras cuestiones. Si bien varía en su grado de radicalidad, que va desde la socialdemocracia hasta el comunismo de izquierda (a veces en el trabajo de la misma persona), este trabajo interactuó con los movimientos sociales de maneras interesantes y políticamente prometedoras.
El último texto que se me ocurre en esta línea, “Dos tipos de nuevos pobres y su futuro” de Wang Hui (ver Wang 2012, 2014), se publicó a principios de la década de 2010, y reflejó con profundidad analítica las nuevas posibilidades políticas marcadas por los movimientos de trabajadores aliados con organizaciones no gubernamentales (ONG) de izquierda antes de la represión.
Aunque minimizas el papel y la importancia de la teoría en tu libro, claramente crees que la teoría es importante; has sido fundamental en la introducción del operaismo italiano al público chino; me refiero a los tres volúmenes de ensayos traducidos en El Operaismo y sus Criticos (工人主义及其批判) que publicaste en tu sitio web (Gongchao 2018).
Un estudiante de posgrado en China que conozco que publica comentarios muy interesantes en un blog sobre la clase, los movimientos de trabajadores y la política regional me dijo que pensaba que el desafío más importante para la izquierda en China hoy en día es la falta de teoría y análisis. ¿Estás de acuerdo con sus juicios y los míos sobre la actsu misión de administrar los bienes y recursos públicos y desarrollar obras públicas de infraestructura y prestación de servicios esenciales a la población; para ello dictaron normas que dieron vía libre a la privatización de lo público y a su hermana gemela la corrupción.
Con la Ley 100 de 1993, entregaron “en administración” los recursos de la salud al capital financiero que, con inversiones irrisorias, conformó las EPS como entidades aseguradoras y promotoras de salud, que durante más de 30 años recibieron miles de billones de pesos, para que los invirtieran en la salud de la clase trabajadora y las poblaciones vulnerables; pero, los destinaron al lucro y la acumulación, arruinaron la red hospitalaria pública, llenaron las arcas de empresarios y políticos corruptos, precarizaron el trabajo de médicos y trabajadores de la salud. En el más reciente hallazgo de la ADRES, se encontró que las EPS reportaron datos falsos sobre gastos en 2023, como la supuesta atención a 23.000 personas fallecidas entre 2020–2022 a un aparente costo de $80.000 millones, los sobrecostos en compra de medicamentos por $138.000 millones, procedimientos realizados, cuyo precio real era de $3.800.000, los pagaron a $780 millones. Con estas prácticas, arruinaron el sistema de salud y lo sumieron en una crisis prácticamente insuperable.
Con las Leyes 142 de 1994, 226 de 1995, 1508 de 2012 privatizaron la prestación de servicios públicos esenciales de agua potable, energía eléctrica, telefonía, aseo y saneamiento ambiental y crearon las APP (alianzas público–privadas), enajenaron la participación accionaria del Estado en empresas públicas, privatizaron activos estatales y reglamentaron la participación del sector privado en la financiación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública. Uribe vendió activos del patrimonio público, como Telecom (hoy Movistar) al grupo español Telefónica, Bancafé al hoy banco Davivienda; además de empresas del sector energético como Ecogas (vendida a empresa privada Promigas), Isagen, Electrocosta, Electro Huila, centrales eléctricas del Norte de Santander, de Nariño, Electricaribe, etc. Igualmente, desmantelaron los Ferrocarriles Nacionales y liquidaron el Banco Central Hipotecario. Fueron billones recolectados con dichas enajenaciones, con destino a la contratación de obras de infraestructura, muchas de las cuales se convirtieron en elefantes blancos y la plata se esfumó en las arcas de los contratistas y sus cómplices funcionarios del alto Gobierno.
La clase trabajadora ha sufrido las consecuencias de la corrupción; con la Ley 789 de 2002 del gobierno de Uribe, incrementaron la sobrexplotación laboral, despojaron a los trabajadores de derechos laborales, para reducir costos a los empresarios, ampliaron la jornada diurna hasta las 10 de la noche, para no pagar trabajo nocturno, disminuyeron las indemnizaciones por despidos sin justa causa, eliminaron los contratos a término indefinido, remplazados por contratos temporales, incluso por horas, subsidiaron a empresarios que crearan empleos que nunca crearon, precarizaron el empleo y redujeron el pago de horas extra y los recargos nocturnos. Con estas contrarreformas favorecieron la acumulación de capital a costa de despojar la clase trabajadora de sus derechos y someterla a salarios de miseria. Con el cínico argumento de que “a Colombia la está matando la pereza”, el ‘Matarife’ sometió a la clase trabajadora a largas jornadas laborales con salarios irrisorios; así les ahorró billones a los explotadores.
