POR JOSÉ ARNULFO BAYONA* /
Las cuatro encuestas realizadas, sobre los cien días del Gobierno del Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez, arrojaron una opinión favorable de 62 %, 61 %, 49.9 % y 48.8 % respectivamente, ampliamente superiores a la favorabilidad registrada en los 100 días de su antecesor, que apenas logró el 28 %. Las encuestas fueron financiadas por la empresa privada y contratadas por los medios masivos de comunicación de al servicio de la oposición uribista y, estuvieron precedidas de la guerra mediática, contra el gobierno, en especial contra las Ministras de Salud y de Minas, con quienes han sido particularmente insidiosos.
Vistos con sentido crítico, los primeros cien días, arrojan un balance de luces y sombras. En primer lugar, la conformación del equipo de gobierno es producto de un acuerdo amplio en el que están representados la mayoría de los partidos de la derecha derrotada que “adhirió al programa de gobierno”, que no merecen confianza, seguramente, a la primera oportunidad, actuarán en favor de los intereses que siempre han representado. El resto, son del Pacto Histórico, una convergencia de sectores de izquierda, el progresismo y la derecha; son un equipo que no responde a una dirección política centralizada; pero, se supone, que deben estar comprometidos con el cumplimiento del programa de reformas democráticas con el que ganaron las elecciones.
En rueda de prensa del 15 de noviembre, el Presidente de la República presentó un balance de sus ejecutorias en el corto periodo evaluado y habló de 50 hitos realizados en este pequeño espacio de tiempo; para valorarlos, se debe entender que su desempeño se da en el contexto de la crisis económica, social y política que golpea a los EE.UU. e impacta a los países de alto desarrollo y a los países dependientes o subdesarrollados. Crisis agravada por la pandemia del Covid-19, la crisis climática y la guerra que sostienen la OTAN y Rusia en el territorio ucraniano, en la que Estados Unidos y la Unión Europea ponen las armas y ucranianos y rusos, los muertos.
Las medidas antirrecesivas y para sostener la guerra, adoptadas por Estados Unidos, tales como, el frecuente incremento de las tasas de interés decretadas por la Reserva Federal, el alza en los precios de los combustibles, la escasez de fertilizantes, las sanciones económicas a Rusia, etc., trasladaron gran parte de los efectos de la crisis a los países dependientes, que se reflejaron en la inflación que ya superó el 12,2 % en Colombia y la devaluación que en el país repercutió en el alza del precio dólar que ha llegado a $5.000; lo cual incrementó el monto y los costos de la deuda externa, amén, de la desaceleración de la economía anunciada por el Ministro de Hacienda para el año entrante. Factores que ponen en riesgo los alcances del programa de lucha contra el hambre, por la igualdad, la justicia social y ambiental que pretende desarrollar el nuevo gobierno.
En este marco, fue de gran impacto nacional e internacional la participación del Presidente en la Asamblea General de la ONU, en donde explicó el giro de la política internacional de Colombia, al anunciar el retorno al multilateralismo; al tiempo que, exigió a la comunidad internacional reconocer los fracasos de las políticas de guerra contra las drogas y de la lucha contra el cambio climático. Reactivó la alarma sobre el desastre causado en la selva amazónica por la guerra contra la hoja de coca y propuso a la banca multilateral cambiar deuda externa por inversiones de los países deudores en la recuperación de la Amazonía, descarbonizar la economía mundial y acelerar la transición del extractivismo minero energético a las energías alternativas y limpias. Igualmente, en la COP 27 celebrada en Egipto, propuso un decálogo para reorientar la lucha contra la crisis ambiental y civilizatoria que atraviesa el mundo y anunció, que Colombia invertirá $200 millones de dólares anualmente, por el lapso de 20 años, a través del mecanismo de vigencias futuras, con miras a proteger la Amazonía, “mediante pagos al campesinado y las comunidades indígenas para convertirlos en una fuerza revitalizadora de la selva”.
