CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA /
Luego de superar una evidente táctica dilatoria por parte de los sectores de derecha con fines golpistas, en la madrugada de este lunes 15 de enero logró tomar posesión el nuevo mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, junto con su compañera de fórmula, Karin Herrera Aguilar, en la Vicepresidencia de la República.
Las maniobras dilatorias del llamado “pacto de corruptos” en el Congreso saliente, desencadenó protestas en las calles y una declaración conjunta de jefes de Estado y altas autoridades de otros países presentes para el acto.
El acto de posesión se realizó tras la juramentación de los nuevos diputados. Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, fue elegido presidente del Congreso y procedió a tomarle el juramento al nuevo Presidente de Guatemala.
En su discurso, Arévalo destacó que el hecho de que asumiera finalmente el poder evidencia que la democracia guatemalteca tiene la capacidad “para resistir» a los intentos golpistas de la derecha, articulados por la Fiscalía y añadió que «mediante la unidad y la confianza» se puede «transformar el panorama político» del país.
En este contexto, agradeció la solidaridad de «las naciones hermanas» de Guatemala, cuyo apoyo calificó de «fundamental para el éxito de los esfuerzos emprendidos por la sociedad guatemalteca en defensa de sus instituciones democráticas y la preservación del estado de derecho».
Destacó que su país se ha enfrentado en los últimos meses a «complejas tensiones y desafíos que llevaron a muchos a pensar que estábamos destinados a un retroceso autoritario». Sin embargo, dijo, el pueblo guatemalteco ha demostrado su «sabiduría» y el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han protegido su «deseo soberano de vivir en democracia».
Fallido golpe de Estado
Tras meses de incertidumbre y enfrentando planes de conspiración de los sectores de derecha, Arévalo de León y Herrera asumieron como Presidente y Vicepresidenta de Guatemala, respectivamente, tras haber sido elegidos con un contundente 60 por ciento de los votos en la segunda vuelta de los comicios celebrada el 20 de agosto de 2023. Lo que debió ser un simple trámite protocolario se convirtió en una extenuante batalla contra el gobierno saliente del ultraderechista Alejandro Giammattei, representante de una camarilla mafiosa (bautizada “pacto de corruptos” por los ciudadanos) que montó un fallido golpe de Estado técnico para anular ese resultado.
Después de meses de persecución y uso descarado del aparato judicial para eliminar políticamente a Arévalo y su partido, Movimiento Semilla, el pasado domingo 14 de enero la élite político-criminal se atrincheró en el Congreso y retrasó por más de ocho horas el cambio de poderes.
Finalmente, el “pacto de corruptos” tuvo que rendirse a la evidencia de que el mandatario electo es arropado por cientos de miles de ciudadanos, dispuestos a encarar la violencia y las intimidaciones con tal de defender lo que hace un año parecía impensable: el arribo a la Presidencia de un personaje –y, ante todo, de un proyecto– sin vínculos con las mafias que han saqueado Guatemala y cuenta con la autoridad moral para emprender la lucha contra la impunidad.
Nadie espera que la tarea sea fácil. Arévalo recibe un país desgarrado por el más lacerante racismo, donde la mayoría indígena se encuentra excluida de la educación, del gobierno, de los medios de comunicación, de los puestos directivos; relegada a la agricultura de supervivencia, al comercio informal, a oficios y trabajos mal remunerados y al servicio doméstico de mestizos y blancos.
Se espera de él que transforme una sociedad donde la movilidad social está prácticamente cancelada y donde la clase dominante forma una casta cerrada que desconoce y desprecia la realidad del pueblo al que ha explotado por siglos.
Durante las multitudinarias manifestaciones contra los intentos de subvertir las elecciones pudo verse una imagen tan elocuente como estremecedora del abismo que separa al puñado de privilegiados del resto de sus compatriotas: los habitantes de los barrios más exclusivos apostaron guardias armados sobre los muros de los fraccionamientos por el temor de que sus hogares fueran invadidos por las chusmas.
La víspera de su investidura, el presidente Arévalo se dijo entusiasmado, que “estamos llegando al final de este proceso largo y tortuoso”. Sin embargo, sería más preciso decir que desde el domingo 14 comenzó el complicadísimo proceso para desmantelar el régimen oligárquico, dotar a Guatemala de una auténtica democracia, saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas y sentar las bases para el desarrollo económico de la nación.
Todo ello, en un contexto de violencia criminal desbocada, fanatismo religioso que torpedea cualquier avance en materia de derechos humanos de las minorías, debilidad extrema del aparato estatal, el cual fue reducido a un mero brazo represor por los gobiernos neoliberales, sector industrial débil, monopólico y retrasado, concentración extrema de la riqueza y recursos naturales devastados o entregados al capital financiero.
Si lo anterior no fuera un desafío formidable, el mandatario y el movimiento ciudadano que lo ha mantenido en pie tendrán que enfrentarse a la fracción de la oligarquía que intentó retener el Poder Ejecutivo hasta el último minuto y que no experimentará ningún escrúpulo en usar su músculo judicial, financiero y criminal para descarrilar la nueva primavera guatemalteca, incluso si su revanchismo implica arrasar con el país.
Ante esta misión tan titánica como urgente, es imperativo que el pueblo de Guatemala permanezca unido en defensa de su conquista histórica, que cierre filas en torno de su gobierno –el primero que puede sentir realmente suyo desde hace siete décadas– frente a la desestabilización y el golpeteo, y que se apreste a exigirle el cumplimiento de sus compromisos cuando flaquee en sus deberes o dé la espalda a los ciudadanos.
Por su parte, la comunidad internacional tiene que permanecer atenta al desarrollo de los acontecimientos en esta nación centroamericana, tanto para extenderle su solidaridad como para condenar toda tentativa sediciosa de los reaccionarios que se niegan a permitir el nacimiento de una patria incluyente, soberana y democrática.
