POR JOSÉ ANTONIO OCAMPO GAVIRIA*
Gravar la riqueza de los más ricos ya no es una opción, sino una obligación. La desigualdad global se ha disparado y no hay mejor manera de abordarla que redistribuyendo la riqueza. Como demuestra el informe de Oxfam, el 1 % más rico ha acaparado casi dos tercios de la nueva riqueza generada en los últimos dos años, casi el doble que el 99 % restante de la humanidad.
La justicia es la base de las reformas fiscales que hemos emprendido en Colombia. Concretamente, esto ha implicado la aplicación de un nuevo impuesto sobre la riqueza, mayores tipos impositivos para las personas de rentas más altas y para las grandes empresas con súper beneficios por su actividad en los mercados internacionales y el fin de los incentivos fiscales que se aplicaban a pesar de no existir una justificación clara para ello desde el punto de vista social ni ambiental. Asimismo, hemos introducido un impuesto sobre los servicios digitales y un tipo impositivo mínimo para los beneficios empresariales, partiendo del convenio para la reforma fiscal internacional.
Al abolir vacíos legales y privilegios fiscales que se han prolongado durante décadas beneficiando solo a los más ricos, dispondremos de mayores ingresos para invertir en servicios públicos gratuitos y de calidad, como la salud y la educación. Más recursos para invertir en agricultura, la respuesta climática y el medioambiente. Y para consolidar la paz. No es algo simplemente simbólico, no se trata de grandes discursos sobre subir los impuestos a los ricos en beneficio de los pobres. Es un cambio histórico que nos lo debíamos desde hace mucho tiempo. Colombia es uno de los países del mundo con mayor desigualdad, por lo que no resulta sorprendente que este fuera el elemento catalizador de las protestas nacionales de 2021. Las ciudadanas y ciudadanos de a pie han dicho “basta” y han exigido cambios.
Y les hemos escuchado. Hemos escuchado a los millones de colombianas y colombianos que trabajan duro cada día para alimentar a sus familias. A las mujeres, jóvenes y personas internamente desplazadas. A las pequeñas empresas que son la base de nuestra economía. Sin una fiscalidad justa no podremos garantizar un futuro sostenible para el conjunto de la población. Y, mientras que la mayoría de los países parece estar dando marcha atrás en su ambición de abandonar los combustibles fósiles, nuestro compromiso con la transición energética de Colombia continúa siendo firme.
Cumpliremos con nuestra parte y colaboraremos con nuestros países vecinos en América Latina para poner fin a la carrera a la baja en la región. En materia fiscal, no nos queda más remedio que cooperar en lugar de competir. Este planteamiento se extiende también a los acuerdos fiscales internacionales, que deberían beneficiar a todos los países y no solo a los más ricos.
Nos enfrentamos a crisis sin precedentes, por lo que animo a los líderes de todo el mundo a garantizar que los más ricos paguen su justa parte de impuestos para poder responder a estas crisis, acabar con ellas y construir un futuro mejor para el conjunto de la población mundial.
*Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia.
El anterior texto es uno de los prólogos del informe La ley del más rico. Gravar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad. Reporte de Oxfam, enero 2023.
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