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Aunque la multinacional bananera ya fue sancionada en Estados Unidos país por sus nexos con grupos paramilitares en Colombia, es la primera vez que responderá en los estrados judiciales de cara a familiares de personas que fueron asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Se demoró 17 años, pero un grupo de víctimas logró lo que se consideraba imposible: la apertura hoy de un juicio civil en el que la bananera Chiquita Brands International podría ser obligada a reparar a las víctimas de paramilitares a los que pagaron una millonaria suma cuando operaron en el Urabá antioqueño.
Las primeras demandas se presentaron en 2007, entre ellas Doe (nombre clave dado por la justicia norteamericana a víctimas que quieren mantener anonimato) contra Chiquita, una demanda colectiva de alrededor de 3.000 víctimas, presentada por EarthRights International, organización no gubernamental que se especializa en temas de protección ambiental y derechos humanos, en coordinación con varios bufetes de abogados.
En 2008, un “panel judicial”, equivalente en Colombia a un tribunal de varios jueces, ordenó que varios casos se consolidaran en el Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en West Palm Beach.
Tres años después, la multinacional intentó que se desestimara el caso, alegando que debía juzgarse en Colombia y no en Estados Unidos. Esa solicitud fue rechazada en 2016 por la Corte Federal del Sur de la Florida.
En 2019, ese tribunal consideró que no existían evidencias suficientes de que las Auc hubieran asesinado a las víctimas de estos casos, tras excluir, erróneamente, según abogado de ellas, documentos del proceso de Justicia y Paz en Colombia. Cabe recordar que ese fue el mecanismo de justicia transicional que se creó en Colombia para juzgar a los desmovilizados de las Auc otorgándoles penas alternativas, a cambio de que confesaran sus crímenes y repararan a las víctimas que dejaron al estar en armas.
En 2022, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito revocó el fallo que excluía documentación de Justicia y Paz, determinando que había pruebas suficientes sobre la participación de los paramilitares en los asesinatos de los familiares de los demandantes.
Gracias a esa decisión, se logró la apertura del juicio, que tiene la característica de representar a una parte del universo de víctimas del caso Doe contra Chiquita, que reclaman justicia en tierras estadounidenses.
El Tribunal de Distrito Sur de la Florida seleccionó un grupo de casos bellwether, o representativos, para continuar el proceso. Los juicios tipo bellwether se utilizan a menudo en casos con un gran número de víctimas diferentes para orientar futuras resoluciones de todo el universo de demandas de las víctimas.
La selección de diez jurados, quienes tras escuchar los testimonios de las partes y analizar el acervo probatorio, y decidirán a favor o en contra de los demandantes, finalizó ayer.
El primer testigo de los demandantes será Fernando Aguirre, expresidente de Chiquita.
La historia de los aportes a las AUC
Que la multinacional Chiquita Brands haya financiado a grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño no es ningún secreto. De hecho, en marzo de 2007, un juzgado de Washington avaló un acuerdo al que la compañía llegó con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de dólares, tras reconocer que había hecho más de 100 pagos a la Auc por un total de 1,7 millones de dólares.
Ni un centavo de dólar de esa millonaria sanción fue destinado para reparar a las víctimas que dejó el paramilitarismo en esa región agroindustrial. En ese momento, la empresa señaló que fue obligada a pagar extorsiones y que lo hizo con el objetivo de proteger a sus empleados.
Sin embargo, documentos desclasificados por litigios ante juzgados de Estados Unidos del National Security Archive (NSA), un grupo de investigación no gubernamental con sede en Washington, dan cuenta de los entramados que tejieron varios directivos de la bananera para ocultar esos pagos a las Auc.
El 6 de enero de 2000, Robert Kistinger, cabeza de Banana Group de Chiquita, radicado en Cincinnati, Ohio, le dijo a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que conocía directamente sobre los pagos a los grupos armados. Esa declaración fue desclasificada por el NSA y en ella confesó que “no pararemos de hacer negocios en Colombia, porque, saben, tendremos que gastar un extra de US25.000. Eso no es realista. ¿Cierto?”.
Pero antes de hacerle pagos a paramilitares, Chiquita Brands hizo lo propio con las diferentes guerrillas que tenían presencia en Urabá y Magdalena. La situación cambió con la expansión paramilitar y en 1997, cunado directivos de la multinacional se reunieron con Carlos Castaño, jefe y vocero de las Auc.
Los pagos a grupos paramilitares se hicieron inicialmente a través de varias cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, creadas bajo el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994) y consolidadas bajo el mandato de Ernesto Samper (1994-1998), hasta que la Corte Constitucional, en 1997, declaró inexequible parte de la norma que les autorizaba la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
No obstante, una de ellas continuó activa, la Convivir Papagayo, como empresa de seguridad regulada y sin armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La investigación Los nuevos papeles de Chiquita Brands, realizada por el NSA y VerdadAbierta.com, da cuenta que, por medio de esa organización, se estableció un sofisticado mecanismo de pagos.
La estrategia fue creada y liderada por Raúl Hasbún, empresario bananero que se incorporó a las Auc como jefe del Frente Arlex Hurtado, unidad urbana que operó en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, ubicados en el Urabá antioqueño, y donde se concentra en un alto porcentaje las operaciones del banano.
De acuerdo con ese reportaje, Chiquita acordó aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de esa Convivir, deducidos de los pagos mensuales a los productores. Según cálculos de la Chiquita Brands, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares.
Ahora, más de tres mil víctimas de la violencia que los paramilitares desataron en la región del Urabá durante siete años, ven cómo se abre una oportunidad para encontrar la justicia y la reparación que les ha sido esquiva por más de dos décadas. Se espera que el juicio civil contra la multinacional que inició hoy dure seis semanas.
