POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
El trámite del proyecto de reforma al sistema de salud colombiano, liderado por la saliente ministra del ramo, doctora Carolina Corcho Mejía, luego de superar obstáculos de toda índole, fomentados por la santa alianza conformada por los partidos tradicionales, tanto de la oposición del Centro Democrático y Cambio Radical, como de los supuestos aliados y “adherentes” al programa de gobierno de Gustavo Petro, los partidos Liberal, Conservador y de la U, librado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, fue aprobado en primer debate con una votación precaria y perspectivas inciertas, para los tres debates que le faltan para convertirse en Ley de la República. Son muchas las lecciones que ha dejado este primer round.
En esta columna nos ocuparemos solo de algunas de mayor relevancia:
- Quedó claro que con la Ley 100 de 1993, impuesta por el siniestro binomio Cesar Gaviria–Álvaro Uribe, despojaron al Estado de la administración de los cuantiosos recursos de la salud y se la entregaron a las entidades privadas, creadas como Empresas Prestadoras de Salud (EPS) para administrarlos; quienes, sin invertir un peso de su pecunio, convirtieron los dineros públicos en una fuente de enriquecimiento desmesurado y de acumulación de capital, en detrimento de la garantía de este derecho fundamental y la vida de los 30 millones o mas de colombianos/as que se afiliaron a tales entidades, verdaderas mafias depredadoras del erario. En más de treinta años de administración privada del dinero público, despojaron del derecho a las salud a la mayoría de colombianos/as y causaron millones de muertes que se hubieran podido evitar, reinó la primacía de los intereses de los mercaderes y traficantes de la salud sobre el interés general, se apropiaron centenares o miles de billones de los recursos del estado supuestamente invertidos en la salud del pueblo colombiano, pero realmente, dejaron el sistema convertido en un verdadero desastre.
- Con el proyecto de ley de reforma al sistema se pretende recuperar el control y la administración de cerca de $80 billones que el Estado invierte anualmente en la salud, recolectados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y entregados a las EPS para su administración, pero que en realidad se los roban. La recuperación de la administración de los recursos, le significará al erario un ahorro de cerca de $8 billones anuales, que las EPS cobran por ese concepto. Además, pretende detener el desangre de los recursos, consecuencia de la quiebra de más de 120 EPS que han dejado deudas, que acumuladas con las que arrastran las que aún sobreviven, sobrepasan los $23 billones; probablemente no fueron quiebras sino desvíos de dineros para construir sus propias clínicas y hospitales, lo cual les permitió convertir la salud en el negocio más lucrativo del mercado. El proyecto de ley propone que la ADRES, además de colectar los recursos, los administre y asuma los pagos, sin intermediarios, a clínicas y hospitales, privados y públicos, que son los que prestan realmente los servicios de salud y que dichas entidades contraten médicos/as, especialistas y demás trabajadores/as sanitarios, con estabilidad, prestaciones laborales, seguridad social y salarios dignos, con lo cual se superaría la precariedad en que los habían sumido las EPS. Queda como gran lección que cuando los privados “administran” los dineros públicos lo hacen para obtener jugosas ganancias y acumular capital, en detrimento de la salud y la vida de la población.
- Con el debate en la Cámara de Representantes fueron desenmascaradas muchas falsedades difundidas por los tradicionales medios de comunicación masiva para distorsionar la razón de ser del proyecto de reforma al sistema y desvirtuar su imperiosa necesidad. Quedó claro que el servicio de salud que contratan las EPS es precario y de pésima calidad, no garantiza ni siquiera la atención primaria, mucho menos la atención de mayor complejidad y ha sido causante de millones de muertes. Quedó al descubierto también que no son la EPS las que financian la salud de los/as colombianos/as, como falsamente difunden los medios que se financian con las pautas pagadas por estas entidades, sino que es el Estado el que paga los costos y garantiza la atención en salud del pueblo, además de los medicamentos que son entregados a los pacientes, previo pago de cuotas moderadoras y copagos que el proyecto de ley propone eliminar.
- En el campo de la política aprendimos que se enfrentaron dos concepciones, la de quienes defienden la iniciativa privada como fundamento de la sociedad capitalista y demeritan la administración de lo público, pese a que han parasitado y saqueado el erario a su paso como gobernantes que han ejercido el poder y administrado lo público en beneficio de los intereses siempre minoritarios privados, y la de quienes liderados por la exministra Carolina Corcho defienden los recursos de la salud como un bien público que deben ser administrados con absoluta transparencia e invertidos en garantizar el servicio de salud gratuito, universal y de calidad para el cuidado de la vida de los/as colombianos/as. En la pandilla que defiende la minoría opulenta y depredadora de lo público están los partidos de las oligarquías dominantes y corruptas, que se lucran de las EPS y participan del negocio, los carteles del narcotráfico, los paramilitares, los parlamentarios corruptos, entre otros. El hermano de Germán Vargas Lleras, por ejemplo, hizo parte de la quiebra y el saqueo de SaludCoop y, ahora forma parte de la directiva de la Nueva EPS. La cuestionada doña Dilian Francisca Toro enfrenta procesos judiciales por el robo de los dineros de la salud del Valle del Cauca. Del camaleónico Roy Barreras se dice que se benefició de los dineros de las EPS para financiar sus campañas. Forman parte por supuesto, las EPS agrupados en ACEMI y Gestarsalud, por obvias razones; amén, de los medios de comunicación masiva monopólicos, que se nutren con jugosos contratos de pautas publicitarias y publirreportajes para defender las inexistentes bondades del negocio privado de la salud.
