POR LILIANA ESTUPIÑÁN-ACHURY* /
A más de treinta años de la Constitución de 1991, surge la necesidad de repensar la carta política, más aún con la terminación del conflicto armado y la implementación del Acuerdo firmado en La Habana en 2016 se hace imperativo la revisión constitucional de un tema sustancial como el concerniente a la distribución del poder en el territorio y la descentralización de las oportunidades en la geografía colombiana del abandono.
En Colombia el pacto territorial de la Constitución Política de 1991 ha sido afectado por procesos de recentralización, exacerbación del sistema de gobierno presidencial y del Estado central en detrimento del precario principio de la autonomía propio de la adopción del modelo territorial unitario. Se observan algunos avances significativos en materia de descentralización política y administrativa, poco en materia fiscal.
A más de tres décadas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, todo invita a una gran revisión constitucional del tema de la distribución del poder en el territorio y de la descentralización de la economía y las oportunidades en una geografía que sigue presa del conflicto, la ilegalidad, la corrupción y la desinstitucionalización. Barajar de nuevo en materia territorial se aproxima para el caso colombiano.
*Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas y abogada constitucionalista. Fundadora y coordinadora de la Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina (REDCCAL) e integrante de Defendamos la Paz Colombia. Académica y consultora.
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