POR ANDRÉS CHIRINOS /
Este es un relato esquemático de los procesos electorales para la Presidencia de la República del Perú desde que la Constitución de 1979 reconociera el derecho a votar a los indígenas. Hasta 1980 buena parte de la población indígena no tuvo derecho a votar ni a ser elegida por ser considerada analfabeta. Se contrasta el voto indígena y el del interior del país con el voto limeño. Asimismo se contrasta lo que distintos presidentes y gobiernos actuaron en relación a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Fueron varias elecciones y también muchas las traiciones.
La elección de 1980 es la primera tras la Reforma Agraria de 1970, reforma que implicó un cambio histórico de conquista de derechos para los pueblos indígenas del Perú. Desde entonces, surge la denominación oficial de “campesinos” como forma de rechazar la discriminación implícita en el término “indígena”, lo que ha llevado hasta el presente a cierta ambigüedad a la que el presente artículo no escapa. La población indígena-campesina andina votó mayoritariamente en 1980 por Fernando Belaúnde Terry. Tal vez por aquello de “el pueblo lo hizo” y su llamado a recuperar la tradición de “cooperación popular” que utilizó su partido Acción Popular.
Son también los años del inicio del terrorismo senderista, que al principio tuvo bases de apoyo entre algunos sectores de la población andina. La respuesta del gobierno fue enviar al Ejército a fines de 1982 causando el mayor número de “desapariciones” y las más graves violaciones a los derechos humanos de todo el Conflicto Armado Interno (CAI) entre 1983-1985, sin por ello derrotar a Sendero Luminoso (SL). El Ejército no distinguía entre senderistas y campesinos, toda la población –en muchos casos– era considerada como cómplice de SL y había que vencerla por medio del terror.
En 1985 triunfa Alan García Pérez en representación del APRA, quien se impuso ante el candidato de Izquierda Unida, el abogado laboralista Alfonso Barrantes, quien obtuvo una alta votación en el sur andino. Las matanzas indiscriminadas de población andina, acusada de colaborar con SL, continuaron. El APRA, a pesar de la promesa electoral de que respetaría los derechos humanos (DDHH), utilizó su mayoría parlamentaria para avalar las matanzas. Accomarca fue el caso más emblemático. Sin embargo, paralelamente las Fuerzas Armadas (FFAA), en un giro estratégico, empiezan a tratar de ganarse el apoyo de la población y SL comienza a perder sus bases de apoyo.
En 1990 y pese a todo el poder mediático de la campaña del escritor neoliberal Mario Vargas Llosa, el ingeniero agrónomo peruano-japonés Alberto Fujimori gana las elecciones. Fue una campaña electoral caracterizada por lo que se llamó el “boca a boca”, que tomó más fuerza en el sur andino. La población, sin hacer caso de los medios, se “pasaba la voz” y buscó un candidato que la representara mejor que la candidatura blanca y pituca del Frente Democrático (Fredemo). El ungido entonces fue Fujimori.
Las violaciones a los derechos humanos continuaron aunque se hicieron más selectivas. Por otro lado se fue afianzando la nueva estrategia de las FFAA que buscaba ganarse el apoyo de la población andina para derrotar a SL. La insania terrorista de SL también se acrecentó.
En 1992 el golpe de estado de Fujimori fue recibido con un mayoritario apoyo popular, harto del obstruccionismo del Congreso, a la vez que se ansiaba una política más firme para acabar con SL. La población no supo en su momento que el golpe tenía también otras motivaciones que supieron ocultar. En septiembre de ese año el grupo del GEIN de la Policía Nacional logra la captura de Abimael Guzmán, cabecilla de SL, marcando su posterior derrota.
Un nuevo Congreso redacta la Constitución de 1993 insertando la pena de muerte por el delito de traición a la patria. Coincidió que poco antes del referéndum de 1993 se estuvieron presentando, casi diariamente, a decenas de detenidos en los canales de televisión. Se les mostraba vestidos con traje a rayas y eran acusados de terroristas. Varias de las supuestas células de senderistas desarticuladas provenían de Puno y la mayor parte tenía apellidos indígenas. Años después muchos de los así presentados fueron indultados por el mismo Fujimori.
No resulta casual que poco antes del referéndum del 93 y con particular fuerza desde Puno partió un nuevo “boca a boca” que pasaba la voz advirtiendo que la pena de muerte se aplicaría a cualquier poblador andino que fuera acusado de terrorista; es decir, a “cualquiera de aspecto indígena” sin mayor fórmula de juicio o defensa. Se generó una corriente por el No, que en Puno alcanzó casi el 70% y se extendía a buena parte del interior del Perú, especialmente en el sur andino. Este “boca a boca” fue predominantemente indígena-campesino, a diferencia del de los años 90 que tuvo un componente provinciano radicado más en ciudades.
