POR OCTAVIO QUINTERO
El momento político de Colombia parece una copia al carbón de la campaña que dio al traste con la Presidencia de Pedro Castillo, en Perú. Todo es parecido: la composición adversa del Congreso, la obnubilada oposición política, la cizaña, las mentiras, las encuestas, los “politólogos” presagiando el caos, la prensa en contra… Todo parece igual, menos los presidentes: ¿Cuál es la diferencia? Sin discusión, Petro tiene más espuelas, políticamente hablando.
Se necesitaría más que una orquestada y sucia campaña para tumbarlo. A lo que parece apostarle la derecha es a enervar el proceso de cambio propuesto por el Gobierno nacional, a ver cómo en 2026, recupera la Presidencia, empezando este año de elecciones de autoridades locales.
De momento, el caso Castillo deja una importante lección preventiva a los gobiernos progresistas, que han logrado vencer a las derechas en Latinoamérica: si las calles de Lima se hubieran llenado de gente en apoyo al Presidente constitucional, antes de que lo destituyera el Congreso, como se vio después, y se ve todavía, otro gallo cantaría a esta hora en la capital del imperio Inca.
A ese respecto, Petro la tiene clara: el poder está en la calle. Lo viene advirtiendo desde la noche misma de su elección; lo ha reiterado en muchas oportunidades. El más vehemente llamado a la movilización popular en respaldo a sus reformas sociales, indispensables para lograr la encomiada “Paz total”, la reina de las utopías humanas, por la cual siempre hay que luchar, lo hizo cuando convocó marchas para el 14 de febrero que, realmente, no fueron tan masivas como se esperaba, ni tan lánguidas como deseaba la oposición.
Ahora, en medio de la incertidumbre legislativa provocada por los privilegiados jefes políticos unidos para truncar las reformas propuestas en salud, laboral y pensional, montadas en el esplendor del modelo neoliberal, Petro hace un nuevo llamado a salir a las calles, este 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, cuando ya podrá vislumbrarse, muy cerca del acierto, la suerte final de las reformas. Vamos a ver si ésta vez le cuaja…
Un pueblo “soberano” –dice la Constitución– movilizado a discreción del cambio, dirá a los encopetados jefes políticos que las reformas del Gobierno no tienen por qué buscar, primero, la tranquilidad de ellos y sus élites, que representan y defienden, sino, y sobre todo, la tranquilidad social; y de paso, advertirá, o mejor, recordará, que el poder supremo lo tiene el pueblo, capaz de hacerlos a un lado de la historia, si se lo propone, a través de un referendo nacional constituyente.
El sentido periodístico me dice que eso traducen las lapidarias frases de Petro, que con frecuencia cito en las redes sociales: “No me reten” y, la más reciente: “Que no confundan”.
Esa es la estrategia política (movilización de masas), que trata de disponer Petro para vencer la resistencia del statu quo que está dispuesto a hundir al país con tal de no entregar el poder que tiene acumulado en la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, cuyos titulares últimamente vienen actuando con claro e innegable sentido político; el poder que tiene desde el Congreso, financiado por la empresa privada a través del voto preferente; el poder que tiene sentado en la Junta Directiva del Banco de la República; el mismo que tiene en las juntas directivas de las empresas estatales y privadas; en el sistema financiero, en los gremios económicos y tanques de pensamiento; en los departamentos y municipios, aupado por los medios de comunicación, tradicionales y de reciente cuño digital, que esparcen las cizañas y mentiras que dicen. Y, ay de quien les rectifique: le acusan de “arremeter” contra la prensa porque, también parece que el derecho a la libertad de expresión es exclusividad de los medios, y sin derecho a réplica.
El papa Francisco, en entrevista con el periodista Gustavo Silvestre, de la cadena argentina C5N, denunció recientemente (el viernes 31 de marzo), este contubernio (oposición-prensa), crudamente al servicio del golpe blando, al decir: … “Abren camino los medios de comunicación. ‘Hay que impedir que este llegue a tal puesto’ y entonces le dan, ‘le empezamos a dar’. Y lo descalifican y le meten la sospecha de un delito (lawfare)“. Seguidamente puso como ejemplo los casos de Dilma Rousseff y Lula, en Brasil, acotando, “No pudieron…”.
Han llegado a tanta arrogancia en Colombia, que hay “distinguidos” opinadores que opinan (valga la redundancia) que el Presidente “malgasta” mucho tiempo en tuitear réplicas a la cizaña y mentiras que a diario le carga la oposición, en connivencia con la “augusta” prensa. Creen estos que el Presidente, y todos los que osen controvertirlos, atentan contra la libertad de expresión, en trance de dictadores. Y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), acunada por el propio Nobel, García Márquez, en 1996, en ostensible desfiguración de su filosofía, le sigue el juego a estos empresarios mediáticos, con periodistas alejados de una información veraz e imparcial, y columnistas, sin objetividad.
Retomando el tema central, Petro es consciente de que los cambios no van a salir de reuniones con los jefes políticos “en un frío salón de la Casa de Nariño”, como dijo, después de conocer el retiro del apoyo a la reforma de salud que encabezó el expresidente Gaviria, eterno jefe del Partido Liberal, seguido de los directores de los partidos de la U y Conservador, todos ellos, socios políticos de Álvaro Uribe (Centro Democrático) y Vargas Lleras (Cambio Radical), y neoliberales, por supuesto.
Lo del fiscal, Francisco Barbosa, y la procuradora, Margarita Cabello, cabezas de sendas instituciones de gran poder, puestas al servicio del golpe blando, merece reflexión aparte.
El primero (Barbosa), salió inventando, en un seminario internacional (de procuradores en República Dominicana), que este Gobierno y el Congreso estaban “presentando propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia”. Un avezado analista jurídico y catedrático como Ramiro Bejarano dice: “Ni en las épocas más tempestuosas de la política se había oído a un alto funcionario con poderes judiciales lanzar (ésta) terrible e irresponsable acusación…”.
De momento, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) lo acusa de “traición a la patria”, delito que es compartido por el jurista Bejarano en los términos que establece el artículo 457 del Código Penal. También podría ser citado por la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores del Senado en los términos establecidos en el artículo 137 de la Constitución. Pero, serían paños de agua tibia, por el momento, porque la justicia, más la de los aforados, llega cuando los incriminados han hecho con su delito el mayor daño posible.
El activismo político de la Procuradora es patético. La última salida fue pedirle a la Corte Constitucional que tumbara la ley de la “Paz total”… Poco antes había comparado la reforma laboral con un “pliego de peticiones sindicales” y a la reforma de salud, que estaba politizada. Lo curioso es que mantiene engavetados todos los expedientes del 07 de agosto 2022, hacia atrás, y abiertas investigaciones a diestra y siniestra de ahí en adelante.
Sus conexiones judiciales son tan potentes que logró que la propia Corte Constitucional patinara en el fallo que dictó sobre sus facultades de destituir funcionarios de elección popular, una facultad atribuible solo a los jueces penales, según la doctrina internacional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica – 1980).
De ese tamaño son los precursores de la nueva “Libertad y Orden” de Colombia, como reza el escudo que inundó los medios y las redes sociales hace poco en claro mensaje subversivo, que de “subliminal”, no tenía nada.
Fin de folio.- Clinton tuvo una aventura amorosa en la propia Casa Blanca, y le perdonaron; Trump tuvo su aventura antes de ser elegido, y está a punto de parar entre rejas. La moral de EE.UU. es sui géneris.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
