POR ARMANDO PALAU ALDANA
En la puesta en escena sobre las revelaciones de conversaciones entre quienes fueran: la Jefe del Gabinete, el Embajador en Venezuela, la niñera y la empleada del servicio doméstico de la primera; en un acto más de estupidez el Fiscal General ha confesado “han vuelto las chuzadas”, lo cual convalida los hallazgos de la interceptación de comunicaciones en tiempos de Álvaro Uribe cuando fungió durante 8 años seguidos como Presidente de Colombia.
Para el Opus Dei la confesión consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote, para los católicos y los ortodoxos es uno de los siete sacramentos de la penitencia, también conocido como sacramento de la reconciliación, de la confesión, del perdón o de la curación. Según nuestra jurisprudencia es el reconocimiento como verdaderos, de hechos o actos de índole suficiente para producir contra el que lo admite consecuencias jurídicas.
El punto es que esas interceptaciones al parecer no provienen del gobierno nacional como pretende hacerlo creer el agente del ente acusador, sino que devienen de la misma Fiscalía y solo las obtiene la revista Semana, que se ha granjeado el rechazo generalizado de buena parte del país nacional, como llamaba Gaitán a la sociedad civil que conceptualizara Gramsci. Estas chuzadas pretenden generar con turbias encuestas una opinión pública adversa a Petro.
Pero el dirigente del Pacto Histórico y cabeza del Gobierno nacional ha acudido tácticamente al pueblo como constituyente primario, el que ha ratificado masivamente la movilización callejera como expresión del triunfo de su mayoritaria participación electoral de 11 millones 291 mil votos que reflejaron un 50.44 % versus el 47.3 1% del sustitutivo candidato del uribismo, hoy en día sentenciado por corrupción estatal.
Dice un adagio que “la voz del pueblo es la voz de Dios”, en este país mayoritariamente cristiano, siendo las multitudinarias marchas una expresión clara, contundente e inequívoca del respaldo a Petro como Presidente. Una innegable realidad que trata de distorsionar la gran prensa, la de los banqueros y grandes industriales, que ahora apela a su auto victimización para decir que el gobierno nacional pone en peligro la libertad de prensa, que debe ser veraz.
La conducta del Fiscal y su fracasada apertura de investigación penal en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, una atribución privativa de esta célula legislativa demuestra que urge una iniciativa popular que modifique el artículo 178 de la Constitución para crear una Corte para Aforados en la que participen por ejemplo las mesas directivas de las altas cortes (obviamente sin el Consejo Electoral) y con doble instancia.
Recordemos a quienes injustificadamente no asistieron a la fallida votación: representantes como Alirio Uribe, la señora Arizabaleta y Alejandro Ocampo (el congresista Baloto, más preocupado por darle luz verde a la compra, venta, distribución y comercialización del cannabis para uso adulto, en un desgastante acto legislativo, cuya realidad supera las prohibiciones normativas), para que un órgano jurisdiccional se ocupe de los aforados.
El escenario propicio para sacar avante esta necesaria reforma constitucional para aforados son las venideras elecciones regionales y locales del 29 de octubre repitiendo la séptima papeleta del 90, para que la voluntad del pueblo en ejercicio de su constitucional soberanía permita que se acabe con la impunidad de altos funcionarios y se encause la vigencia del Estado Social de Derecho bajo la égida de la vox populi.
Las confesiones de ese perverso uribato congregado en el oscurantista Opus Dei como un sacramento que les desborda, esas confesiones que demuestran la autoincriminación de sus pecados que busca penitencia, nos rememoran el tango Confesión (Santos Discépolo, 1931):
“¡Sol de mi vida!…/ fui un fracasao / y en mi caída / busqué dejarte a un lao, / porque te quise / tanto… ¡tanto!, / que al rodar, / para salvarte / solo supe / hacerme odiar”.
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