Se dijo que hubo fraude en el referéndum, pero en cualquier caso pareció muy probable que de haber demorado el referéndum unos días más, la corriente del “boca a boca” por el No habría llevado al rechazo de la Constitución del 93. En el sur andino se pensó en la amenaza a la vida a la hora de votar. Son también los años de desapariciones forzadas en La Cantuta y Barrios Altos en Lima.
En 1995 Fujimori vuelve a ganar ampliamente las elecciones presidenciales en primera vuelta, también con voto campesino. La pacificación dolorosamente alcanzada y mejoras en condiciones de vida y en la economía contribuyeron a ello. El Conflicto Armado Interno con SL, para 1994, estaba circunscrito a la zona del Huallaga donde también se le derrotó pocos años después. Lo mismo al grupo insurgente Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La población andina jugó un papel decisivo en derrotar a SL y el papel del gobierno de Fujimori en apoyarse de las rondas campesinas fue valorado positivamente en amplios sectores rurales.
Para el 2000 las cada vez mayores evidencias de corrupción del régimen de Fujimori y su cuestionado asesor presidencial Vladimiro Montesinos, así como evidencias de violación de derechos humanos fueron mellando la popularidad del mandatario que sin embargo se postuló para un tercer periodo presidencial enfrentando al candidato del partido Perú Posible, Alejandro Toledo, a quien derrota en una discutida elección. El fraude fujimorista se comprobó en la compra de medios de prensa y de congresistas. En la elección del 2000, la población del sur andino dividió su voto entre Fujimori y Toledo.
En el 2001 tras la caída de Fujimori gana Toledo, por amplio margen en el sur andino. Prometió un mayor desarrollo y utilizó su origen indígena. Sin embargo, la represión de protestas en Puno y una serie de proyectos mineros anticampesinos disminuyeron su apoyo en el sur andino, donde Toledo no volverá a ganar. Se publica el informe de la Comisión de la Verdad que es rechazado por la extrema derecha desde que se hizo público. Fueron los tímidos inicios de utilización de la acepción “terruqueo” (connotación peruana de ser afín a comportamientos o ideas terroristas, o de realizar apología del terrorismo)
En el 2006 gana la elección presidencial Alan García aunque en el sur andino gana Ollanta Humala. García promueve la venta de tierras indígenas en la Amazonía y el Congreso convierte esa enajenación en leyes, lo que causa una reacción indígena, que finalmente lleva al ‘Baguazo’ (masacre de Bagua), donde mueren 10 indígenas y pobladores y 24 policías. Las leyes fueron derogadas. Diez años después, en unas nuevas elecciones, Alan García apenas tuvo el 5 % de votos.
En el 2011 Ollanta Humala gana a Keiko Fujimori, que perdió la elección a pesar de la millonaria campaña de los medios que casi unánimemente la respaldaron. Nuevamente la población utilizó el “boca a boca” como arma electoral, así resistió el embate de la prensa manipulada. Ollanta ganó con la promesa de una Gran Transformación, posteriormente apodada la Gran Traición.
Una de las traiciones más claras del gobierno de Ollanta fue el intento de activar el proyecto minero Conga en Cajamarca, lo que contradecía la clara promesa hecha en la campaña electoral. Las protestas contra Conga en Cajamarca causaron al menos 8 muertos.
En 2016 es el ultraconservador Pedro Pablo Kuczynski (PPK) quien nuevamente gana a Keiko. Lo hizo con el voto mayoritario del sur andino que decidió así cerrar el paso a Keiko, que ya mostraba su rostro netamente anticampesino y sin contemplaciones con los derechos humanos de los indígenas. El Congreso es controlado por Keiko que lo utiliza para forzar la renuncia de Kuczynski primero y para vacar a Martín Vizcarra después. Pero fracasa y ocurre –más bien– el cierre del Congreso de mayoría fujimorista.
El nuevo Congreso elegido el 2020 resultó muy similar al que fue cerrado, aunque ya no tiene mayoría fujimorista. Fue un Congreso atomizado y controlado por mafias. Inventan acusaciones contra Vizcarra y lo tumban. Tras marchas en Lima con el resultado de dos asesinatos, asciende Francisco Sagasti. Los pueblos rurales andinos, aunque condenaron la actuación del Congreso no destacaron en su apoyo a Vizcarra, que fue más popular en Lima.
El 2021 marca la elección más polarizada desde la disputa entre Fujimori y Toledo. La parcialización de los medios de prensa masivos fue incluso más radical y el “terruqueo” contra los candidatos de izquierda emergió con una virulencia extrema, como si SL y el MRTA nunca hubieran sido derrotados. Incluso una matanza ocurrida en el valle del Vraem (localizado en el centro del país) fue utilizada con fines electorales por Keiko para atacar sin fundamento a Pedro Castillo Terrones.
Los “boca a boca” de los 90, del 2011 y del 2016 se reforzaron con los medios alternativos y redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp. La población resistió nuevamente las millonarias campañas de los medios de prensa masivos que unánimemente “terruqueban” a Castillo y apoyaban a Keiko.