Así mismo, cuestionó la hipocresía de los países desarrollados, que han firmado 25 acuerdos de políticas para mitigar la crisis ambiental, pero nunca los cumplieron, reactivó el debate sobre la crisis climática y concretó la realización de una cumbre de los países suramericanos que tienen responsabilidad con el cuidado de este pulmón del mundo. Queda la sombra de la duda sobre si se impondrá la acción de las transnacionales del carbón y del petróleo, ampliamente respaldadas por los poderes económicos en Colombia, para impedir una transición energética acelerada y, si la propuesta de “financierización y militarización de la naturaleza y los agronegocios”, que abrirán paso a políticas como “los mercados verdes, los bonos carbono y los pagos por servicios ambientales, para, supuestamente, mejorar los ingresos de los campesinos y los indígenas, como los nuevos asalariados precarios encargados de cuidar los negocios del capital financiero que se viene apoderando de sus territorios” (Miller Dussán Calderón); o, si el gobierno, por el contrario, se unirá a las resistencias latinoamericanas, campesinas, populares, afros e indígenas, que luchan por una transición energética, basada en una economía agroecológica, con sentido democrático y de justicia social y ambiental. El gobierno debe entregar al país mayores explicaciones sobre el verdadero alcance de la donación de los EE.UU. de 12 helicópteros, que, en sus propias palabras, “no dedicaremos a la guerra sino a cuidar la selva amazónica”.
Como parte de la nueva política internacional, de respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, se reestablecieron las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Venezuela, cuya ruptura no debió suceder nunca, pues, en palabras del Presidente, con el pueblo venezolano nos unen lazos de hermandad, de sangre y genéticos. Se regresó al tradicional intercambio comercial de grandes y pequeños negocios, el cual se redujo a cero, después de la ruptura ordenada por el gobierno del país poderoso. Antes del rompimiento, el comercio binacional producía a Colombia más de US$8.500.000 anuales. Con la reapertura se inició el proceso de recuperación de la frontera que, con la complicidad de militares de aquí y de allá y el beneplácito cómplice de Duque y su protegido, el cantinflesco Juan Guaidó, había quedado en poder de las mafias criminales y del narcotráfico que actúan impunemente en ambos lados de la frontera.
En segundo lugar, en estos cien días, brilló la luz de la anunciada “Paz total” del programa del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, así lo reseñó el Presidente: “Se sancionó la ley de la ‘Paz total’, con la cual, tendremos los instrumentos jurídicos para abrir procesos de negociación, unos de tipo político, ya empezó el del ELN, otros de tipo jurídico, como acogimiento a la justicia en el caso de bandas y organizaciones sin origen político en Colombia”. Ya se instaló la mesa de negociaciones en Caracas, con la novedad de la participación, como integrante de los negociadores del gobierno, del presidente de Fedegán, el uribista José Félix Lafaurie. Los grupos disidentes de las Farc, también han expresado su disposición a negociar y, más de diez bandas dedicadas al crimen y el narcotráfico, declararon cese unilateral del fuego, con la intención de acogerse a la justicia. Ya el gobierno designó los encargados de adelantar estos procesos.
De otra parte, el mandatario anunció que “se aprobó la reforma tributaria, segunda ley fundamental, que busca extraer de la economía, unos recursos que financien la justicia climática y la justicia social”. Dijo que, con esta reforma y el incremento obligado del precio de la gasolina “se eleva sustancialmente la capacidad de pago de los compromisos internacionales de Colombia, compromisos que se agravaron porque el país vivió un sobreendeudamiento en los años que acaban de pasar”. Deuda que crece con la inflación y el aumento del precio del dólar.
La reforma propuesta, que pretendía recaudar inicialmente 50 billones de pesos, recabados mediante la eliminación de los privilegios tributarios de empresarios y dueños de las grandes fortunas, la penalización de la evasión y la elusión, lo cual les obliga a tributar como les corresponde, fue el blanco central de ataque de los poderosos dueños del capital, del poder económico y mediático; los gremios y partidos de la extrema derecha dispuestos a defender sus fuentes de acumulación de riqueza, la tasa de ganancia, la corrupción y los privilegios tributarios, a través de sus monopolios mediáticos, lanzando una guerra de falsas noticias, descalificaciones académicas y tergiversaciones, contra la propuesta tributaria, para desvirtuarla y derrotarla o, reducirla a mínima expresión, guerra que fue acompañada de chantajes y negociaciones de trastienda.
En medio de esta campaña de infundios y descalificaciones, lograron un mega recorte de 30 billones de pesos; el propio Presidente anunció el retiro del impuesto a las escandalosas pensiones que devengan entre seis y ocho mil privilegiados/as en Colombia entre quienes se encuentran excongresistas, expresidentes, exministros, exmagistrados, exembajadores, exgerentes de empresas del Estado, etc., y la modificación a la tributación de los impuestos al carbón y al petróleo, la cual pasará a depender de los precios internacionales de estos recursos de la nación, explotados por empresas multinacionales. Pero quedó incluido en la reforma que no se deducirán del impuesto de renta las regalías que pagan las trasnacionales por la explotación de estos recursos que son bienes públicos, como se venía haciendo, lo cual dejó evidente, que en realidad no pagaban impuestos.