Los casos de corrupción han sido y seguirán siendo del diariual débilidad de la teoría y el análisis? ¿Qué tipo de trabajo teórico y analítico se necesita actualmente en la izquierda en China?
RR: Te he citado en conversaciones en relación con tu afirmación de que la teoría y el análisis críticos de izquierda o anticapitalistas están en su punto más bajo en 130 años en China. ¿Cuáles son las razones? ¿El giro antisocialista del PCCh y su marxismo domesticado? ¿Qué se hayan vendido los intelectuales de izquierda al régimen? ¿La represión contra la disidencia u oposición de izquierda y feminista en los últimos años? ¿O las limitaciones de las luchas de clase en curso? En mi opinión, hay muchas razones.
Una vez más, el problema no solo existe en China. La teoría y el análisis críticos de izquierda o anticapitalistas están en crisis en muchos lugares del mundo. Las dos principales grandes narrativas de izquierda del siglo XX no han cumplido su promesa de superar el capitalismo o, al menos, controlar sus efectos brutales: el marxismo-leninismo, incluida su rama maoísta, estaban detrás de los llamados estados obreros que, de hecho, eran estados autoritarios con un nuevo sistema de explotación de clases “socialista”; y la socialdemocracia ha sido cómplice de la reestructuración neoliberal del capitalismo con sus efectos devastadores en las clases trabajadoras. Una tercera narrativa de izquierda apoyada por corrientes antiautoritarias como el anarquismo desempeñó un papel en muchos movimientos, especialmente desde la década de 1960, pero no fue capaz de dominarlos ni producir éxitos considerables. En ese sentido, hasta ahora también ha fracasado.
Se han añadido varios elementos nuevos e importantes de la teoría y la práctica al canon de izquierda, incluidos el feminismo y el antirracismo, que han inspirado muchas luchas y han ganado peso en los círculos de izquierda desde el último cuarto del siglo XX. Pero a pesar de la profundización de las crisis económicas, sociales y ambientales, y de las muchas movilizaciones sociales resultantes desde el comienzo de este siglo en todo el mundo, como el movimiento okupa y las huelgas generales alrededor de 2010, no hemos visto un nuevo espíritu y esperanza revolucionarios similares a los de entre las décadas de 1950 y 1970. Entonces, tal espíritu y esperanza se podían sentir en las luchas anticoloniales, las movilizaciones estudiantiles de 1968, las luchas rebeldes durante la Revolución Cultural o las huelgas salvajes de masas de los trabajadores migrantes en muchas regiones del mundo.
A finales de la década de 2000, a raíz de la llamada Crisis Financiera Global, esa situación parecía cambiar. En todo el mundo, los movimientos sociales, las huelgas y otras luchas estaban en aumento. En China, después de la huelga de trabajadores migrantes en Honda en Guangdong en 2010, muchos esperaban la formación de una nueva clase trabajadora migrante que podría desempeñar un papel importante para desafiar las relaciones capitalistas en el país y más allá. Los artículos de Wang Hui parecen estar escritos en el espíritu de esta época, ya que esperaba una “repolitización” de las luchas sociales, y pensó que esto tenía que suceder a través de activistas intelectuales que intervinieran para representar los intereses de la clase trabajadora, un modelo leninista de liderazgo intelectual que, en mi opinión, debe ser arrojado a la basura de la historia, pero esa es otra historia.
A nivel mundial, la situación ha cambiado en los últimos 10 años. Los movimientos sociales aún no han desarrollado el impulso necesario para el cambio fundamental que esperábamos. En China, el fin del crecimiento económico de dos dígitos, la reestructuración y reubicación de las industrias, y la represión más dura de las activistas de base trabajadores, las ONG laborales y las feministas desde 2015 han cambiado el juego. Hoy en día, los círculos de izquierda y feministas están a la defensiva, muchos no se atreven a salir públicamente o apoyar las luchas sociales en los lugares de trabajo o en la calle. De hecho, son tiempos oscuros.
