POR HORACIO DUQUE /
Quedan pocos días para que el 29 de mayo se realice la votación que determine, en primera vuelta, el próximo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026.
El contexto de la campaña incorpora varios aspectos que conviene resaltar. En primer término, la sostenida favorabilidad (44%) del candidato Gustavo Petro en representación del Pacto Histórico, una coalición de movimientos políticos populares que se anotó una importante victoria en las votaciones del 13 de marzo para escoger los integrantes del poder legislativo, donde se ha conformado una bancada de más de 60 parlamentarios de talante progresista; otro factor es la guerra sucia orquestada por la ultraderecha para enlodar a Petro con supuestos indultos a criminales asociados con la corrupción y el paramilitarismo. Un tercer elemento es la consolidación y ascenso de la candidatura del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga (24%), en representación del campo de la ultraderecha con tintes fascistas y de sectores políticos provenientes de los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático (uribismo duro), Cambio radical (del exvicepresidente Germán Vargas Lleras) y cristianos, todos con una fuerte representación parlamentaria y defensores del statu quo.
También es preciso resaltar la permanencia de la candidatura del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández (13%), vocero de una liga contra la corrupción; y el declive de las opciones de derecha que se disfrazan de ‘centro’ como son las de Sergio Fajardo (6,3%) e Ingrid Betancourt 0.5%); así como la total irrelevancia de las propuestas de la ultraderecha falangista y de las iglesias protestantes, que terminaran por sumarse al candidato Gutiérrez.
Adicionalmente, el pasado lunes 2 de mayo se presentó un hecho extraordinario, de extrema gravedad, pero previsible en la política colombiana. El senador Gustavo Petro debió cancelar, por serias amenazas contra su vida, la intensa agenda de manifestaciones públicas en las tres capitales del Eje cafetero (Armenia, Pereira y Manizales); un territorio cuya población es hegemonizada por el discurso de la ultraderecha, la cual controla los aparatos gubernamentales locales, las redes policiales y militares y las telarañas de la mafia del narcotráfico y el sicariato, estructuradas alrededor de las bandas de ‘La Cordillera’ y de ‘Los Flacos’, conglomerados del neoparamilitarismo regional, asociadas al Clan del Golfo, en calidad de franquicias criminales.
Según el portal web Cuestión Pública que publicó el informe de seguridad en el que se advierte que está en ejecución un plan criminal para asesinar al candidato del Pacto Histórico, se habrían pagado 2.500 millones de pesos colombianos a las organizaciones delincuenciales.
En Colombia el magnicidio de líderes políticos opositores y de izquierda ha sido una práctica recurrente en las formas del ejercicio del poder de los clanes oligárquicos dominantes en la sociedad. Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitan, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, han caído asesinados por sicarios pagados por mafias muy poderosas de la política que han utilizado desde hachas, pistolas hasta ametralladoras para sacar del juego electoral a estos representantes de coaliciones opositoras y populares.
Hay que agregar que en las décadas recientes este procedimiento violento se ha sistematizado con la masacre recurrente, el exterminio de miles de líderes sociales y ambientales y la matanza de excombatientes guerrilleros que han negociado de buena fe con los gobiernos de turno.
De acuerdo con lo informado por la campaña de Petro, los esquemas de seguridad de la misma detectaron un plan para asesinarlo en una de las principales plazas públicas del Eje cafetero; acción que debían ejecutar pistoleros de ‘La Cordillera’ junto a ‘Los Flacos’ de Cartago (departamento del Valle), con abundantes conexiones con las camarillas políticas, policiales y del Ejército en la región. Un miembro de la Sijin (Dirección regional de la inteligencia de la Policía Nacional), que intervino en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa, es ficha clave en todo el plan contra Petro.
A esta operación criminal están además asociados varios gamonales de la politiquería electoral de la zona cafetera como ‘Toto’ en Armenia; los Merheg de Pereira, con amplio arraigo en zonas cocaleras; y Juan Pablo Gallo, el senador liberal de la cuerda del expresidente y padre del neoliberalismo en Colombia, César Gaviria Trujillo.
Gallo ha sido vinculado por la Fiscalía con un prominente jefe mafioso de Pereira, financiador de su pasada campaña electoral al Senado. Igualmente está comprometido el senador Mario Castaño de Manizales, vinculado al neoparamilitarismo del Magdalena Medio y a las redes de despojo del Estado con fraudes contractuales.
Demasiado delicado lo que acaba de ocurrir. Una advertencia muy seria que se debe asumir con toda la responsabilidad del caso. El senador Gustavo Petro, afirman tanto sus allegados en la campaña como sus seguidores, tiene que redoblar su seguridad, más aún cuando su trabajo ha sido titánico en los últimos 12 meses y por ello un poco más de calma en sus giras programadas para las próximas dos semanas.
La dirigencia como la militancia del Pacto Histórico coinciden en que es mejor que su candidato presidencial no se exponga y que no dé la oportunidad que está buscando la ultraderecha para liquidarlo físicamente, pues hay que tener muy presente que Colombia es un país de mafias muy mortíferas que son funcionales a la oligarquía que ha venido saqueando al país históricamente y se resiste a soltar el poder político.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