Con los 20 billones que se recaudarán, que son una suma importante, el gobierno tendrá que financiar el Plan Nacional de Desarrollo denominado Colombia potencia mundial de la vida, cuyo proyecto será debatido en el Congreso a comienzos del año próximo. El Presidente dijo que serán “recursos que financien la justicia climática y la justicia social”. Pero, al mismo tiempo, aclaró que, una buena parte de estos recaudos serán destinados al pago del servicio de la deuda externa, que el gobierno anterior dejó en la cuantiosa suma de US$176.000 millones de dólares, (57% del PIB) equivalentes a $900 billones de pesos, (45 reformas tributarias). Más de la mitad, de estos recursos, serán destinados para amortizar la impagable deuda externa; con lo cual, las inversiones para la justicia social y la justicia ambiental se verán reducidas. El año próximo deben ser amortizados $19.1 billones de pesos.
Ahora bien, hay que reconocer que la reforma, según el Director de la DIAN, contiene elementos de justicia tributaria progresiva, que el 1 % de la población con mayores ingresos tributará más, que no tributarán personas con ingresos inferiores a $10 millones mensuales, habrá una “baja de impuestos” a quienes tengan cuatro personas dependientes, quienes gozarán de una renta exenta de $1 millón, algunos productos ultra procesados, como el pan, no serán gravados con el impuesto saludable. Los milmillonarios evasores y elusores, si esta vez, dejan de pagar sumas que oscilan entre $40 y $80 billones cada año, serán sancionados penalmente. Por esa vía, señaló el director, Luis Carlos Reyes, “se llegará a los 50 billones de recaudo”, lo prometido en campaña. Pero, como reza el adagio en los mentideros jurídicos, “hecha la ley, hecha la trampa”, la probabilidad de que los re-ricos continúen enviando sus fortunas acumuladas a paraísos fiscales, sigue latente.
El cuarto evento sobresaliente, ha sido la realización de los 50 diálogos regionales vinculantes, en los cuales se estima que participaron más de 300.000 personas, para debatir y acordar propuestas comunes, que debieron ser acogidas por el gobierno e incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que será presentado en febrero próximo a consideración del Congreso. Por primera vez, se ha realizado un histórico ejercicio de democracia participativa, emulado de los presupuestos participativos que realizaron en las alcaldías de las municipalidades gobernadas por alcaldes del el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, y luego en todo el país durante los primeros gobiernos de Lula.
Otro hecho que marcará la historia, ha sido la radicación en el Congreso del “proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad”. Dicha igualdad “tiene que ver con los territorios, excluidos desde hace dos siglos, con la mujer, con los grupos étnicos ancestrales, con los LGBTIQ+, con las juventudes excluidas de Colombia Etc.”, recalcó Petro. Es el Ministerio que ejercerá Francia Márquez, quien, al frente de esta nueva cartera, asumirá la realización de políticas y acciones, con miras a superar la pobreza, las desigualdades, las inequidades, la exclusión de poblaciones vulnerables; es decir, la lucha por los/as nadies hasta lograr que “la dignidad se haga costumbre”, como ella reiteradamente enfatiza.
De otra parte, de gran significación, son las leyes aprobadas que prohíben el fracking, y la que aprobó el Acuerdo de Escazú “que es la ley fundamental, que le entrega poder a la ciudadanía para informarse, participar y para cuidarse en todo proyecto que tenga que ver con afectaciones al medio ambiente en el país”. Se trata de entregar poder a las comunidades para participar decisivamente en las políticas que afectan la vida del planeta y de la humanidad. Recobran autoridad las consultas previas, frente a las adjudicaciones corruptas de licencias ambientales, tan recurrentes en los gobiernos del uribato.
Otra realización de impacto político fue la adjudicación de 600 hectáreas de tierras fértiles, expropiadas al despojador uribista paramilitar, Carlos Castaño, a 50 familias campesinas, la titulación en tiempo récord de 681.372 hectáreas para campesinos, indígenas y afrodescendientes. El Presidente, hizo un audaz pacto con Fedegán, “se ha logrado un acuerdo para comprar tres millones de hectáreas, las más fértiles de esas tierras, usadas en ganadería extensiva, para entregarlas al campesinado”. Con esas acciones se ha dado inicio “a la reforma agraria y al cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz con las FARC”, señaló el Presidente. La sombra de la duda quedó con las declaraciones de la Ministra de Agricultura, al afirmar que en el cuatrienio “si alcanzamos a adjudicar 500.000 hectáreas, somos unos genios”; declaración que contradice lo afirmado por Gustavo Petro en la rueda de prensa. No se trata, de una reforma agraria integral y democrática, que colectivice la propiedad de la tierra y promueva el desarrollo agroecológico del campo.
