POR LUIS BRITTO GARCÍA /
La presencia militar de EE.UU. en América Latina constituye una abierta injerencia y violación de la soberanía en varios países del hemisferio. Washington mantiene 6.000 bases militares en su territorio y unas 800 en 135 países, de las cuales 76 operan desembozadamente en Latinoamérica y el Caribe. La soberanía que los antepasados conquistaron a sangre y fuego es entregada por gobiernos serviles entre tratados complacientes y brindis claudicantes.
Incontables recursos aplica Estados Unidos para forzar su hegemonía en Nuestra América. A ello contribuyen su doctrina militar; su Sistema Hemisférico de Seguridad; su cuerpo de doctrinas y resoluciones legitimatorias de la intervención; una batería de tratados internacionales entreguistas; su espionaje estratégico y sociológico; su intento de restringir la talla de los ejércitos latinoamericanos y caribeños; el plan de reducirlos a meras policías antidrogas; sus programas de adiestramiento de las oficialidades; sus ejercicios conjuntos con ellas; sus instructores destacados para instilar adhesión a los intereses e injerencias estadounidenses; las masivas ventas de armamentos; la constitución de Fuerzas Interamericanas de Intervención; la injerencia disfrazada de ayuda humanitaria; la subordinación a la OEA y a la OTAN, el acoso y bloqueo mediante países cómplices, la ocupación del espacio aéreo, los conflictos de baja intensidad, las guerras de cuarta y quinta generación; la provocación de secesiones. Y como si ello fuera poco, la instalación de bases militares, a las cuales el presidente George W. Bush llamó en 2002 “uno de los símbolos más profundos del compromiso estadounidense con nuestros aliados y amigos”.
La presencia militar de Washington en Latinoamérica habla por sí misma: Estados Unidos mantiene 6.000 bases militares en su territorio y unas 800 en 135 países, de las cuales 76 están en América Latina y el Caribe. Como residuo de sus intervenciones o anuncio de las venideras, el imperio enclava un cinturón de estos “profundos símbolos” en Nuestra América. La soberanía que los antepasados conquistaron a sangre y fuego es entregada por gobiernos serviles entre tratados complacientes y brindis claudicantes. Con la ejecución de los acuerdos sobre el canal de Panamá fue desocupada la base Howard en 1999; no tardaron ser instaladas doce más. América Latina y el Caribe sigue siendo una región ocupada: a las anteriores se suman las bases que también opera el Comando Sur en Guantánamo, territorio tomado ilegalmente en Cuba, una docena en Puerto Rico, entre ellas la de Vieques, tres en Honduras, entre la que se cuenta la de Soto Cano, donde se fraguó el golpe contra el presidente Manuel Zelaya; la de Comalapa en El Salvador; ocho en Perú, entre ellas las de Iquitos, que domina la Amazonia, así como las de Santa Lucía Huallaga, Santa Lucía y Palmapampa.
En lugar de disminuir, su número aumenta: a principios del tercer milenio instala Estados Unidos las nuevas bases aéreas Reina Beatriz en la isla de Aruba y Hato Rey en Curazao, como respuesta a las negativas del presidente Hugo Chávez a permitir la instalación de bases en Venezuela. Estos enclaves militares cumplen el cometido estratégico que le asignaron los Países Bajos al ocuparlas en 1634: flanquear las costas venezolanas y facilitar incursiones contra ellas; entonces para el tráfico de esclavos, ahora bajo la excusa del control del narcotráfico.
No podía faltar Colombia, escenario de interminable intervención. En ella funcionan siete bases, entre las que destacan Tres Esquinas y Larandia: de hecho, todos los aeropuertos colombianos operan como bases donde las aeronaves militares estadounidenses se guarecen, reparan y recargan. El Comando Sur opera asimismo 17 bases terrestres de radares: cuatro con sede en Colombia, tres en Perú, y varias móviles o de ubicación secreta en los Andes y el Caribe. Las autoridades estadounidenses sostienen que los delitos del personal de tales bases no pueden ser juzgados por las leyes y los tribunales del país huésped. Alegando la deshonrosa condición de país ocupado, Colombia ha sido aceptada como aliado especial extra-OTAN, lo que la privilegia para comprar los excedentes de armas estadounidenses y almacenar las reservas bélicas de dicho país.
Comentario aparte merece la base de Manta, en Ecuador, que dominaba uno de los puertos fundamentales de un país petrolero, la frontera con la convulsionada Colombia y la estratégica cuenca del Putumayo. Tras ímprobos esfuerzos Rafael Correa logró su cierre: quizá ello desencadenó la intervención estadounidense en el golpe apoyado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y su brazo político, el partido Pachakutik, el 30 de septiembre de 2010, que casi le cuesta la vida al Presidente. Su sucesor Lenin Moreno, también apoyado por la Conaie, entregó a Estados Unidos como base militar las inapreciables islas Galápagos, patrimonio de la humanidad por su biodiversidad incomparable y por ser el sitio donde Charles Darwin concibió el monumento intelectual de la Teoría de la Evolución.
La progresiva ocupación castrense norteña de América Latina no olvida al cono sur. Estados Unidos hizo lo posible y lo imposible por derrocar al presidente Juan Domingo Perón e instalar en su lugar atroces dictaduras militares, con un saldo estimado de treinta mil argentinos asesinados. En 1981 Argentina intentó recuperar las islas Malvinas; Estados Unidos se negó a apoyarla, incumpliendo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y permitió que las islas fueran ocupadas por el Reino Unido, potencia sometida a la OTAN, alianza militar a su vez sometida a Washington. Quizá en agradecimiento por esta traición incalificable, el gobierno argentino de 1998 se convirtió en “aliado especial extra-OTAN de Estados Unidos” (junto con Brasil y Colombia), y el actual abdica de su soberanía permitiendo al Comando Sur estadounidense la construcción de una base militar en Neuquén, casualmente cerca del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta.
Al respecto, sintetizamos argumentos irrefutables del pedagogo Gustavo Cirigliano, de la profesora Elsa M. Bruzzone del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida), y del documento elaborado por la Multisectorial “No a la Base Yanqui en Neuquén”, de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos de la provincia: Que América Latina y el Caribe han sido declaradas Zona de Paz y es por tanto contradictoria la instauración en ella de bases militares de potencias ajenas a la región. Que la Constitución de la República Argentina prohíbe la instalación en su territorio de bases militares foráneas. Que tales enclaves al principio invaden, como en Neuquén, con la excusa de prestar “ayuda humanitaria”. Que pasan de ello a autoclasificarse como FOL (lucha antidrogas) y luego a redefinirse como CSL (de Seguridad Cooperativa). Que ocupan Zonas Económicas “ricas en recursos naturales estratégicos” o “bienes comunes: tierras fértiles, agua dulce, minerales, hidrocarburos, biodiversidad”. Que su verdadero y oculto objetivo es operar como bases de apoyo y proyección geoestratégica, favorecer a las compañías foráneas en la explotación de recursos no renovables y proteger las vías para exportarlos.
Graves e inenarrables sacrificios costó la Independencia de las naciones latinoamericanas. Nuestra América no debe volver a ser nunca un continente ocupado.
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