¿Qué podemos hacer en una época de luchas sociales tan silenciadas y de dura represión? Por un lado, las discusiones de izquierda continúan en China, y esto incluye procesos de aprendizaje e intercambios sobre las luchas sociales en China y más allá, así como sobre los análisis políticos y la teoría de la izquierda. Por otro lado, además de la represión y la censura, otros factores limitan las discusiones de izquierda en China, a saber, las narrativas contrarrevolucionarias del PCCh sobre la izquierda, el socialismo o el marxismo y la mistificación y los legados del maoísmo tipo Revolución Cultural en los círculos de oposición de izquierda. Mi libro pretende ser una contribución a un proceso de replanteamiento de la política de izquierda mediante el análisis crítico de la historia de China desde una perspectiva de izquierda, y quiere ser un desafío a estas narrativas y mistificaciones del PCCh.
No quiero “restar importancia al papel y la importancia de la teoría”, como dices, pero no presto tanta atención a los “teóricos” y a su historia de las ideas. En cambio, abogo por un análisis de la historia social, la teoría y la práctica con un enfoque materialista, es decir, analizando primero las condiciones sociales y las luchas a través de la lente de los protagonistas. Y en lugar de preguntar cómo los izquierdistas representaron, lideraron o dominaron las luchas -no solo una perspectiva leninista, sino también burguesa-, quiero entender primero cómo las luchas sociales inspiraron las corrientes de izquierda y cómo esta dialéctica entre las luchas y las corrientes de izquierda cambió con el tiempo.
En consecuencia, no estoy seguro de si la “falta de teoría y análisis” es “el desafío más agudo para la izquierda en China”. Prefiero preguntar qué tipo de teoría y análisis falta y para qué se supone que se debe utilizar. Si estamos de acuerdo en que el poder de derrocar al capitalismo y crear una sociedad sin explotación y discriminación está en manos del proletariado o de ciertas partes de las clases trabajadoras, entonces deberíamos comenzar a analizar y teorizar el proceso revolucionario con y desde las perspectivas del proletariado o de estas partes de las clases trabajadoras. Este es el problema no solo en China, sino también en otros lugares: muchos activistas de izquierda no hacen ninguna investigación sobre la situación de los proletarios o de los trabajadores.
Por esta razón, presentamos el operaismo italiano a los lectores chinos, o mejor: una visión crítica de los métodos de análisis e intervención del operaismo desarrollados durante las luchas de los trabajadores de masas migrantes en Italia en las décadas de 1960 y 1970, incluida una crítica de feministas cercanas al operaismo. La parte más interesante de esto para la situación actual podría ser el concepto de conricerca, o “co-investigación” (también traducido como “investigación militante”). Esta es una forma de organización e intervención que reúne a investigadores, activistas y trabajadores de izquierda. El objetivo es usar entrevistas, asambleas, debates o panfletos para construir el poder colectivo de la clase trabajadora y, finalmente, usarlo para la lucha de clase revolucionaria. Este concepto de autoempoderamiento de la clase trabajadora también se entiende como una crítica de la estrategia del partido de vanguardia leninista.
La realización en Cho acontecer mientras impere el sistema capitalista y el Estado liberal con sus instituciones en Colombia; un informe reciente de Transparencia por Colombia habla de que, entre 2016 y 2022, se registraron más de 1243 casos de corrupción 207 casos por año, que le costaron al erario $137,65 billones de pesos, no se refieren a los ocurridos durante los dos periodos de gobierno de Uribe que deben sumar otros tantos, mencionarlos todos sería una tarea interminable; pero referimos algunos que alcanzaron la categoría de mega escándalos: Los miles de billones de pesos saqueados al sistema de salud, Refinería de Cartagena (Reficar) en el que ministros y gerentes de Ecopetrol y multinacionales gringas, despojaron al estado $17 billones, el carrusel de la Contratación, de los nietos del general Rojas Pinilla y el clan de los Nule que defraudaron a Bogotá en cientos de miles de millones, Agro Ingreso Seguro del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que repartió cientos de miles de millones entre terratenientes y empresarios amigos del expresidente Uribe, el ‘Cartel de las marionetas’, integrado por el senador liberal Mario Castaño, congresistas del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Pierre García, director del DPS del Gobierno de Duque, los carteles de la hemofilia de los Gobernadores de Córdoba, el robo de los dineros de la alimentación (programa PAE) de niños y niñas de los centros de educación Pública, la “abudineada” de los $70.000 millones del programa de conexión digital a centros educativos de zonas apartadas, el saqueo de cientos de miles de recursos a la UNGRD, en cabeza de su director, Eduardo José González Angulo del Gobierno de Duque; así como la millonaria defraudación al DPS, en cabeza de su exdirector Pierre Eugenio García Jacquier (prófugo) y la propia mamá del expresidente, el desvío de billones adquiridos por empréstitos internacionales, para atender la pandemia del Covid, entregados a las grandes corporaciones, con su secuela de muertes que se hubieran podido evitar y el escándalo de la compra del ciber espía Pegasus por US$11.5 millones de dólares, que implica no solo al gobierno de Duque, sino al propio gobierno de los Estados Unidos, como una incuestionable acción de lavado de activos de Duque y una violación de la soberanía Nacional. La inmensa mayoría quedaron en la impunidad por preclusión calculada o en proceso, pero con excepciones contadas, todos en la impunidad.
