AGENCIAS /
Entre los hechos más inquietantes figuran iniciativas en el Congreso para abolir ese mecanismo de justicia.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, manifestó preocupación por los ataques que desde el gobierno de Iván Duque y sectores políticos afines se vienen haciendo contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Son preocupantes las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional” en Colombia, ideado para ayudar al país a avanzar en la consolidación de la paz sin permitir la impunidad, precisó Bachelet el pasado 26 de febrero desde Ginebra (Suiza).
Al presentar el informe periódico que prepara su Oficina sobre la situación en Colombia, la Alta Comisionada agregó que entre los hechos más inquietantes figuran las iniciativas en el Congreso para abolir ese mecanismo de justicia.
Consideró que es urgente que el Estado proteja a esa y otras instituciones, a sus integrantes y a las víctimas que acuden a ellas en busca de justicia.
El tribunal de justicia transicional en Colombia, la JEP, es el mecanismo que posibilita el acceso a la verdad sobre todo para los sectores sociales más vulnerables y ha sido considerado en el medio jurídico internacional como un modelo para el mundo. Así lo ha reconocido incluso la propia Corte Penal Internacional (CPI).
Bachelet también comentó que la futura publicación del informe de la Comisión de la Verdad será “una oportunidad histórica para garantizar los derechos de las víctimas y abrir el camino a una reconciliación” que permita superar más de medio siglo de conflicto armado interno.
En una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet pidió a las autoridades colombianas que hagan más esfuerzos para proteger a la población de la violencia. Planteó que para ello es imprescindible contar con una presencia estatal integral en los territorios más afectados.
Según el informe anual de la ONU sobre derechos humanos en Colombia, el año pasado se recibió información sobre 81 masacres, de las cuales 76 se pudieron documentar, con 292 asesinados. Todo ello representó la cifra más alta desde 2014 y el doble que el año anterior.
Bachelet agregó que también se registraron 133 casos de homicidios de defensores de los derechos humanos, de los que 90 están ampliamente documentados.
Dicho informe se refiere también a “un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales”. Esta crítica realidad, sume a Colombia en una profunda crisis humanitaria.
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