POR OCTAVIO QUINTERO
“… Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas”. – Joan Manuel Serrat.
Los datos porcentuales y los eufemismos nos bloquean la sensación de sentir la cruda realidad. No es lo mismo decir que el 54,2% de la población colombiana vive en inseguridad alimentaria, a decir que 27 millones de personas viven al borde del hambre en un país que, como Colombia, cuenta, por demás, con un potencial de 40 millones de hectáreas aptas para producir alimentos. Y así en todo: las frías estadísticas y los tecnicismos académicos nos vuelven insensibles a las injusticias sociales que nos plagan.
Opera en el país el Banco de Alimentos (ABACO), una organización internacional basada en la solidaridad cristiana: “dar de comer al hambriento”… Y, está bien… Pero, en cierta forma, exime al gobierno nacional de la plena responsabilidad de garantizar a todo colombiano el derecho fundamental a una alimentación digna, nutritiva, suficiente y de calidad…
La Declaración Universal de los Derechos Humanos –Carta de la ONU—establece, en su artículo 25, el derecho fundamental a la alimentación, precepto reforzado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en su artículo 11.2, dispone:
“… Los Estados Parte en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán las medidas para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución equitativa de alimentos”.
No es, entonces, la vía de la caridad humana la más indicada para resolver el enorme problema que se nos representa en una fría estadística… Son 27 millones de personas: niños, niñas, jóvenes, adultos y viejos (mujeres y hombres) con hambre o al borde del hambre; y pueden ser más, si nos basamos en los ingresos familiares donde vemos que el 90% de los trabajadores, otra fría estadística en la que se oculta que, 21 millones de cabezas de hogar, mujeres y hombres, solo devengan entre 1 y 3 salarios mínimos, no suficientes para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos, incrementado hoy por la inflación.
En síntesis: si a los que trabajan no les alcanza la plata para una alimentación digna, nutritiva, suficiente y de calidad, ¿cómo harán los que no trabajan? Conclusión: ¡Colombia padece hambre!
Pero la reactivación económica va bien; ya casi alcanzamos el nivel del PIB de antes de la pandemia, aunque todavía estemos lejos de volver siquiera sobre el nivel de pobreza: ¡Qué maravilla! Los ricos vuelven a su riqueza y los pobres a su pobreza, o más. ¿Y, el gobierno?, bien, gracias, como se dice coloquialmente.
El Estado colombiano, aparte de no acatar la Carta de la ONU y el Pacto sobre los Derechos Económicos, en marzo del año pasado varios senadores progresistas presentaron un proyecto de acto legislativo reformatorio de la constitución, preceptuando, específicamente, “… el derecho fundamental a la alimentación y a no padecer hambre”. ¡Atérrense!: fue archivado.
Paradójicamente, Colombia ha convertido el desconocimiento de las normas nacionales e internacionales en norma del régimen imperante. El neoliberalismo ha conseguido en este país constituir, para los ricos, un Estado a su imagen y semejanza: arbitrario, injusto, anárquico y desigual.
A este deplorable estado hemos llegado desde que en 1990 se abrió el país al libre mercado y se comenzó a desmantelar el tenue tejido social, devolviendo la historia al viejo esquema de exportar bienes primarios e importar manufacturados. Es un contrasentido político que el presidente de entonces, César Gaviria, 32 años después, aún tenga vigencia entre electores que a duras penas llegan al final del día en medio de un sartal de adversidades económicas, sociales y culturales.
De vuelta al caso de los alimentos, Colombia era, más o menos, autosuficiente hasta 1990; hoy, importa 14 millones de toneladas para satisfacer la demanda nacional; y, en 10 años, “no habrá quien siembre comida porque los jóvenes de hoy no tienen en el sector agropecuario una visión de crecer y desarrollarse”, advierte un informe del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura de Colombia, publicado hace dos meses.
Así como hizo trizas el Acuerdo de Paz, que mucho tiene que ver en esto de producir alimentos para garantizar el derecho fundamental a no aguantar hambre, el actual gobierno hace trizas también la constitución nacional y el derecho internacional. Un cambio de régimen en Colombia, no solo es urgente sino un imperativo de justicia social; y, sin exageración, de supervivencia nacional.
Fin de folio.- Si el próximo gobierno no le mete la mano al crédito agropecuario, seguiremos aguantando hambre, parados en 40 millones de hectáreas aptas para producir comida. Las tasas de interés, sobre pequeños y medianos productores de alimentos son, sencillamente, confiscatorias.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