El reciente escándalo de los carrotanques de la UNGRD en el gobierno actual, en cabeza del convicto y confeso Olmedo López del Polo Democrático y el Pacto Histórico, Sneyder Pinilla del clan uribista de los Aguilar, el senador Iván Name del Partido Verde, Andrés Calle, representante del Partido Liberal, Carlos Ramón González del Partido Verde, exdirigente del M-19, Pedro José Castro, exsenador liberal y Sandra Ortiz del Partido Verde, exconsejera para las regiones de la Presidencia y tantos otros parlamentarios y funcionarios del Congreso, nombrados en el proceso.
Según informes del periodista investigador, Alfredo Serrano la propia Laura Sarabia, actual cancillera del Gobierno de Petro, estaría implicada en este sonado escándalo. A diferencia del silencio cómplice de gobiernos anteriores, el presidente Petro denunció a los implicados Olmedo López y Sneyder Pinilla y exigió que la pena incluyera la devolución de los recursos robados.
Hasta hoy, las instituciones del Estado liberal y sus funcionarios han estado al servicio de la corrupción como fuente de acumulación de capital y como cómplices de gobernantes y funcionarios corruptos. Mientras exista el capitalismo y los Estados liberales, la corrupción será el pan de cada día de la humanidad.
La realización en Cho acontecer mientras impere el sistema capitalista y el Estado liberal con sus instituciones en Colombia; un informe reciente de Transparencia por Colombia habla de que, entre 2016 y 2022, se registraron más de 1243 casos de corrupción 207 casos por año, que le costaron al erario $137,65 billones de pesos, no se refieren a los ocurridos durante los dos periodos de gobierno de Uribe que deben sumar otros tantos, mencionarlos todos sería una tarea interminable; pero referimos algunos que alcanzaron la categoría de mega escándalos: Los miles de billones de pesos saqueados al sistema de salud, Refinería de Cartagena (Reficar) en el que ministros y gerentes de Ecopetrol y multinacionales gringas, despojaron al estado $17 billones, el carrusel de la Contratación, de los nietos del general Rojas Pinilla y el clan de los Nule que defraudaron a Bogotá en cientos de miles de millones, Agro Ingreso Seguro del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que repartió cientos de miles de millones entre terratenientes y empresarios amigos del expresidente Uribe, el ‘Cartel de las marionetas’, integrado por el senador liberal Mario Castaño, congresistas del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Pierre García, director del DPS del Gobierno de Duque, los carteles de la hemofilia de los Gobernadores de Córdoba, el robo de los dineros de la alimentación (programa PAE) de niños y niñas de los centros de educación Pública, la “abudineada” de los $70.000 millones del programa de conexión digital a centros educativos de zonas apartadas, el saqueo de cientos de miles de recursos a la UNGRD, en cabeza de su director, Eduardo José González Angulo del Gobierno de Duque; así como la millonaria defraudación al DPS, en cabeza de su exdirector Pierre Eugenio García Jacquier (prófugo) y la propia mamá del expresidente, el desvío de billones adquiridos por empréstitos internacionales, para atender la pandemia del Covid, entregados a las grandes corporaciones, con su secuela de muertes que se hubieran podido evitar y el escándalo de la compra del ciber espía Pegasus por US$11.5 millones de dólares, que implica no solo al gobierno de Duque, sino al propio gobierno de los Estados Unidos, como una incuestionable acción de lavado de activos de Duque y una violación de la soberanía Nacional. La inmensa mayoría quedaron en la impunidad por preclusión calculada o en proceso, pero con excepciones contadas, todos en la impunidad.