En la segunda vuelta del 2021 se produjo la mayor movilización de votantes en la mayor parte de las regiones del interior del país donde con votos campesinos e indígenas Castillo ganaba con impresionantes porcentajes que llegaron hasta el 90 % en varias zonas geográficas del país. La victoria electoral supuso a su vez la defensa del voto, que llevó a campesinos indígenas a declarar y defender públicamente su actuación en las mesas de sufragio ante los intentos de la derecha por anular los votos rurales.
El gobierno de Castillo, con todos sus errores, fue un gobierno que se abrió a la participación de los pueblos del interior y no emprendió proyectos de explotación minera que eran rechazados por la población. Desde la perspectiva de respeto a los derechos humanos no tuvo actuaciones contra los campesinos. Por otro lado, el racismo de la mayoría congresal y las acusaciones constantes de la prensa manipulada no hacían más que fomentar el desconocimiento de la voluntad popular y la negación de facto del voto campesino-indígena.
El 5 de diciembre del 2022 las acusaciones emprendidas contra Dina Boluarte fueron archivadas por el Congreso, lo que presagiaba la alianza de ella con la extrema derecha. Dos días después, el 7 de diciembre, Boluarte asume la Presidencia de la República apoyada por un Congreso golpista, el Ejército y claro, la Embajada de Estados Unidos en Lima. La proclamación leída por Castillo para disolver el Congreso y gobernar por decreto fue utilizada para validar y dar apariencia de legalidad al golpe de Estado real realizado por el Congreso, que fue planificado y ejecutado progresivamente desde el mismo día de la victoria electoral de Castillo, en primera vuelta, el 5 de abril de 2021.
Castillo representa en la perspectiva aquí mostrada –que no pretende ser única– un raro ejemplo de lealtad con sus votantes, al no haberse aliado, como lo hizo Ollanta en el 2011, con quienes perdieron las elecciones, ni haber emprendido acciones contra los intereses campesinos y a favor de intereses de grupos económicos como los de la minería de Conga o Tía María. Dina Boluarte expresa lo contrario, la traición, al aliarse con quienes desde el Congreso, la combatieron por ser parte del equipo de Castillo.
La posición de Boluarte solo parece basada en su ambición personal de poder. Ahora, de manera oportunista, Boluarte protege a la extrema derecha que se dio cuenta que un gobierno directo desde el Congreso provocaría mayor rechazo de la población.
Dina Boluarte para lograr afirmarse en el poder ha empleado al Ejército y ha ordenado en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares la mayor represión y más cruel matanza que se recuerde desde los 90, causando una herida imborrable a la convivencia nacional, en nombre de una supuesta gobernabilidad que esconde el beneficio para las mafias de la extrema derecha. Para el 2022 ya no existía amenaza terrorista alguna que le sirviera de pretexto para matar como ocurría en los años 80 y 90. A pesar de ello, ella misma y con el concurso de los medios de prensa serviles inventó un “terrorismo” inexistente con el que han tratado de justificar las violaciones de derechos humanos cometidas.
El terrorismo real se ha perpetrado mediante las balas de rifles de guerra del Ejército azuzadas por una prensa cómplice o se ha querido tapar por las instituciones copadas por las fuerzas de la ultraderecha: Congreso y poder judicial. Hasta el día de hoy el gobierno sigue pretendiendo que el Ejército proteja cuando lo que ha hecho es desconocer la nacionalidad a los indígenas y pobladores masacrados, violando sus derechos humanos.
La población campesina e indígena peruana ha emprendido una movilización histórica, cuyos antecedentes más antiguos se remontan al levantamiento de Tupac Amaru. El hecho es que la Reforma Agraria de 1970 significó un ascenso lento pero constante en alcanzar ciudadanía. Interrumpido por las brutales violaciones de derechos humanos tanto de las FFAA como de las acciones terroristas de SL en el periodo del CAI.
En el periodo de paz tras la recuperación democrática se lograron mejoras, pero al mismo tiempo la marginación de los pueblos indígenas se ha mantenido constante en muchos aspectos, los políticos se negaron a tratar la problemática campesina e indígena y de manera sistemática, especialmente desde el Congreso, se han traicionado las promesas electorales.
Los pueblos campesinos e indígenas del Perú básicamente reclaman respeto a la vida, al derecho a decidir, a participar en la democracia con igualdad. A que se termine -de una vez por todas- una larga historia donde no son tratados como humanos. El Gobierno junto al Congreso, y otros poderes, solo vienen demostrando racismo y desprecio a la vida.
El apoyo a la causa indígena y campesina es hoy en día parte de la defensa de una democracia aplastada por oscuros y criminales intereses. Los pueblos indígenas enfrentan el 2023 un desafío histórico por alcanzar ciudadanía y democracia en el Perú.
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