Contradicción entre los dueños del negocio y los defensores de la salud como bien público fundamental
En la orilla contraria, la que defiende la salud como un bien público y la transparencia en la administración de los recursos, liderados por la doctora Carolina Corcho y el gobierno del cambio, los/as profesionales de la salubridad en todas sus ramas y especializaciones de la ciencia médica, los demás trabajadores/as del sistema, los colegios, las academias, las sociedades científicas, la Federación Médica y las organizaciones sindicales y agremiaciones de trabajadores/as, las organizaciones populares, campesinas, LGBTI, de comunidades afrodescendientes, feministas, asociaciones de usuarios de las EPS, parlamentarios del Pacto Histórico, el Partido Verde, algunos liberales y de la U. Sin lugar a dudas, en este debate ha quedado claro que la principal contradicción ha sido entre los dueños del negocio privado de la salud y los defensores de los cuantiosos recursos públicos que deben ser administrados para proteger y cuidar la vida de los/as colombianos sin discriminación de ninguna especie.
Es verdad que los impresentables expresidentes Cesar Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que ordenaron a sus bancadas votar en contra del proyecto de ley, incluidas las modificaciones sugeridas y acordadas con ellas, sufrieron un duro revés pero no una derrota, puesto que la Comisión Séptima le dio paso a la segunda vuelta y el presidente Petro, acertadamente, declaró disuelto el acuerdo de gobernabilidad, como respuesta a su deslealtad y separó de sus cargos a los seis ministros que los representaban en el gabinete. Pero, lograron la salida de la Ministra de Salud, que no formaba parte de la coalición sino del equipo de gobierno del Pacto Histórico.
La ministra Corcho fue intencionalmente convertida en el blanco de todo tipo de ataques, difamaciones, calumnias, señalamientos de ser el principal obstáculo para concretar acuerdos de modificaciones, etc., por los expresidentes y todas o parte de sus bancadas, los medios oficiosos de la poderosa casta política que aún controla buena parte del poder político, de ACEMI y Gestarsalud, del presidente del Senado Roy Barreras, de los ministros y las ministras salientes, en fin, del poder económico en general.
Reconocimiento social y consolidación de liderazgo
Carolina Corcho que, sin lugar a dudas, actuó en total consonancia con el discurso de la campaña y de la Presidencia en ejercicio sobre la reforma al sistema de salud, enfrentó con entereza los ataques personales y sobre todo, defendió el texto de la reforma, negoció las modificaciones acordadas con los partidos de la derecha representados en el gobierno, adelantó proceso de diálogos, foros y debates previos con los representantes de las organizaciones médicas y de trabajadores/as de la salud, con estudiantes de las facultades de medicina y con sectores populares, respondió entrevistas, en fin, quizá como nunca antes, lideró el amplio debate público, previo a la radicación del texto oficial de la reforma. Tal actitud le valió el reconocimiento público y la defensa de su gestión por parte del Presidente de la República.
Resultaba impensable que, en la salida de los ministros que provocó la ruptura del acuerdo de gobernabilidad con los partidos de la derecha, estuviera incluida la Ministra de Salud. Pero, como hecho inesperado, el mandatario aceptó la renuncia protocolaria de la Ministra que se la había jugado toda por la reforma. En los nueve meses de su gestión, la doctora Corcho, dejó en evidencia su sólida formación profesional y política, su lealtad y compromiso con el cambio democrático prometido en la campaña presidencial y con las luchas por los derechos democráticos de nuestro pueblo, su inteligencia, su ética, su entereza, su capacidad administrativa y de liderazgo y sus principios para defender los ejes medulares de la reforma, que quedaron sentados en el proyecto que pasó a segundo debate. Debemos esperar que este sorpresivo cambio, pese al fuerte discurso de Gustavo Petro en la conmemoración del Primero de Mayo, no sea utilizado por las mayorías retardatarias y gatopardistas del Congreso, para introducir nuevos “cambios” en el texto oficial del proyecto de reforma para que todo siga igual.
Como contrapartida, Carolina Corcho, que ha recibido, a través de las redes sociales abrumador respaldo y reconocimiento del pueblo colombiano que valora su lucha y sus esfuerzos por hacer realidad el derecho a la salud y los derechos humanos de todos, todas y todes, ha puesto la vara muy alta para el Ministro que la remplazó y por sobre todo ha surgido como una nueva lideresa política que seguramente la llevaran a nuevos y mayores designios y responsabilidades políticas de mayor calado.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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