El sistema de salud vigente, impuesto por la Ley 100, basado en el lucro, la intermediación financiera y la acumulación de capital, que funciona como modelo privado y asistencial, es decir, para curar la enfermedad y no para prevenirla, que ha sido fuente de corrupción, enriquecimiento ilícito y monopolio del capital financiero, nacional e internacional, que ha sometido a los y las pacientes al inicuo paseo de la muerte o, a interminables colas para obtener una cita de medicina general o especializada, recibir medicamentos, o hacerse una operación, debe ser reemplazado por un nuevo sistema público que elimine la intermediación financiera ejercida por las EPS o EAPB, que adopte un modelo basado en la promoción y la prevención de la salud, que además sea predictivo. Es decir, que garantice su territorialización y actúe sobre los determinantes sociales de la salud, el trabajo en la comunidad, con equipos de atención básica que fortalezcan la capacidad de resolución en el primer nivel de atención médica y cuente con un sistema de información epidemiológica clínica y financiera, que permita definir políticas públicas acordes con las necesidades de cada territorio, se afiance, recupere y fortalezca la red hospitalaria pública y articule la privada, que haga efectiva la garantía del derecho fundamental a la salud, gratuita universal de calidad y en condiciones de igualdad para todos, todas y todes.
En esta perspectiva se inscribe lo informado por el mandatario sobre los ya conformados “1000 equipos de salud, que serán 20.000, integrados por médicos y médicas, psicólogos y psicólogas, enfermeras y enfermeros, para ir en lanchas, avionetas, helicópteros, camiones etc., a buscar la enfermedad, intentar impedirla, o curarla en el momento en que se puede curar y no se vuelva mortal”.Y también la decisión tomada sobre las cerca de mil farmacias de la cadena Drogas La Rebaja que existen en el país, que pertenecían al clan de narcotraficantes de los Rodríguez Orejuela, que ahora pasaron a ser propiedad del Estado y sus trabajadores se convierten en empleados públicos del sector salud. Los mil locales de esa cadena, además de distribuir medicamentos, serán centros de atención en salud, medidas profundamente democráticas y de sentido social y popular.
Finalmente, son destacables, hechos como la iniciación de la transferencia de $500.000 mensuales a madres cabeza de familia con hijos menores de 18 años, que las sacarán de la línea de pobreza y de la pobreza monetaria fijada por el DANE y dejará para la historia de la infamia las limosnas ($80.000) que cada dos meses les entregaban los gobiernos anteriores. Igualmente, la destinación de dos billones de pesos para atender las calamidades de las familias, duramente golpeadas por la crisis invernal, recursos que serán entregados a las Juntas de Acción Comunal y administrados por comités de mujeres de cada lugar, para realizar ollas comunitarias en barrios y veredas afectadas. Dos programas que tienen un amplio sentido de democracia social, destinados a mitigar el hambre, combatir la desnutrición, proporcionar alimentación a la niñez y dignificar las mujeres cabeza de familia, que son más de un millón quinientas mil en el país.
Otras acciones, de las cuales solo mencionaremos algunas, son también relevantes y merecen se tratadas ampliamente, la despenalización del uso de la marihuana para adultos, la reducción de las tarifas de energía, la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta el 31 de diciembre, para que niños y niñas puedan consumir nutrientes en vacaciones, agua potable para La Guajira, 33.500 créditos nuevos a mujeres, por valor de $354.000 millones, otorgados por Finagro, las acciones comunales y los comités de mujeres barriales y veredales designados para ser el eje fundamental en la lucha contra el hambre, la condonación de la deuda con el Icetex a 6.000 jóvenes universitarios y de postgrado, así como la convocatoria reiterada del Presidente a la organización de los sectores sociales y populares, etc.
Nunca antes, gobierno alguno, había hecho tanto en tan poco tiempo, son acciones de ampliación de la democracia social, económica y política, que serán tan necesarias en el inmediato futuro, para dar la batalla por las reformas democráticas pendientes; entre ellas, la educativa, la de la salud, la laboral, la de la justicia y la reforma política.
*Miembro de la Red Socialista de Colombia.
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