LA ROSA ROJA /
Desde Medellín diversas fuentes han venido informando en los últimos días sobre la grave situación de emergencia humanitaria que afecta a los resguardos indígenas que viven en las orillas de los ríos Murindó y Chageradó del municipio de Murindó, en el Atrato medio antioqueño.
De acuerdo a un comunicado de prensa de voceros de las poblaciones afectadas, por amenazas expresas del ELN la comunidad indígena Turriquitadó Alto, integrada por 48 familias, 168 personas del Pueblo Embera Eyábida, se vieron en la obligación de desplazarse hasta la comunidad Turriquitadó Llano, donde se encuentran refugiados desde el pasado 2 de marzo, en busca de salvaguardar sus vidas.
Esta grave situación de amedrentamiento de estas comunidades se viene registrando desde el año 2019 y se ha agudizado con el paso de los días, por las múltiples violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de actores armados al margen de la ley, que delinquen en esta zona del departamento de Antioquia y que se encuentran en una disputa territorial por controlar los territorios que fueron ocupados históricamente por las FARC.
El desplazamiento no es hacia el casco urbano del municipio, pues un mecanismo de resistencia de las comunidades indígenas es no abandonar sus tierras ancestrales, por lo que es al interior del mismo resguardo. La Organización Indígena de Antioquia (OIA), a través de su Sistema de Alertas tempranas, estableció además, que por la misma razón, estarían también en riesgo de desplazamiento, hacia la comunidad Isla, varios pobladores indígenas de Gorrojo (105 personas), Bachidubi (193 personas) y Coredó (172 personas).
Esta grave situación, como es obvio, pone en alto riesgo a las familias indígenas, ya que las mismas están sometidas a movilizarse en medio de campos minados, instalados por el ELN, desde el mes de enero.
Actualmente las 48 familias desplazadas, así como la comunidad receptora carecen de alimentos y agua potable. Se conoce además que en este mismo lugar hay mujeres gestantes, neonatales, así como niñas, niños y jóvenes que permanecen hacinados en medio de una guerra ajena y una pandemia, lo que podría generar una emergencia sanitaria en esta comunidad selvática.
Por esta razón, la Organización Indígena de Antioquia, en cabeza de su representante legal Amelicia Santacruz, solicita ayuda urgente a las instituciones competentes para que agilicen las entregas de alimentos y para que una misión médica pueda llegar hasta el lugar donde se encuentran las familias desplazadas.
No sólo están en riesgo estos pobladores sino el total de las 11 comunidades indígenas de ambos resguardos, por lo cual la OIA solicita de manera urgente una comisión de verificación interinstitucional de derechos humanos, para constatar los riesgos y el desplazamiento masivo que allí se estaría gestando.
Igualmente esta organización hizo un llamado a la Gobernación de Antioquia para que haya una mayor y más ágil respuesta de las instituciones comprometidas con las comunidades del Atrato medio
“Exigimos una vez más, la salida inmediata de los actores armados de nuestros resguardos, así como agilizar todos los trámites y la etapa de alistamiento para iniciar cuanto antes con el Plan Nacional de Desminado en territorios indígenas del Atrato Medio, Occidente y Bajo Cauca Antioqueño. ¡Queremos morir de Viejos!”, expresa el pronunciamiento de las comunidades afectadas.
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