POR CAROLINA CORCHO MEJÍA* /
El informe de los agentes interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que presenta la Superintendencia del ramo da cuenta de lo que reiteradamente se ha venido diciendo: el fallo de responsabilidad fiscal de Saludcoop, que es la defraudación más grande que se ha presentado en Colombia en materia de salud, que es cosa juzgada y está en firme en todos los tribunales de justicia, no era una manzana podrida en el sistema de salud, es la manera misma cómo funciona el sistema actual que se niegan a reformar.
Las modalidades de saqueo de recursos públicos que se describen en otras EPS, son las mismas que se describieron en Saludcoop.
Todo esto pasa mientras cientos de miles de colombianos padecen la negación de servicios en todo el país, siendo más afectados los ciudadanos más humildes. Lo que procede ahora es que la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, hagan las respectivas aperturas de investigaciones y se sancione penal, disciplinaria y fiscalmente a los responsables de este despropósito con la vida de los colombianos. No más impunidad.
Frente a este panorama no tiene ningún asidero las mentiras repetidas de que la crisis del sistema de salud es por la supuesta insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC) que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de salud para cubrir las prestaciones del plan de beneficios en salud en los regímenes contributivo y subsidiado.
Los representantes políticos, de la academia, y defensores de este descalabro de sistema de salud deben asumir también su responsabilidad frente la sociedad colombiana.
*Exministra de Salud.
